Ha pasado de ser un rumor en el aire, otra más de las casi siempre efímeras modas norteamericanas en materia de gestión de las compañías, a convertirse en algo tangible y cada vez más arraigado en el panorama social, político y económico. Puede afirmarse que en España, a diferencia quizás del mundo anglosajón, no fue la búsqueda de nuevos métodos de liderazgo empresarial la responsable de haberle otorgado alas a la Responsabilidad Social Corporativa.
En el caso español, las motivaciones hay que buscarlas mucho más allá: en una voluntad unánime por despojar al Estado de su estatus de administrador único del gasto social y responsable primero de la contención de las desigualdades. Comienza así a defenderse la idea de que la contribución al bienestar, a la calidad de vida, a la lucha contra las desigualdades sociales y de género debe ser la meta de todos y cada uno de los agentes sociales, entre ellos, cómo no, las compañías que hasta entonces hacían suyas las tesis miltonianas y celebraban la búsqueda afanosa del puro beneficio económico. Desde unos comienzos más bien tímidos, jalonados de confusiones entre los términos “filantropía” y “responsabilidad social” y tras no pocas capas de barniz presuntamente responsable para adornar las campañas de comunicación, el sector privado parece haber tomado por fin las riendas de una RSC de segunda generación, más honesta y perfectamente integrada en el seno de las compañías.
La crisis económica y el hartazgo de una sociedad vapuleada por los desmanes de la clase política y un sector privado oportunista y despótico, han jugado también un papel esencial en la creciente importancia de las herramientas de gestión responsables. Cada vez son más las empresas que desean asumir plenamente su responsabilidad social (prácticas más honestas, transparencia en la gestión, respeto al medio ambiente, …) puesto que son más conscientes de que en la economía actual de mercado, la legitimidad para poder operar ha de venir concedida por todos aquellos agentes o grupos de interés con los que se relaciona la organización.
A pesar de todo, las fases por las que ha pasado la RSC hasta llegar a su actual situación de aprehensión global en España, no ha diferido demasiado de su trayectoria en el resto del mundo. Tras una primera fase de escepticismo e incluso rechazo, se pasó a la asunción por un cierto número de empresas que actuaron como motor de sus primeros pasos, hasta llegar a una mayor involucración y toma de conciencia.
En el ámbito español, en el marco de la Unión Europea (UE), la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas define la RSC como el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa que centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés y que va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Durante los últimos años España ha sido testigo de la proliferación de numerosas iniciativas-la mayor parte de índole privada- que ponen el acento sobre todo en los ámbitos de normalización y certificación.
Tales son los casos de las normas de gestión ética gestadas en el seno de Forética (Foro para la evaluación de la gestión ética), el “Código de Gobierno de la empresa sostenible” de Fundación Entorno, IESE y PricewaterhouseCoopers o la norma UNE del Comité Técnico de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
También Forética ha creado un modelo documental, Sistema de la Gestión Ética (SGE), que, a su vez, se organiza en series de normas, según su aplicación. La serie 20 se refiere a la Certificación de Empresas y la norma SGE 21 está orientada a introducir valores éticos en la empresa. Cada norma se articula en ocho áreas de gestión, aplicando criterios éticos adecuados a cada una. El proceso se inicia con la sensibilización, formación, y continúa con la implantación y evaluación. Además, si se desea la demostración, Forética extiende un certificado basado en la auditoría de una certificadora acreditada, que confiere el derecho a usar la marca de “gestión ética.” Por su parte, AENOR ha elaborado la que en su día se presentó como la primera norma oficial de RSC en España, fruto des esfuerzo de representantes sindicales, de la administración pública, de la empresa, del mundo académico y de diversas organizaciones y fundaciones civiles.
Asimismo, existen varias entidades independientes que se encargan de evaluar el comportamiento socialmente responsable de la empresa y ofrecen información y servicios sobre su base de datos de empresas españolas analizadas. Tal es el caso de la Fundación Economistas sin Fronteras, el Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Ecología y Desarrollo, socio español del SIRI Group.
Conviene también señalar el creciente número de empresas españolas que se han adherido últimamente al Pacto Mundial de la ONU sobre Responsabilidad. Un buen número de las compañías que lo engloban, han firmado además el pasado mes de julio un documento desarrollado por UNEP y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) a favor de la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático. Además, el Pacto Mundial cuenta también con la presencia de la patronal CEOE, los sindicatos CCOO y UGT, varias universidades, ONGs y fundaciones sin ánimo de lucro. Las empresas adheridas a él, en el ámbito de los derechos humanos deben apoyar y respetar su protección y evitar verse involucradas en abusos a los mismos. En cuanto a las reglas laborales, las corporaciones han de respetar la libertad de asociación y reconocer la negociación colectiva; comprometerse a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; la abolición del trabajo infantil; y erradicar cualquier forma de discriminación respecto al empleo. Por último, en materia de Medio Ambiente, las empresas deben apoyar criterios de precaución sobre los problemas medioambientales; adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; y alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el entorno natural.
LOS TÍMIDOS INTENTOS DEL SECTOR PÚBLICO
Siguiendo la estela de otros países, también los grupos políticos están comenzando a tomar una tímida consciencia de la necesidad de ordenar sus debates en torno a la Responsabilidad Social. El debate político acerca de la RSE en España se inicia a partir de la publicación del Libro Verde Europeo sobre RSE publicado a raíz de la Cumbre de Primavera de Lisboa en el año 2000, pero quizás el verdadero pistoletazo de salida pueda situarse en diciembre de 2002, cuando se aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a la Creación, en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de una Comisión Técnica de Expertos, con la finalidad de elaborar un informe sobre la Responsabilidad Social de la Empresa para evaluar y garantizar la eficacia y oportunidad de los elementos que la integran. Posteriormente, A finales de 2004 se constituye una subcomisión parlamentaria para el estudio de la RSE en nuestro país.
Esta subcomisión ha desarrollado su labor desde febrero de 2005 hasta septiembre de 2006; ínterin en el que ha recibido 59 comparecencias de todo el mundo socio-laboral y socio-económico español: empresas, sindicatos, ecologistas, consumidores, medios de comunicación, expertos universitarios y por supuesto, administraciones autonómicas y del Gobierno del Estado. El resultado de la subcomisión ha sido la aprobación de un Libro Blanco con la colaboración de dos entidades privadas, una ONG (ECODES) y la Escuela de Negocios ESADE.
Una de las particularidades de este documento radica en su constatación firme del carácter voluntario de la RSC, en contraposición con las últimas corrientes de opinión lideradas por Naciones Unidas. El Libro Blanco afirma, no obstante, que las “Políticas de fomento” son necesarias porque la RSC favorece la competitividad global sostenible de las empresas y porque favorece la cohesión social. Se posiciona también a favor de que la función interventora respete el carácter voluntario de la RSC, garantizando no obstante reglas claras y transparentes para asegurar la competencia leal. Asimismo, resalta la importancia de las iniciativas internacionales promovidas por organismos como la OCDE, Naciones Unidas o la Unión Europea.
EL SECTOR PRIVADO, CAMINANDO HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA RSC
Son múltiples los estudios e informes que avalan el auge creciente de la RSC en el sector empresarial español. Uno de los más recientes, de este mismo mes, es el de la Fundación Alternativas sobre Responsabilidad Social Corporativa en España que vaticina un auge moderado pero sostenido de la RSC en España. Este informe hace alusión al turismo, el transporte aéreo, los medios de comunicación y las pymes como sectores que han incorporado recientemente políticas de RSC. Expertos como el director de Servicios de Responsabilidad Social Corporativa de KPMG, José Luis Blasco, se han pronunciado al respecto afirmando que los responsables de estos departamentos «deben descifrar el modo de aportar más valor a sus organizaciones». «La RSC es real y creíble cuando los asuntos materiales están claros y los compromisos son transparentes y medibles», añade el experto que también reclama «menos cuentos y más cuentas». A su vez, el presidente de Fundación Alternativas, José Manuel Eguiagaray, recomienda a las compañías incorporar cuestiones relacionadas con los incentivos y la retribución variable.
Entre los aspectos a considerar por las empresas españolas en materia de RSC suelen considerarse como prioritarios el buen gobierno, la ética y la integridad, así como la prevención de la corrupción, la protección del entorno natural y la biodiversidad, y la calidad del empleo. En esta línea, aquellos aspectos en los que se percibe una mejora sustancial están relacionados con el cambio climático, la igualdad de oportunidades, el empleo y la exclusión social; mientras que las áreas de mejora abarcan cuestiones como el compromiso social, la corrupción, la inmigración, la deslocalización, el compromiso con la cadena de suministro y la I+D+i.
Debe destacarse también, que a pesar de la crisis económica y la sensación de desaliento que cunde entre la población, todas las encuestas apuntan a que las empresas españolas no han perdido la confianza de los ciudadanos, que consideran que son más responsables que hace cinco años, aunque bien es cierto que existe una mayor predisposición a castigar a las que no lo hacen bien. Estas demostraciones de confianza y buena voluntad social no pueden dejar de considerarse sorprendentes si tenemos en cuenta que ninguna de las memorias de las compañías de las Ibex 35, excepto Criteria, cuenta con un capítulo específico relativo al impacto de la crisis económica. Sin embargo, más de la mitad de las empresas del Ibex 35 (un 57%) poseen departamentos de responsabilidad social, creados en su mayoría en los cuatro últimos años.
Pero la RSC en el seno de las compañías no sólo se hace fuerte de cara a sus stakeholders externos; también en el seno de las empresas es cada vez más valorada y reconocida. Según datos recogidos teniendo en cuenta una visión global de los últimos-y múltiples-estudios al respecto, puede afirmarse que casi el 90% de los CEO valoran muy positivamente la influencia de la RSC en la reputación corporativa, y casi la totalidad de las empresas que la aplican encuentran en ella beneficios tanto tangibles como intangibles.
Además del sector privado, en el desarrollo de la RSE juegan un importante papel las ONGs, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones de consumidores y la formación universitaria. Es también importante la necesidad de extender la RSC a las pymes, las grandes escépticas que todavía no la ha acogido-aunque en ocasiones por razones ajenas a su voluntad-con los brazos abiertos.
