El lunes 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, un grupo de organizaciones defensoras de estos derechos y redes globales de ciudadanos lanzaron un sitio web (www.rightingfinance.org) dedicado a la relación entre las normas que regulan (o no) a las finanzas y las leyes y tratados internacionales que defienden la dignidad humana.
La quiebra de la banca de inversión Lehman Brothers en setiembre de 2008 desencadenó una crisis financiera en Estados Unidos que pronto se convirtió en crisis de la economía globalizada, con efectos que aún se sienten en todo el planeta de diversas maneras. Muchos estudios han documentado cómo esta crisis generó desempleo a nivel mundial, aumentó la pobreza y se descargó sobre las mujeres al aumentar la violencia doméstica y las tareas en el cuidado de niños, ancianos y enfermos, para compensar el recorte de los presupuestos gubernamentales de educación y salud.
“Y sin embargo la regulación financiera es tratada como si los derechos humanos no fueran parte de la discusión”, explicó el economista argentino Aldo Caliari, investigador del Center of Concern de Washington y coordinador de “Esto es lo que nos proponemos cambiar”, una campaña por vincular finanzas y derechos humanos apoyada, además, por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Civicus, la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el grupo de feministas del Sur DAWN, el Insttuto Brasileño de Análisis Social y Económico (Ibase), Social Watch y el Centro Noruego de Derechos Humanos.
La preocupación por el impacto sobre los derechos humanos de la crisis y las consiguientes políticas económicas llamadas “de austeridad” ya había llevado en junio pasado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a dirigirse a los gobiernos a través del poco usual expediente -para un organismo de las Naciones Unidas- de una “carta abierta”. En ella se reconoce que las decisiones en tiempos de crisis son “siempre difíciles y complejas” y “a veces dolorosas”, pero “deben evitarse aquellas que nieguen o restrinjan los derechos económicos, sociales y culturales”, ya que esto sería violatorio de las normas internacionales de derechos humanos y, además, “pueden conducir a inseguridad social e inestabilidad política”.
Pero como sabe cualquier niño lector de cuentos de hadas, es mucho más fácil soltar al genio de su encierro en la botella que hacerlo volver a ella luego.
Las dos medidas principales que resultaron en el caos financiero mundial actual fueron el libre flujo internacional de capitales y la eliminación de la distinción entre banca de servicios al público (ahorros, cheques, hipotecas) y banca de inversión. Esto permitió a los financistas apostar con el dinero de otros y esconder ganancias en paraísos fiscales. La “banca sombra”, o sea todas las actividades financieras no cubiertas por las reglas que rigen a los bancos, como los fondos de cobertura (hedge funds) y los “vehículos estructurados de inversión”, ha crecido hasta los sesenta y siete billones (millones de millones) de dólares a fines de 2011, según un informe publicado a fines de noviembre pasado por la Junta de Estabilidad Financiera, un grupo de trabajo creado por el G-20. Esta suma es mayor que el capital total de todos los bancos centrales del mundo, los fondos de inversión y los fondos de pensión combinados.
La “banca sombra” es en gran medida un activo no declarado de los bancos de inversión y buena parte de este dinero está resguardado por las normas de secreto de los paraísos fiscales. Este dinero está colocado a corto plazo y las instituciones que lo manejan pueden quebrar fácilmente, ya que no tienen la supervisión de los bancos centrales y por tanto tampoco su protección. Esto ocasiona inseguridad y una gran tendencia a las “corridas” debidas a pánicos fundados o infundados.
Esta volatilidad fue uno de los factores que precipitó la crisis del 2008 y la Junta de Estabilidad Financiera ahora sugiere una larga lista de medidas de control, que las hagan funcionar de manera similar a los bancos y permita su inspección por los bancos centrales. Sin embargo, de poco sirve que las autoridades nacionales tapen la botella si en el otro extremo la banca offshore, fuera de la jurisdicción de cualquier país o autoridad impositiva, brinda una salida fácil.
Estados Unidos ejemplifica esta paradoja, con sus recientes medidas que obligan a la banca extranjera que quiera operar en su territorio a brindar información sobre los activos de ciudadanos estadounidenses, al mismo tiempo que protegen el secreto de los depósitos de extranjeros no residentes en bancos del país.
Esto es inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos, que no solo son universales, sino también extraterritoriales, o sea, que los gobiernos son responsables de proteger los de sus ciudadanos y, además, de asegurar que no sean violados en otras partes del mundo por causa de sus acciones u omisiones.
Fuente: Agenda Global
