En México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una reducción significativa en el binomio ISR-IETU. 2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios al consumo de electricidad para redireccionarlos hacia el financiamiento de las fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la finalidad de aprovecharlas con eficiencia. 3) Eliminar o transformar los subsidios al campo que otorgan la Sagarpa y la Sedesol que promueven la deforestación, como Procampo, Progan y Oportunidades. 4) Abrir Pemex a la inversión privada para abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y 5)Reformar profundamente el modelo del Infonavit de desarrollo urbano que induce la expansión caótica exourbana de las ciudades y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de emisiones.
Son cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida de gobierno, esencial para fortalecer la competitividad de la economía mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el derecho a la ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda, educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente diversificados y de baja intensidad de carbono.
Hacerlo requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los artículos 27 y 28 constitucionales y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a las reglas de operación (que son simples decretos presidenciales) de Procampo, Progan y Oportunidades), en la legislación de vivienda y del Infonavit (y probablemente en el Artículo 115 constitucional) y en la legislación reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de políticas en el ámbito fiscal, energía, desarrollo rural y de desarrollo urbano y vivienda.
Siendo serios, no puede pensarse que una posible ley de cambio climático como la que actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP-17) en Durban pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho menos si ni siquiera se lo propone y sólo transcurre en declaraciones reiterativas y bonachonas y en preceptos cuya motivación es crear nuevos mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas y supuestos mercados).
No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente importante, legitima la inacción y pinta de ingenuidad a las políticas climáticas.
Puede percibirse también un aroma de hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos la justifican con la jeremiada de que así México va a captar dineros extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones internacionales, el llamado Fondo Verde, que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes en que se han convertido las cumbres de cambio climático.
La verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a Mozambique, a Nepal o Haití, si extiende una mano mendicante a otros países y a entidades multilaterales. Sobre todo cuando nuestro gobierno despilfarra anualmente más de 20,000 millones de dólares del presupuesto federal en subsidiar el derroche energético y la deforestación.
Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP-15) y Cancún (COP-16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio climático a partir del 2012. Vaya desfachatez.
Fuente: Eleconomista.com.mx
Por: Gabriel Quadri.
Publicada: 2 de diciembre de 2011.
