Ayer celebró la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el «Día de la Competencia». Sin lugar a dudas, la Cofeco hace un esfuerzo mediático en estos eventos, y la apertura gubernamental es bienvenida. Pero el tema central es que las acciones de la Cofeco, así como las de otras dependencias gubernamentales, no están logrando que los ciudadanos mexicanos tengan mejores servicios a menores costos.
Excusas hay muchas: litigios interminables, reformas legislativas pendientes, falta de presupuestos, etc. Pero la realidad es que el ciudadano mexicano es quien paga altos costos por las ineficiencias del mercado y la no actuación de las autoridades. Basta con señalar tres ejemplos:
1.- Telecomunicaciones: en ningún otro lugar del mundo existe una alta concentración en telefonía fija y móvil como acontece en México. La misma empresa, Telcel-Telmex, tiene el 87 por ciento de las líneas de telefonía fija y el 70 por ciento de la telefonía móvil. En los Estados Unidos, actualmente, hay todo un debate antimonopólico por el hecho de que AT&T pretende comprar, por 39 billones de dólares, a T-Mobile, uno de sus competidores. Esta unión apenas les daría 40 por ciento del mercado de la telefonía móvil en Estados Unidos. Quedando dos competidores, Verizon y Sprint.
Pero en México, con una dominancia tan elevada y luego de años de litigios, Cofeco-Cofetel aún no han dictado la regulación asimétrica que se amerita. De igual forma, le han puesto el «dulce» a Telcel-Telmex, desde 2006, de que preste servicios de televisión cumpliendo tres condiciones: portabilidad, interconexión e interoperabilidad.
La portabilidad (el poder cambiar tu número telefónico a otra empresa) se pensaba que se estaba cumpliendo, hasta que la semana pasada el Comité Técnico de Portabilidad envió el oficio 01/11 dados reiterados incumplimientos.
Respecto de la interconexión y la interoperabilidad (la comunicación física y técnica entre operadores) hay una enorme resistencia a permitir que bajen las tarifas. Apenas hace unas semanas, la Cofetel ordenó reducir la tarifa que ofrece Telcel en más de un 60 por ciento. Lo que traería un beneficio directo a millones de consumidores mexicanos. Pero esta empresa ya recurrió a los tribunales. La Suprema Corte estaría por resolver si es válido que jueces otorguen «suspensiones» a órdenes de la autoridad cuando, como en la interconexión, pareciera que son un tema de interés público y habría que privilegiar que los consumidores no sean afectados por los litigios entre empresas.
De tal suerte que en telecomunicaciones la autoridad ha avanzado a un paso lento y muchas veces descoordinado que nos ha ocasionado ser uno de los países con las tarifas telefónicas más elevadas, calidad mediana y cobertura escasa. Sobre todo ha dejado sin una competencia real a las telecomunicaciones.
2.- Televisión Concesionada: una buena medida gubernamental fue acelerar el apagón a la TV analógica y avanzar la TV digital. No sólo mejoraría la calidad, sino que permitiría hubiese más concesiones de televisión disponibles a efecto de ahondar la pluralidad. Sin embargo, el Decreto fue lanzado directamente por el Presidente en lugar de que lo hiciera el regulador especializado, la Cofetel, con lo que el Congreso tiene el asunto atorado en la Suprema Corte. Claro está que el decreto tenía un sesgo electoral y adolecía de elementos técnicos relevantes. El punto es que son ocho meses desde que el Presidente emitió el Decreto y no logran destrabar o rehacer las cosas para avanzar en materia televisiva.
3.- Televisión Pública: una buena idea era fortalecer y ampliar la cobertura de los medios públicos. Llamó la atención que el darles mayor cobertura territorial no fuera a través de darles más estaciones directamente a ellos. En su lugar, el Gobierno se autootorgó -vía la Secretaría de Gobernación- una veintena de estaciones de TV. No ha pasado un año de la entrega de estas estaciones y quien encabezaba el área de TV en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Ordoño, renunció al cargo. Y, aún peor, quien dirigiría el megaproyecto gubernamental de TV pública desde el Canal 11, Fernando Sariñana, también renunció recientemente para incorporarse a su competencia, TV Azteca, dejando acéfalo el megaproyecto gubernamental. Pero además se fue dejando una investigación gubernamental por la comercialización ilegal del Canal 11, la misma que podría ocasionar la revocación del canal politécnico.
En síntesis, la actual Administración ha tenido buenas ideas pero en la concreción ha fallado. Sin lugar a dudas, los funcionarios públicos no contaron con instrucciones precisas o fueron errados al aterrizar sus proyectos. Pero esto ha dado lugar a innumerables litigios, conflictos entre empresas y sobre todo ha dejado relegados a millones de ciudadanos. Se ve complicado en lo que resta de la Administración calderonista que se retome el rumbo, pero sería deseable, dado que en 2 años de gobierno mucho se puede hacer.
Javier Tejado es fundador y consejero del IDET y director de Información de Televisa. Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión de las instituciones.
Fuente: Reforma, Negocios, p. 4.
Columnista: Javier Tejado Dondé (Espectro).
Publicada: 5 de abril de 2011.
