La corrupción en México suele quedar impune. Ahí están los datos para probarlo: de 459 denuncias penales presentadas por la (ASF) entre 1998 y 2012, sólo siete terminaron consignadas por la PGR.
«Como si fuéramos Suecia o Noruega, ¿no? Los países con menor grado de corrupción», dice María Amparo Casar, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). «Hay una permisividad gubernamental muy fuerte».
Por ello, no basta con transparentar la información y fiscalizar el uso de recursos públicos. Hay que dotar a las instituciones de la capacidad de sancionar. «Si no investigamos y no sancionamos, eso lleva a la impunidad», dice Jorge García Villalobos, socio líder de Investigación Forense de la consultora Deloitte.
Las leyes deberán asegurar que las instituciones tengan más ‘dientes’.
Las reformas incluyen algunas medidas en ese sentido. Por ejemplo, el organismo encargado de la transparencia, el INAI, tendrá instrumentos de apremio para obligar a las entidades públicas a difundir su información. Si se niegan, podrá imponerles multas económicas. Pero si destruyen datos o cometen otras faltas graves, no tendrá la capacidad directa de sancionar.
«Evidentemente, al INAI le gustaría tener una posición más proactiva en esto de sanciones, pero por lo que se advierte en la reforma constitucional parece que no, porque la reforma ya dice que le tocará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa», dice Pablo Francisco Muñoz, director general de Asuntos Jurídicos del INA!. El papel que ellos jugarán, añade, está por definir. «Todavía estamos a la expectativa, pero esperemos que, como va por buen camino, efectivamente haya el mecanismo para que podamos asegurar el cumplimiento».
La ASF tampoco impondrá sanciones directas, explica su titular, Juan Manuel Portal. «El objetivo de la fiscalización superior no es, per se, imponer sanciones a los servidores públicos y contar con dientes para hacerlo -dice-. (…) Las acciones que emite la ASF son recomendaciones al desempeño, solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones». Sin embargo, esta institución -que hasta ahora enviaba sus observaciones a la Secretaría de la Función Pública- podrá empezar a promover acciones ante el tribunal de justicia.
El gobierno explica que la capacidad de sancionar no puede estar en estos organismos anticorrupción, porque es responsabilidad de la justicia. «A veces, se oye muy bien políticamente algo que constitucionalmente es inaceptable», dice un vocero.
Esto, aunque lógico, es un riesgo, según algunos expertos. «La ASF trabaja bien, pero una vez que (el caso) llega a la Función Pública, que es la que sanciona administrativamente, o a la PGR, que es la que sanciona penalmente, ahí es donde se da mayor grado de impunidad», dice Óscar Arredondo, investigador encargado del proyecto anticorrupción de Fundar, un centro de análisis de políticas públicas. «Sería muy bueno que la próxima ASF pudiera poner, si no sanciones, por lo menos que esté pegado a las instancias sancionatorias y pueda impugnar sus resoluciones».
Fuente: Dientes contra la mordida. Expansión. Año XLVI, n° 1174, septiembre 2015, p. 109.
