Por Leopoldo Lara
Hace diez años en México se legisló en el ámbito federal, sobre la participación organizada de los ciudadanos en las actividades públicas de beneficio colectivo.
Justamente en febrero de 2004, se publicó la “Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil” en donde se reconoce que las asociaciones civiles llevan a cabo acciones de interés público y que por ello tienen derecho a ejercer el presupuesto público a través de distintas vías, como los proyectos en coinversión.
¿Qué ha sucedido hasta la fecha?
En México, según el estudio “Fortalecimiento de la ciudadanía organizada: Diagnóstico y reformas para un ambiente propicio en México” existen alrededor de 22 mil organizaciones de la sociedad civil que han llevado a cabo acciones legales dentro de la ley de fomento, como la obtención de su clave única (cluni) o el estatus de donataria autorizada, que les permite tener acceso a fondos públicos y privados respectivamente.
La cifra quizá no represente mucho, salvo al compararla con las 83 mil de Chile (con apenas 17 millones de habitantes, siete veces menos que México); las 110 mil de Perú; las 135 mil de Colombia; las 200 mil de Brasil o de plano las más de un millón de OSC que están registradas en Estados Unidos.
Además de haberse registrado, estas organizaciones mexicanas han accedido a fondos públicos por más de 27 mil millones de pesos en los últimos seis años y siendo conservadores a más de 120 mil millones de pesos de fondos privados en el mismo periodo, según reportes al SAT de las OSC con estatus de donatarias autorizadas.
A pesar de que esos fondos suenan muy elevados, en la realidad son muy reducidos, ya que por lo que hace a los fondos públicos por ejemplo, apenas representan el 2% de lo que el Gobierno Federal destina a programas para combatir la pobreza.
Si tomamos en cuenta que las Organizaciones de la Sociedad Civil son vistas en otros países como “socios naturales de cualquier gobierno que busca combatir y prevenir la corrupción, proteger los derechos humanos, promover el bienestar social, proveer de servicios públicos a los grupos de la población vulnerable, renovar el entorno urbano y prevenir la violencia, entre otros” entonces queda claro que en México, con ese porcentaje del presupuesto público asignado a las OSC para la ejecución de sus proyectos, no estamos aprovechando la riqueza de capital humano y social que podríamos impulsar como en otros países del mundo y de Latinoamérica con más éxito en el desarrollo social.
¿Qué sucede en México?
La escasa cultura de participación ciudadana, el paternalismo y las políticas clientelares de los gobiernos y los partidos políticos, han inhibido que la sociedad civil se organice y logre cumplir con el papel de una verdadera ciudadanía activa para el mejoramiento de su entorno.
A través de un contexto adverso para constituirse, de una regulación fiscal sin alicientes y de un esquema burocrático denso, las aspiraciones de muchos y muchas por organizarse y generar acciones de beneficio colectivo se quedan en eso, sólo aspiraciones.
La ley que este mes celebra su décimo aniversario, fue producto de una intensa lucha de algunas asociaciones activistas que intentaron mejorar las condiciones legales y romper con ese contexto adverso. Fue gracias a su incidencia (llámesele también insistencia o terquedad), como se logró que todos los candidatos a la presidencia de la República en la elección de 2000 se comprometieran a impulsarla. Hoy siguen siendo esos colectivos los que empujan por mejorar las condiciones para el futuro inmediato.
Se han dado pasos importantes, no hay duda, pero aún queda un camino larguísimo por recorrer para lograr que más ciudadanos y ciudadanas participen corresponsablemente en su comunidad.
Actualmente siete estados del país han legislado a su vez ordenamientos legales que reconocen también el interés público en las actividades de las organizaciones civiles. Algunos municipios también han hecho lo propio. Con gobiernos abiertos y representantes populares con visión comunitaria, todo es posible, sin ellos, el camino se vuelve duro, pero no intransitable.
Es necesario que esa cultura permeé, que las legislaciones se afinen donde ya las hay y se detonen en donde no. Que se apliquen y se difundan ampliamente.
Hoy hace diez años la ley de fomento marcó el cambio en la vida de las comunidades y del ejercicio democrático del presupuesto público y de las acciones de beneficio colectivo en México.
Hoy el compromiso sigue siendo México, pero la cuenta, ya es regresiva.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
