En noviembre, la primera asamblea mundial de ciudadanos, formada por 100 personas elegidas por sorteo en todo el mundo, declaró sus respuestas recomendadas a la crisis climática en la conferencia de la ONU sobre el clima COP26.
Entre estas recomendaciones figuraba que causar una grave destrucción del medio ambiente, o «ecocidio», debería convertirse en un delito. De acuerdo con The Conversation, la asamblea se basó en una propuesta de la fundación Stop Ecocide, que define el ecocidio como:
Actos ilícitos o indiscriminados cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos provoquen a largo plazo un daño grave y generalizado al medio ambiente.
Los activistas esperan que esta definición sea adoptada por la Corte Penal Internacional (CPI). De ser así, el ecocidio se uniría al genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra en la lista de los delitos más graves del mundo.
Ecocidio, crimen internacional
Los llamamientos para criminalizar el ecocidio se remontan a la década de 1970, tras el uso devastador por parte de Estados Unidos del agente químico naranja en la guerra de Vietnam.
El enorme daño que causó tanto al medio ambiente (destruyendo los bosques y diezmando la biodiversidad) como a los seres humanos (dañando o matando a miles de personas) desencadenó propuestas para una ley internacional contra el ecocidio.
Aunque en un principio no tuvo éxito, en los últimos años se ha producido un aumento sin precedentes del apoyo a la penalización del ecocidio, incluso en la República de Vanuatu, la República de Maldivas, Bélgica, Francia y la UE.
Los activistas afirman que esta medida pondrá fin a la inmunidad de las empresas, al hacer que los individuos que ocupan posiciones de poder empresarial tengan que rendir cuentas por sus decisiones destructivas. Pero se ha prestado menos atención a otra ventaja: el poder de la CPI para conceder reparaciones a las víctimas.
¿Qué son las reparaciones?
Las reparaciones son formas de compensación a las víctimas de crímenes. La CPI ha establecido que se pueden conceder reparaciones por daños físicos o psicológicos cometidos contra una persona física (es decir, un ser humano) o una persona jurídica (es decir, algunas organizaciones).
Actualmente, estas reparaciones no pueden concederse a seres no humanos, como los animales, o al propio mundo natural. Esto significa que, en la actualidad, cualquier reparación concedida por ecocidio tendría que ser para los seres humanos y las organizaciones humanas. Sin embargo, la posibilidad de conceder reparaciones podría ofrecer a las víctimas del ecocidio la oportunidad de restaurar, o conmemorar, lo que han perdido, así como ayudar a prevenir la futura destrucción del medio ambiente.
Por ejemplo, la CPI podría conceder fondos para un proyecto de restauración medioambiental en beneficio de las víctimas del ecocidio. Esto podría incluir un proyecto de reforestación o de biodiversidad para una comunidad que haya dependido previamente de un ecosistema dañado para su sustento.
Aunque la CPI no ha hecho esto antes, se pueden encontrar ejemplos anteriores en otros lugares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido programas de reforestación a la comunidad indígena kichwa de Ecuador, mientras que el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha ordenado a personas condenadas por destruir hábitats de animales en peligro de extinción que organicen y financien proyectos de restauración.
Además, la ley podría permitir compensar económicamente a las víctimas por cosas como la contaminación de los ríos utilizados para la pesca o la destrucción de tierras de importancia espiritual. Otros tribunales han concedido indemnizaciones por daños similares: por ejemplo, a la comunidad indígena Saramaka de Surinam por la pérdida de conexiones espirituales con su territorio, estropeadas por la tala de árboles.
Las reparaciones podrían incluso utilizarse para proporcionar acceso a agua potable, alimentos e ingresos ambientalmente sostenibles a los habitantes de la zona. La CPI —a través de su organismo asociado, el Fondo Fiduciario para las Víctimas— ha apoyado anteriormente la formación en apicultura y la plantación de árboles en el norte de Uganda, para ayudar a las víctimas del conflicto entre el Ejército de Resistencia del Señor y las autoridades nacionales a ganar dinero.
La CPI también podría explorar las reparaciones simbólicas. Esto podría implicar que la persona condenada se disculpe públicamente y reconozca el sufrimiento que ha causado. Quizá no parece tan valioso como proporcionar dinero o proyectos de restauración a las víctimas. Sin embargo, podría ayudar a reconocer la realidad de lo que se ha perdido y establecer el ecocidio como un delito grave en el escenario mundial.
Inspirándose en los esfuerzos de construcción de la paz medioambiental en todo el mundo, las reparaciones simbólicas podrían incluir la creación de parques conmemorativos restaurativos, o «parques de la paz». Estos podrían ser utilizados por las comunidades que sufren como monumentos conmemorativos, al tiempo que apoyan el trabajo de conservación local.
Yendo más allá, la CPI podría considerar la concesión de «reparaciones transformadoras» que desafíen la desigualdad social. Éstas podrían estar diseñadas para permitir a las comunidades marginadas tener más voz en la gestión de los recursos naturales.
Un tipo de reparación transformadora es la «garantía de no repetición», diseñada para evitar que se repitan crímenes similares. En un ejemplo de Malí, la CPI solicitó que su Fondo Fiduciario para las Víctimas colaborara con el gobierno de Malí para evitar futuros ataques contra el patrimonio cultural protegido de Tombuctú.
En el contexto del ecocidio, las garantías de no repetición podrían implicar la formación de la población local en la protección del medio ambiente, o el fortalecimiento de las débiles regulaciones medioambientales. Empero, estos objetivos más amplios requerirían el apoyo del gobierno o de las empresas para su consecución y tendrían que estar explícitamente vinculados a los crímenes de la persona condenada.
Esto pone de manifiesto una limitación clave de la CPI: que está limitada en lo que puede hacer sola. Una restauración ambiental significativa tras un ecocidio requiere toda una serie de participantes, incluidos los gobiernos nacionales y las empresas, que pueden no estar dispuestos a cooperar. Y como la CPI no tiene jurisdicción sobre las empresas, no puede exigir cambios más amplios en las prácticas empresariales que puedan estar causando daños ambientales.
Sin embargo, implicar a la CPI en la lucha por la justicia ecológica nos permite tratar el ecocidio como el crimen extraordinariamente destructivo que es. Ante una crisis climática y una época de extinción masiva, debemos utilizar todas las herramientas de nuestro arsenal —incluido el derecho— para proteger y reparar el mundo natural.
