° La OIT constata que la discriminación de la maternidad persiste en todos los países
° El informe recoge presiones en España para renunciar a los permisos pese a la legislación
° Solo el 55% de las trabajadoras españolas se incorporan a tiempo completo tras ser madres
° En Latinoamérica solo el 24% de los países contemplan permisos pagados de 14 semanas
En el mundo hay 830 millones de mujeres trabajadoras que no tienen permiso pagado de maternidad, pese a que las legislaciones de sus países sí lo contemplen. Si la cifra es abultada, todavía lo es más el porcentaje: son el 71,6% de todas las mujeres que trabajan. Son datos del estudio que publica la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado La maternidad y la paternidad en el trabajo: legislación y práctica en el mundo, del que hoy se ha conocido la tercera edición. Oficialmente, solo hay tres países que no contemplen permisos pagados: Estados Unidos (a nivel federal, aunque sí existen en California, Nueva York y Hawai), Papúa Nueva Guinea y Omán. Aparte de estos países, el 80% de las mujeres sin protección se concentran en África y Asia.
A modo de resumen, la coautora del estudio, Laura Addati, concluye en conversación telefónica desde Ginebra que globalmente la situación ha mejorado, sobre todo sobre el papel. Se ha avanzado a nivel legal y hay más países que han legislado para que las mujeres tengan 16 semanas de permiso pagado (de dos tercios del sueldo o más) con la participación de fondos públicos, como marcan las normas de la OIT. Además, se ha incrementado en un 20% el número de países que contemplan permisos de paternidad. Pero el informe constata como, además de los 830 millones de trabajadoras sin permisos pagados, «la discriminación de la maternidad persiste en todos los países», incluidos los europeos, donde la legislación protege teóricamente a las trabajadoras.
“La discriminación de la maternidad persiste en todos los países, incluidos los europeos”
Sobre España, el informe indica que la falta de legislación que facilite la conciliación provoca que solo el 55% de las mujeres se reincorporan al trabajo a tiempo completo tras el permiso de maternidad. El 7% renuncia a seguir trabajando; el 3% lo pierde y el 35% se reduce la jornada, recuerda la coautora. El estudio identifica, a partir de causas judiciales y de fuentes sindicales, que en España, Lituania y Rumanía se producen «tácticas de presión a trabajadoras embarazadas y madres recientes, como el acoso, para inducirlas a renunciar». La OIT no va más allá de citar el fenómeno de las presiones en España y advierte de «la dificultad de determinar el alcance de los despidos y de la discriminación en el empleo por razón de la maternidad». «Los estudios son limitados», excusa.
El abogado y experto en cuestiones laborales Sergio Maldonado, del Colectivo Ronda de Barcelona, explica que en los últimos tiempos el despacho «recibe más consultas de trabajadoras que reciben presiones». «Como consecuencia de la crisis, los empresarios necesitan a menos gente y comienzan tanteando a las trabajadoras a ver si alguien no se quiere incorporar y se descuelga de su puesto de trabajo de forma pactada», asegura.
La experta en cuestiones de conciliación de la Plataforma por los permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPIINA), María Pazos, va más allá de los datos sobre permisos de las mujeres e introduce una reflexión sobre la igualdad: «Dentro de las políticas públicas que pueden favorecer la igualdad, los permisos de maternidad son básicos y en España el problema es que los hombres no los tengan». En España el 100% de las mujeres disfruta de su baja de 14 semanas y el 83% de los hombres de la de 15 días. Pero cuando se trata de recortarse el sueldo o de acogerse a excedencias, prácticamente solo las mujeres hacen uso de sus derechos, apunta: «Solo las mujeres abandonan sus puestos mientras los hombres están disponibles al 100% porque no quieren renunciar a su independencia económica».
«Los permisos sin remuneración como las excedencias o las reducciones no son la solución», concluye Pazos.
En España el problema es que los hombres no tienen los mismos permisos», dice la experta María Pazos
La coautora del estudio, Laura Addati, coincide en que «si no hay equilibrio legal siempre se sacrificarán las mujeres» y subraya la importancia de introducir políticas «favorables a la familia» para evitar la salida de mujeres del mercado laboral. Una salida que «supone una enorme pérdida de recursos: una formación que no se aprovecha, unos impuestos fruto del trabajo que se dejan de ingresar y un gasto en prestaciones si las necesitan», enumera.
Más extremas son las presiones que el informe subraya que se han detectado en Italia, Portugal, Grecia, Croacia o Kenia, donde se han reportado casos de mujeres que al ser contratadas firman una carta sin fecha por la cual si se quedan embarazadas renunciarán a su empleo.
El informe también se refiere a la incidencia de la crisis económica en los derechos derivados de la maternidad y cita los casos de los Países Bálticos o Rumanía, donde la recesión y los recortes del gasto público han provocado la regresión en la cuantía de los permisos. «Se erosiona el nivel de las prestaciones de maternidad», dice el informe. Por contra, también en Europa, países como Alemania, Eslovaquia, Francia, Noruega o Polonia han promovido cambios positivos en las políticas a favor de la conciliación de la vida laboral y familiar.
En el capítulo de mejoras, el informe también destaca la introducción de permisos de paternidad en países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, El Salvador, Guatemala o Paraguay. Por el contrario, de los países latinoamericanos, la OIT subraya que solo el 24% de los países contemplan permisos pagados de maternidad de 14 semanas. La mayoría de las legislaciones los prevén de 12 semanas. «Sorprende que es una de las regiones donde menos implantadas están las 14 semanas, en una región donde se esperaría más por su nivel de desarrollo», afirma Addati.
A partir del estudio, la OIT emplaza a los estados, entre otras cuestiones, a «adoptar y aplicar leyes y políticas incluyentes» en materia de protección a la maternidad; a «prevenir y eliminar la discriminación contra las mujeres y los hombres con responsabilidades familiares»; y a diseñar políticas que permitan lograr la igualdad de género y «el cuidado como una responsabilidad colectiva».
Fuente: El País
