Las medidas altamente restrictivas de los países hacia sustancias controladas atentan contra el derecho a la salud de la población, que no tiene acceso a analgésicos opioides.
El 75% de la población global no tiene acceso a un medicamento para controlar el dolor en caso de enfermedad terminal.
En el mundo, los cuidados paliativos —las atenciones y tratamientos para controlar el dolor de enfermos terminales— son un lujo al que sólo acceden una minoría debido a que los países mantienen medidas altamente restrictivas para tener acceso a medicamentos que contienen estupefacientes como la morfina.
De hecho, el 92% de la morfina utilizada en el mundo para tratar enfermedades se consume en países con sólo el 17% de la población global: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y algunos países de Europa occidental, alertó este miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su Informe mundial 2015.
El acceso insuficiente a estos medicamentos atenta contra el derecho a la salud. Los analgésicos opioides son indispensables en tratamientos para enfermedades como el cáncer, el VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares, otras crónicas de las vías respiratorias, diabetes u otras heridas y afecciones.
Los tratados internacionales sobre la fiscalización de estupefacientes —todos ratificados por México— establecen el compromiso de la comunidad internacional para garantizar la disponibilidad de drogas que son indispensables para fines médicos y no restringir “indebidamente” su suministro.
“En los últimos decenios esa promesa no se ha cumplido plenamente. Todavía hay demasiadas personas que sufren o que mueren con dolor, o que no tienen acceso a la medicación que necesitan. El sufrimiento innecesario por falta de medicación adecuada debido a la inacción y al exceso de requisitos administrativos es una situación que nos avergüenza a todos”, cita el informe de la JIFE.
El caso de México
Se estima que en el país al menos 300 mil personas que mueren cada año padecieron dolores agudos y requirieron cuidados paliativos.
Estos mexicanos fueron víctimas de dolor, ansiedad y depresión y no contaron con acceso a un tratamiento adecuado “socavando su calidad de vida y la de sus familiares en sus últimos días de vida”.
Sin embargo, para revertir esa situación México estrenó en junio pasado un nuevo sistema que busca facilitar la prescripción y entrega de analgésicos opioides.
Este sistema disminuye los trámites para que un médico obtenga las recetas especiales requeridas para prescribir ese tipo de tratamientos. Ahora puede hacerlo por Internet, pues antes tenían que acudir a un punto específico en la capital de cada estado para tramitar el recetario.
El control de los fármacos también es electrónico para las farmacias. Antes lo llevaban en libros que llenaban a mano y tenían que convertir en reportes para presentarlos ante autoridades estatales.
Sólo 24 recetas con analgésicos opioides se habían entregado en México durante el primer semestre de 2015. Con el nuevo sistema electrónico, ya se surtieron 11 mil 200, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Fin a la política represiva
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) enfocó su informe 2015 en que los tratados sobre la fiscalización de drogas están hechos para proteger la salud y el bienestar públicos e individuales y dijo que éstos no dan pie a una “guerra contra las drogas”.
“El futuro de la política antidroga no radica en elegir entre la aplicación militarizada de las leyes sobre drogas y la legalización del uso de las drogas con fines no terapéuticos, sino en hacer de la salud y el bienestar la piedra angular de la política en materia de drogas y aplicar plenamente los objetivos y principios de los tratados y las declaraciones políticas”.
La Junta indica que se debe optar por medidas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en lugar de la condena y el castigo por el uso de drogas.
“Al asegurar la prestación de servicios de prevención y tratamiento, los gobiernos no solo promueven la salud de sus ciudadanos, también contribuyen a privar a los traficantes de su clientela”.
La misión de la JIFE es trabajar con los gobiernos para asegurar que haya suministro de las drogas adecuadas para fines médicos pero también revisa cuáles son las deficiencias de los sistemas de cada Estado que propician la fabricación, tráfico y uso ilícito de drogas.
Fuente: Animal Político
