Agresiones verbales o acoso sexual. Pero también órdenes contradictorias o aislamiento. Alrededor del 6% de los trabajadores españoles sufre algún tipo de violencia laboral, y el 28% padece habitualmente conductas violentas de baja intensidad, según la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2008. Sin embargo, a pesar de esta realidad, solo el 16% de las empresas españolas tiene algún protocolo para tratar la intimidación y el acoso; y apenas el 14% realiza evaluaciones de estos problemas, pese a que la ley obliga a ello. Así, la violencia laboral se ha transformado en una lacra oculta que además, según un informe inédito de UGT, elaborado con más de 1.300 entrevistas a trabajadores y expertos en riesgos laborales, se agrava por la crisis.
La ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, exige al empresario garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Eso incluye los riesgos psicosociales y, con ellos, la violencia laboral. De hecho, la Inspección de Trabajo interpuso en 2009 (último año del que hay datos) 194 sanciones a empresas por infracciones relacionadas con esos riesgos (no hay desagregación por violencia laboral). Problemas que Concepción Pascual, directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -dependiente del Ministerio de Trabajo-, define como «los riesgos del futuro».
A pesar de ello, Pascual reconoce que tanto los riesgos psicosociales como, dentro de ellos, la violencia laboral se han evaluado «muy poco». «Se ha avanzado en la evaluación y la prevención de los accidentes laborales, pero los riesgos psicosociales, que además van a emerger con el paso de los años, se han analizado y prevenido menos porque son menos visibles», sostiene.
Pueden estar, efectivamente, más ocultos que los accidentes en el trabajo, en los que el año pasado perdieron la vida 556 personas. Pero el análisis realizado por UGT ha detectado que el 11% de las empresas tiene situaciones de violencia laboral o acoso sexual. Acciones que «tienen potencial para afectar la salud del trabajador», según Trabajo; y que pueden ir desde ataques a la víctima con medidas organizativas hasta ofensas hacia las aptitudes del trabajador o su vida privada y rumores.
La violencia laboral se puede dar por parte de un superior a un trabajador, pero también puede llegar desde los iguales. Eso es lo que le ocurrió a Verónica G. P., de 31 años, que sufrió agresiones verbales y amenazas por parte de un compañero de su empresa, en el País Vasco, después de que decidiera dejar uno de los sindicatos activos en la compañía. «Me estuvo gritando y amenazando durante 40 minutos. Llegó a levantarme la mano. Todo delante de otros cuatro trabajadores que no hicieron nada», cuenta. Verónica le denunció: primero a la empresa y después a la policía. Llevó el caso a los tribunales, pero lo perdió. En la sentencia, la juez da crédito al testimonio de la afectada, pero desestima el caso «por falta de pruebas objetivas». Ninguno de los cuatro trabajadores que presenció lo ocurrido quiso admitirlo. Y la empresa, tras una investigación interna, se limitó a imponer una falta leve al implicado.
«Las empresas no asumen la violencia laboral como un verdadero riesgo, por eso no lo evalúan. Solo 50 de más de 5.500 compañías españolas recogen los riesgos psicosociales en su convenio colectivo y ni siquiera todas las que lo hacen hablan de este problema», critica Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT. «Son situaciones ocultas y, aunque son un delito según el Código Penal, siguen siendo difíciles de probar, más aún cuando la empresa cierra los ojos», añade.
La violencia laboral se da en todo tipo de empresas. Sin embargo, es más común en los sectores relacionados con la sanidad, el trabajo social y la educación, donde el 50% de los directivos considera este fenómeno como un grave problema de salud, según datos de 2011 de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, advierten los expertos, hay factores que la fomentan, como la intensificación del trabajo, la precariedad y la mayor flexibilidad.
Este problema soterrado acaba haciendo mella en el bienestar físico y psicológico de los empleados, que pueden sufrir desde dolores de estómago, de cabeza y musculares, hasta problemas de audición, de visión, trastornos del sueño, irritabilidad o alergias. Síntomas que derivan, en muchos casos, en bajas prolongadas por enfermedad que suponen un alto coste tanto para la economía y la salud. «La situación es tal, que puede llevar al afectado, incluso, al suicidio», explica Rufino.
Hace cinco años, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó indemnizar al marido de una médica residente que se arrojó al vacío desde la azotea del hospital en el que trabajaba. Un suceso que el tribunal definió como «accidente laboral» debido a la «sobrecarga física y psicológica» derivada de las obligaciones laborales que soportaba la mujer. Y no ha sido el único caso de este tipo que se ha saldado con un proceso judicial y una indemnización para la familia del afectado. Por eso, advierte UGT, se debe prevenir este problema antes de que ocurra. De hecho, este sindicato ha elaborado un manual, que acaba de avalar el Ministerio de Trabajo, para que las empresas puedan adoptarlo y atajar la violencia laboral.
Sin embargo, su radiografía añade otra crítica: las enfermedades causadas por la violencia laboral no siempre son diagnosticadas como laborales, a pesar de que así las fija la ley. Un perjuicio para los afectados. Un trabajador de baja por enfermedad común recibe el 85% del sueldo, frente al 100% del salario y la cobertura total del tratamiento que recibe quien tiene una patología laboral.
Fuente: El País.com
Reportero: María Sahuquillo.
Publicada: 27 de abril de 2011.
