Los ciudadanos de Sant Boi pagan una tarifa un 36% superior que los del Prat de Llobregat
Entre lo que paga por un metro cúbico de agua un habitante de Vielha (0,13 euros) y uno de l’Ametlla del Vallès (2,305 euros) va un abismo. Son los dos casos extremos en Cataluña. La fácil disponibilidad del recurso de la capital del Valh d’Aran no tiene nada que ver con la del municipio del Vallès Oriental, que tiene que cargar más su tarifa. Pero también hay otra diferencia: mientras el abastecimiento del agua del primero corre a cargo de una empresa municipal, la del segundo está en manos de una empresa privada.
En el conjunto de Cataluña las diferencias no son tan abultadas, pero ese diferencial tarifario según quien explota el servicio se repite. El cliente de una operadora privada paga una media de 1,022 euros; el de una pública, 0,815 euros. Es decir, la participación del capital privado sale un 25,4% más cara para el consumidor. El modelo está lleno de excepciones, con municipios con la gestión privatizada en la franja baja de precios (Alpicat o La Roca del Vallès) y con algún ejemplo público entre los más caros (Argentona o Masquefa), pero las diferencias son evidentes, según los datos publicados por la Agencia Catalana del Agua (ACA) en base a los municipios con más de 5.000 habitantes y un consumo medio de 12 metros cúbicos por mes. Incluso las sociedades mixtas, de colaboración público-privada, se sitúan en la parte alta de la tabla de tarifas.
Meridiano es el ejemplo de la sociedad creada por Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona para suministrar el agua de 23 municipios, entre ellos la capital catalana. Los precios que hace pagar, 1,518 euros, están muy por encima de los 0,972 euros que se abona de promedio. Esa sociedad suministra, entre otras, a Sant Boi del Llobregat, cuyos habitantes pagan un precio muy superior al de sus vecinos de El Prat de Llobregat (0,89 euros), de gestión pública. La primera explicación de las diferencias entre uno y otro modelo de gestión es que la diferencia de tarifas se debe a los beneficios de los operadores privados.
Margen de hasta el 12%
Algunos expertos consultados admiten que las compañías tienen margen para apuntarse hasta un 13% de beneficios de los gastos generales originados por el servicio y otro 6% del beneficio industrial. Pero no todos creen que esa diferencia de precios se explique solo por esa razón. “Los bajos precios [de los gestores municipales] pueden indicar muchas cosas: falta de inversión en la red, que en pequeños pueblos están en muy mal estado o precios que no se han tocado durante años”, explica Joan Gaya, expresidente del Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Cataluña, que integra a municipios que han declinado privatizar la gestión. Gaya asume que donde hay presencia privada hay un margen de beneficio de entre el 10% y el 12%, pero “los números están hechos con cierta lógica”.
Esa regla no siempre se cumple a rajatabla. Amposta (Monstsià), cuyo suministro de agua gestiona Sorea, del grupo Agbar, tiene una tarifa de 0,469 euros por metro cúbico. Pero un informe de la Comisión de Precios de Cataluña advertía en la última aprobación de tarifas “la necesidad de destinar más recursos en la mejora de, rendimiento del servicio”, que es de apenas el 48,5%, lo que quiere decir que la mitad del agua que pasa por la red se pierde, por falta de inversiones.
En Lloret de Mar (Selva), con la operadora privatizada en 2007, se prevén subidas de entre el 15% y el 20% en los próximos años para garantizar el equilibrio financiero demandado por Aqualia, perteneciente al grupo FCC. “No puede ser que las tarifas se mantengan congeladas por cuestiones políticas”, argumenta Arseni Frigola, concejal de Hacienda de este municipio.
Ese tipo de desequilibrios financieros en la gestión también sucede en servicios municipales. En Balaguer (Noguera) el desfase de la tarifa fue de 115.000 euros, lo que supone que el Ayuntamiento tendrá que financiar ese déficit.
“Hay multitud de factores que hacen variar el precio del agua”, afirma también Núria Jarque, secretaria de la Asociación de Abastecimiento de Agua, que aglutina a pequeñas operadoras, sean públicas o privadas. Jarque explica que esas divergencias puede variar en función de las dimensiones de un municipio —cuanto más grande sea, supuestamente más rentable—, de la disponibilidad de pozos propios —más baratos— o de la necesidad de adquirir agua a compañías mayoristas como Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la orografía que obliga a bombear el agua para sortear elevaciones… “Cada servicio es un caso”, resume la secretaria de la entidad.
Otras fuentes consultadas conocedoras del sector del agua y que reclaman anonimato explican que las empresas privadas utilizan “trampas infinitas” con las que argumentar una subida de la tarifa. Por su parte, un estudio encargado por la fundación Aquae, del grupo Agbar, denunciaba “la opacidad existente sobre los estados financieros de los entes públicos gestores del agua”.
Fuente: El País
