La COP17 en Durban, Sudáfrica, mostró la incapacidad del sistema multilateral de negociación al interior de la ONU para afrontar el más importante desafío de acción colectiva internacional para el siglo XXI. La oferta europea de liderazgo está agotada, su crisis financiera y existencial no le deja espacio para ocuparse decididamente del cambio climático. Además, Europa ha Perdido relevancia en el tema, sus emisiones de gases de efecto invernadero ya son menos de 14% del total global.
La involución ideológica protagonizada en Estados Unidos por la derecha religiosa, paraliza al Congreso y a la presidencia de Obama.
China, el mayor emisor, aguarda a destronar a Estados Unidos como primera economía del mundo, y a consolidar su liderazgo tecnológico en energías renovables y la nuclear, baterías para autos eléctricos y eficiencia energética, como plataforma hegemónica para el resto del siglo. Antes de eso, o antes de 2020, China no asumirá compromisos (ya lo advirtieron sus negociadores).
Entre Estados Unidos y China suman la mitad de las emisiones globales; Brasil e Indonesia, fundamentalmente por deforestación, contribuyen con otro 15%. Juntos, Rusia, la India y Japón, con un 10%. Sólo estas siete naciones son responsables de las tres cuartas partes de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el planeta. (México contribuye con 2% aproximadamente). Si añadimos las emisiones de los demás países del G-20, se podrían contabilizar alrededor de 90%. Entonces, ¿qué sentido tiene un engorroso proceso multilateral de negociación con más de 200 países participantes?
Los más afectados por el calentamiento global serán los países más pobres, pero sus lamentos no tienen efecto alguno sobre las decisiones estratégicas de China, ni sobre el nuevo fundamentalismo de derecha en Estados Unidos. Las emisiones van a seguir aumentando en los próximos años, haciendo inevitable un aumento en la temperatura promedio, probablemente, de más de tres grados centígrados hacia la mitad del siglo.
Los políticos de todos los países saben que el cambio climático es un problema difuso y de largo plaza, y nosotros, automovilistas, consumidores, productores agropecuarios y empresas industriales, no estamos dispuestos a cambiar. Queremos combustibles y electricidad baratos, y cuantiosos subsidios agrícolas. Los políticos no son suicidas; además, actualmente, son mediocres: no van a emprender nada que no sea electoralmente rentable. Entonces, al menos en los próximos años, puede garantizarse que no habrá un nuevo régimen global de cambio climático con compromisos vinculantes para los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
La situación de nuestro país
¿Qué podría hacer México? Algo importante es olvidarse del Fonda Verde: no somos Sierra Leona ni necesitamos de practicar la mendicidad, y tampoco alcanza ya para ser candil de una calle multilateral cada vez más oscura. Debemos reconocer las oportunidades y riesgos que plantea el calentamiento global para una agenda, por lo pronto, fundamentalmente, nacional.
Las oportunidades están en emprender políticas buenas para fortalecer la competitividad de nuestra economía y las finanzas públicas, y que también reduzcan distorsiones en la distribución del ingreso, y desde luego, las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas deben referirse a modificaciones en la política fiscal y de subsidios a los energéticos y al sector agropecuario, así como a la apertura del sector energético, y a una nueva política de vivienda y desarrollo urbano.
Los riesgos son cada vez más patentes, y se ciernen sobre el sector agropecuario de temporal o de subsistencia (dependiente del régimen de lluvias), sobre la disponibilidad de agua en el centro y norte del país, sobre infraestructuras y poblaciones en costas y llanuras de inundación, y sobre la biodiversidad de México. Nadie nos va a pagar por mitigar estos riesgos, pero hay que empezar a hacerlo ya. Por ahora conviene voltear la mirada hacia adentro y dejar un poco al lado el glamour cada vez más gastado de la diplomacia climática.
En paralelo, recientemente el senado mexicano anunció la aprobación de la nueva ley sobre cambio climático —siempre que algo nos parece bueno hacemos una ley. Es el buenísimo legislativo que no afecta los intereses de nadie, nada cambia, y a nadie le cuesta (a veces, sólo al erario). Pero ganan los legisladores, que ahora se sienten prestigiados y satisfechos. Diría algún economista que se trata de arreglos Óptimos de Pareto en donde ellos quedan mejor, y nadie pierde. Es el case de la Ley General de Cambio Climático a probada por el Senado buscando los reflectores de la triste COP17.
Luchar seriamente contra el calentamiento global implica, por un lado, modificaciones notables al sistema de precios a través de la eliminación de los subsidios al consumo de combustibles fósiles y de imponerles un carbon tax. Por el otro, exige abolir o reestructurar los subsidios agropecuarios para que en vez de inducir la deforestación, la eviten y la reviertan, al tiempo que se construye un sistema de contratos por pago de servicios ambientales can los propietarios de la tierra. (En la práctica, a esto equivale el esquema REDD.) Por su parte, la adaptación al cambio climático, ya inevitable, se traduce al castellano por media de ambiciosas obras civiles de infraestructura hidráulica y de protección costera, y de mecanismos eficaces de prevención de desastres. Obviamente, lograr todo lo anterior sólo puede ser resultado de cambios a leyes fiscales y de energía, en las aplicables al sector agropecuario, principalmente, y en aquella legislación que tiene que ver con la infraestructura y las acciones relevantes de protección civil. Desde luego que una ley como la Ley General de Cambio Climático no puede modificar a otras, aunque ingenuamente sugiera que deba hacerse (Artículo Octavo Transitorio).
El texto de esta nueva ley es todo corrección política, y adjetivos que llaman a la virtud. Reitera atribuciones para los gobiernos locales, o las infiere de lo establecido en el Artículo 115 Constitucional, y los exhorta a hacer una serie de cosas buenas, lo cual, por supuesto, no tiene mecanismo alguno de instrumentación. Versa largamente en definiciones, principios y propósitos, y en la creación de nuevas burocracias, al estilo de las que existen y que probadamente no funcionan: Comisión Intersecretarial, Consejo, Coordinación, Fondo y Fideicomiso. Propone (sólo puede proponer) ejercicios minuciosos de planeación y de elaboración de estrategias, así coma una cascada de programas sectoriales, estatales y municipales. También establece un nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (al menos en sustitución del actual INE), que por cierto, a todas luces duplica a un centro similar que el gobierno federal trata de crear actualmente, coma herencia a las generaciones futuras de políticos. Eso sí, plantea un registro de emisiones y un sistema de información que incluya proyectos y transacciones de carbono, al igual que la realización de inventarios que ¡ya existen!
La Ley obliga (es un decir) a hacer lo que ya se hace, coma plantas eléctricas que no generen mas emisiones que las que produce hoy en día una central de gas de ciclo combinado, o a que el gobierno federal haga lo que lleva más de 10 años diciendo que va a hacer: normas de emisiones de CO2 para vehículos.
A las empresas, las sujeta a hacer registros y reportes, so pena de fuertes multas, lo cual es irrelevante, y sólo añade burocracia: las emisiones de la industria privada son muy poco significativas en el inventario nacional. El momento culminante de la Ley es cuando pide que se analice la posibilidad de retirar los subsidios a los combustibles y a la electricidad… ien 2020! En general, sus consecuencias judicial y de política pública tienden a cero.
La ley asume el ofrecimiento de reducción de emisiones que hizo México en Copenhague y en Cancún, pero solo si la comunidad internacional nos da dinero y nos sigue considerando país en vías de desarrollo ien 2050! En suma, es un texto mendicante de business as usual, y sabre todo, de compromiso de nuestro país… pero con el subdesarrollo. Podemos olvidarla.
Fuente: Equilibrio, p. 6 y 7.
Por: Gabriel Quadri.
Publicada: enero de 2012.
