La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió que la remoción de vegetación forestal en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar Cancún, en Quintana Roo, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente.
“Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)“, indicó la agencia ambiental.
Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, acusó en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución “es ofensiva para la inteligencia de los cancunenses. Es muy desafortunada y nada confiable”.
La activista comunicó que ayer por la tarde fue citada para comparecer, donde autoridades de la Profepa le entregaron un resolutivo de más de 150 páginas, mismas que hoy analizarán en reunión con abogados y activistas involucrados en el caso Tajamar.
Después de ello, determinarán qué acciones emprenderán, aunque afirmó que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, Tajamar no se encuentra en riesgo.
Los inconformes cuentan con quince días para presentar recursos de revisión y apelación, informó Domínguez.
Por su parte, Greenpeace consideró una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar Tajamar por considerar que se trata de un acto legal, cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso.
“En un país donde las propias instituciones de gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental, se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, subrayó la organización.
En un pronunciamiento emitido hoy, Greenpeace destacó que México firma convenios internacionales para la protección y conservación de la biodiversidad pero permite la destrucción en Tajamar donde habitan especies en diferentes categorías de riesgo catalogadas en la NOM-059 para la protección ambiental y para completar la ironía en este marco de catástrofe, Cancún será la sede de la 13 Conferencia de las partes del Convenio de la
Diversidad Biológica a finales de este año.
La Profepa dijo en un comunicado que tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero, agentes de la dependencia en el estado de Quintana Roo realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero, “instaurándose un procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la autorización en materia de impacto ambiental otorgada en julio de 2005”.
Adicionalmente, la dependencia consideró las pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante su delegación en Quintana Roo, “las cuales sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo”.
Destacó que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales en relación con la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción de vegetación, y en fecha posterior a ese acto.
Por ello, Profepa ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, “acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar”.
“Por todo lo anterior, la Profepa resolvió que la remoción de vegetación se realizó al amparo de la autorización en materia de impacto ambiental vigente al momento de su ejecución, así como que no existieron indicios de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, apuntó.
La madrugada del sábado 16 de enero, policías municipales y estatales ingresaron a los terrenos ubicados en el Malecón Tajamar para reanudar la construcción de unos desarrollos inmobiliarios promovidos por el Fonatur.
Ciudadanos han denunciado que en la zona hay especies en peligro de extinción incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059.
El Proyecto Malecón Tajamar enfrenta a ecologistas y autoridades en Cancún, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo.
El conflicto viene por el hecho de que los permisos para remover la vegetación fueron emitidos antes del decreto promulgado en 2007 por el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que protege el manglar e impide la construcción de cualquier proyecto en zonas donde se encuentre este tipo de ecosistema.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el verdeecologista Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del Manglar Tajamar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
Entre las 22 empresas que pretenden edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.
El Malecón Tajamar, ubicado en la cabecera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, se colocó en el ojo público luego de que el 90 por ciento de sus terrenos fueran devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.
SinEmbargo publicó una nota en enero pasado donde reveló que la dependencia entregó Tajamar a empresas ligadas a políticos.
En el caso de la Desarrolladora El Arca encontró que esta compañía privada, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, enfrentó un caso similar en enero de 2012, cuando el Ayuntamiento Solidaridad emitió una multa a esta empresa por 1 millón 424 mil 250 pesos, debido a la devastación de dos hectáreas de un manglar ubicado en ese municipio.
Inmobiliaria Moka, una de las compañías que posee terrenos en la ahora zona devastada en Tajamar, tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab.
Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Fuente: sinembargo
