Italianni’s engañó a Alsea y a todas las autoridades judiciales para hacerles creer que la garantía prendaria -sobre las acciones de Grupo Amigos de San Ángel, SA de CV (GASA)- que existía en favor de Bancomer fue liberada en tiempo y forma para celebrar la operación de compra-venta de la cadena Italianni’s, que habían pactado ambas partes, a un precio de 1,200 millones de pesos.
GASA habría engañado a su contraparte y a las autoridades judiciales primero para hacer creer que sí cumplía con las precondiciones para realizar la operación de compra-venta y, luego, para forzar la operación.
Se trata de la pieza con la que -como se lo había anticipado en este espacio- Alsea, el consorcio de restaurantes de comida rápida, está a punto de aplicar un jaque mate legal a Italianni’s, cuyos argumentos y reclamos quedarían completamente desactivados.
El documento que difunde la defensa de Alsea, que preside Alberto Torrado, es un elemento clave dentro de la controversia y -asegura- es una prueba inobjetable del más alto carácter de formalidad dentro del sistema financiero mexicano.
Es un informe que rindió la propia institución bancaria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Guillermo Babatz. En tal informe se confirma que la familia Cachoua, que encabeza Víctor Eduardo Cachoua Flores, no cumplió con las condiciones indispensables para el cierre de la operación de compra-venta de los restaurantes de la cadena Italianni’s.
En el informe se indica que la liberación de la garantía prendaria en realidad ocurrió hasta octubre del 2008.
Desde el punto de vista del defensor legal de Alsea, el abogado Salvador Rocha Díaz, se trata de un informe oficial y del más alto perfil jurídico, que Bancomer tuvo que enviar a solicitud expresa a la CNBV.
Este informe fue remitido por el órgano regulador a la Procuraduría General de la República para integrarlo al expediente de la averiguación previa.
Este informe revela que los dueños de Italianni’s engañaron a Alsea y posteriormente a todas las autoridades judiciales que han tenido conocimiento del asunto, haciéndoles creer que la garantía prendaria ya se había liberado y que los títulos correspondientes a dichas acciones se habían devuelto el 2 de junio del 2008, cuando en realidad no había ocurrido.
Hay que recordar que los dueños de Italianni’s exigieron que el 4 de junio del 2008 se cerrara la operación de compra-venta, argumentando que desde dos días antes ya tenían las acciones de GASA en su poder y además, de manera adicional, el 9 de septiembre del mismo año los señores Cachoua demandaron a Alsea el cumplimiento forzoso del contrato de compra-venta. Todo ello mucho antes de la fecha en la cual los títulos de las acciones mencionadas efectivamente se liberaron y fueron devueltos.
Los de Italianni’s han intentando desacreditar la contundencia de esta prueba, pero los de Alsea aseguran que sólo reflejan desesperación.
De cualquier forma, el diálogo entre las partes se mantiene y nunca se ha descartado la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Es, sin duda, un tema de negocios y un juego de fuerza y estrategias legales.
Mexicana, destino incierto
La posición del gobierno federal y la del administrador-conciliador Gerardo Badín frente al estatus de Mexicana de Aviación contrasta. En el gobierno federal -la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Dionisio Pérez Jácome, y la Secretaría del Trabajo, de Javier Lozano- se observa mucha prudencia, pero sobre todo cautela.
En comunicado conjunto, ambas dependencias refieren que a la fecha ninguno de los inversionistas ha acreditado formalmente que cuenta con los recursos que garanticen el cumplimiento del convenio de acreedores y la sustentabilidad de las operaciones de la empresa.
Y advierten que se hará todo lo necesario para que Mexicana pueda volver a volar, sin que ello implique la distracción de recursos fiscales por parte del gobierno federal.
Por otra parte, Gerardo Badín admite optimismo ante la posibilidad de que la aerolínea retome el vuelo, ya que existen al menos dos grupos de inversionistas interesados.
Cuentos veras
La compañía Stevedoring Services of América ganó una concesión para desarrollar y explotar un muelle de contenedores y carga general en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por 20 años, al presentar ante la SCT la mayor oferta económica y la mejor propuesta de contraprestación para el gobierno. El próximo 22 de este mes firmará el contrato de Cesión Parcial de Derechos, con el fin de invertir más de 300 millones de dólares sólo en la primera etapa. Será el recinto portuario más cercano a la ciudad de México para tráficos marítimos, con promedio de tres horas, de acuerdo con los expertos será el nodo logístico más competitivo para tránsitos marítimos en el Golfo de México.
Fuente: El Economista, Empresas y Negocios p. 24.
Por: Marco A. Mares (Ricos y Poderosos).
Lunes: 13 de julio de 2011.
