Por Humberto Muñoz Grandé*
El paquete fiscal 2022 aprobado el pasado 18 de octubre por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados marca el fin de una relación, ciertamente accidentada, pero institucional, entre el gobierno federal y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) construida entre los años de 1994 a 2018.
“No es que antes estuviéramos bien, pero hoy estamos peor”, es una de las frases más escuchadas por parte de las OSC mexicanas que recuerdan cómo durante el gobierno del presidente Vicente Fox hubo que luchar contra la cooptación de recursos públicos y privados por parte de la organización cuasi-gubernamental Vamos México de la Primera Dama Martha Sahagún, o cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013 para dar un trato fiscal igual a las OSC que a las empresas lucrativas, o cuando durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el tema de las OSC se encontraba en los últimos lugares de la prioridad y agenda gubernamental.
Sin embargo, durante estos sexenios la naturalmente tensa relación entre gobierno federal y las OSC se gestionó en espacios institucionalizados, que a fin de cuentas mantuvieron durante este tiempo las principales acciones de gobierno como el Programa de Coinversión Social, el financiamiento público que osciló entre los 3,000 y 6,000 millones de pesos anuales; se levantaron diagnósticos oficiales sobre el número, características y ubicación de los mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública Federal; el Anexo de la Cuenta Pública revelaba información mínima suficiente para tener una radiografía de la relación entre los actores, varios de los programas del gobierno federal contaron con participación de las OSC en procesos de diagnóstico, diseño o implementación de políticas públicas en temas de relaciones exteriores, derechos de minorías, medio ambiente, desarrollo social; del total de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por lo menos el 60% reportó tener actividades de distinta índole con las organizaciones.
En síntesis, la arquitectura institucional de la relación gobierno – OSC, se mantuvo con incrementos marginales en sus componentes de planeación (inclusión de las OSC en los planes nacionales de desarrollo, programas sectoriales e institucionales), financiamiento (tanto público como incentivos a la deducibilidad de donantes privados), de información (actualización y publicación permanente del Registro Federal de OSC, la Cuenta Pública y la Cuenta Satélite de Instituciones sin Fines de Lucro) y de participación ciudadana (lineamientos, reporte y mecanismos de participación institucionalizada).
Con el cambio de gobierno en 2018, se inauguró la etapa de desmantelamiento de dispositivos institucionales que modelaban la relación gobierno–OSC al dar un drástico giro de 180 grados tanto en la narrativa como en las acciones de gobierno. Los hechos siguientes dan cuenta de ello:
En cuanto a la narrativa, en la misma línea que los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Daniel Ortega de Nicaragua, el presidente López Obrador hizo las siguientes declaraciones:
- En febrero de 2019 afirmó que durante su gobierno no se entregarían recursos a OSC a quienes calificó de intermediarios que manejen los recursos públicos: “Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones, para eso es el gobierno, esto debe quedar muy claro”.
- En febrero de 2019 ante las críticas de organizaciones civiles frente a la estrategia en materia de seguridad y de la Guardia Nacional afirmó: “Ojalá y los legisladores le hagan caso a la gente. Al final de cuentas, son representantes del pueblo. Porque siempre son los expertos los que deciden; o los llamados representantes de la sociedad civil (…) el resto, el pueblo raso, no es tomado en cuenta”.
- En mayo de 2021 el presidente envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos de América para que explicara el financiamiento que otorgaba a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción. En la misiva, pidió que confirmara si apoyaba financieramente a esta organización y que considerara suspender ese apoyo toda vez que iba en contra del principio de no intervención.
- Durante su conferencia mañanera en agosto de 2021 acusó a las OSC de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos de América para movilizarse y demandó a las organizaciones que lo dejen en paz, al respecto, jocosamente, como es su comunicación, espetó: “cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús”.
El discurso y las acciones de gobierno en cuanto al tema han sido consistentes desde un inicio.
- En febrero de 2019 emitió la Circular Uno del Gobierno Federal, con este primer acto ejecutivo el nuevo gobierno canceló el financiamiento público a las OSC, “con el propósito de terminar en definitiva con tal intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
- En marzo de 2019 la Secretaría de Salud Federal emitió un comunicado donde dio a conocer la suspensión de la “Convocatoria Pública para la designación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa”. Así, el presidente ratificó en conferencia de prensa que “los recursos para las mujeres violentadas serán otorgados de manera directa y no a través de las organizaciones civiles”.
- Para el ejercicio fiscal 2020 anunció la desaparición del Programa de Coinversión Social (PCS) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que había financiado a las OSC por más de 26 años.
- Desde 2019 a la fecha se ha obstaculizado y también burocratizado la relación con los mecanismos de representación de las OSC con el gobierno federal, particularmente el Mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil – Gobierno Federal y el Consejo Técnico Consultivo, donde la Comisión de Fomento alteró el proceso de selección de consejeros.
- Desde 2020 se dejaron de implementar los Lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, aprobados en 2017 y con ello se dejaron de contabilizar dichos mecanismos.
- El tiro de gracia se dio ahora en octubre de 2021 cuando la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el paquete fiscal para el 2022, en el que se propone eliminar la deducibilidad de donativos privados a OSC. Si bien esta última propuesta aun está en proceso de presentación al pleno, todo indica que con el apoyo de los partidos políticos alineados a Morena se aprobará sin mayor obstáculo.
En nuestros países latinoamericanos ocurre un fenómeno de cierre y obstaculización del espacio cívico por parte de los gobiernos nacionales. Así lo demuestra el mapa de la organización internacional Civicus en donde de manera alarmante México, Honduras, Nicaragua y Venezuela estamos en la lista de gobiernos represivos de la sociedad civil, mientras que Brasil se ubica como obstaculizador del espacio ciudadano.
La democracia a la que aspiramos no puede entenderse, para bien o para mal de los gobiernos en turno, sin la participación de la sociedad civil organizada. La nueva gobernanza atraviesa necesariamente por la necesidad de un nuevo tipo de servidores públicos más inteligentes, negociadores y familiarizados con la democracia participativa. A todas luces, estos atributos no se encuentran presentes en el gobierno de un solo hombre, como bien advertía Rubén Aguilar
El presidente López Obrador confunde el Estado con el gobierno, y ve en las OSC a grupos que no puede controlar y alinear, sin más, a su proyecto. En su anacrónica visión estatista, donde gobierno y Estado son lo mismo, no entiende y tampoco reconoce el papel de los otros actores en la construcción del Estado.
Finalmente, la buena noticia es que faltan tres años, la pésima noticia es que también faltan tres años; pero como decimos en el sector, la magnifica noticia es que los gobiernos pasan, pero las organizaciones permanecen.
*Humberto Muñoz Grandé es especialista en las relaciones gobierno y sociedad civil en Latinoamérica. Es profesor investigador de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México.
Artículo publicado originalmente en animalpolitico.com.
