Por Gabriel Cecchini
Cuando en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 de la ONU y el conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se hizo hincapié en el rol clave que los actores del sector privado pueden jugar a la hora de ayudar al cumplimiento de cada uno de estos objetivos y sus metas relacionadas en temas como la pobreza, la desigualdad, la educación, el cambio climático y la lucha contra la corrupción.
De hecho, el objetivo número 17 explícitamente llama a fomentar la creación e implementación de alianzas multiactor entre los sectores público y privado, junto al resto de la sociedad civil para ayudar a acelerar el camino hacia un desarrollo sostenible global. A más de dos años de la puesta en vigor de la Agenda 2030, en muchos de estos temas y aspectos, el sector privado se ha puesto al hombro la responsabilidad de crear conciencia y promover estrategias concretas en pos de alcanzar estas metas de sustentabilidad, en especial en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático.
Muchos consideran que la retirada de EU del Acuerdo de París sobre cambio climático fue uno de los catalizadores más importantes que terminó de convencer al sector privado y sus líderes del importante rol que pueden y –más importante aún- deben cumplir. Pero quizás lo que más llama la atención es que dentro del sector privado, algunos de los actores más involucrados en esta agenda han sido precisamente los inversores -individuales, institucionales, fondos soberanos y gestores de activos-, quienes crecientemente han tomado cartas en el asunto fomentando un “activismo” en torno a temas y aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), tanto hacia dentro de su sector como hacia las empresas donde invierten y demás actores públicos y regulatorios con los cuales buscan coordinar acciones con impacto.
Pero, ¿cuáles son las estrategias y herramientas concretas que vienen utilizando crecientemente los inversores para intervenir en la discusión en torno a estos temas? Por un lado, muchos de los CEOs de las firmas de inversión y de gestión de activos están levantando la voz y enviando señales claras y contundentes a las empresas donde invierten en que éstas últimas deben tomarse en serio la gestión de riesgos ESG.
La reciente y muy comentada carta de Larry Fink, el incluyente presidente y CEO del gigante de la gestión de activos BlackRock, dirigida a los CEOs de las empresas donde su firma tiene participación accionaria tuvo gran impacto. En ella, Fink considera que la sociedad actual demanda a las empresas que sirvan o cumplan un propósito o fin social, es decir, que no solo estén en condiciones de brindar una buena performance financiera, sino que también esta última debe estar estrechamente ligada a una performance (y contribución) social positiva, donde se dejen de lado tanto la búsqueda de resultados cortoplacistas como así también satisfacer únicamente las necesidades de los accionistas de las empresas, para pasar a concebir una performance sostenible en el largo plazo que cuente con la inclusión de diferentes grupos de interés sobre los cuales las operaciones de la empresa tienen impacto: empleados, proveedores y socios de negocio, consumidores y las comunidades y sociedad más generales donde operan.
En este sentido, Fink propone avanzar hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo donde el deber fiduciario de velar por el interés de los accionistas o beneficiarios debe también integrar consideraciones sociales y medioambientales. En efecto, esto es lo que propone la iniciativa relacionada “Fiduciary Duty in the 21st Century” (El Deber Fiduciario en el Siglo XXI), encabezada por Al Gore, exvicepresidente de EU y activista medioambiental, en alianza con la iniciativa Principios de Inversión Responsable de la ONU: si no se tienen en cuenta e integran los aspectos ESG en los procesos de inversión, se puede no estar cumpliendo con los deberes fiduciarios hacia los accionistas debido a que sus inversiones pueden verse severamente afectadas por situaciones relativas a escenarios de crisis climáticas, sociales o de gobernanza, y, por ende, no ser sustentables a mediano y largo plazo. En síntesis: el no tener en cuenta estos aspectos puede llevar a la destrucción de valor para el accionista.
La carta de Fink y la propuesta de Gore se complementan con iniciativas de carácter colectivo que buscan de manera sistemática y proactiva crear espacios de diálogo a través de los cuales los inversores puedan influir de manera directa sobre las prácticas mismas de las empresas en donde invierten con respecto al impacto social de estas últimas. En este sentido, la alianza Climate Action 100+ es uno de los ejemplos recientes más interesantes: 256 inversores con más de 30 billones de dólares de activos bajo gestión acompañan esta iniciativa, cuyo objetivo principal en un plazo de 5 años es incentivar a las más grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero a mejorar sus esquemas de gobierno corporativo con respecto a riesgos de cambio climático, introduciendo planes con base a escenarios futuros posibles, reduciendo sus emisiones y reforzando sus sistemas de divulgación y reporte con respecto a riesgos climáticos en línea con los estándares más ampliamente aceptados.
La idea central aquí es que los inversores dialogarán y trabajarán junto a los directorios y el senior management de las empresas para ayudarlas a evaluar y reducir los riesgos y crear nuevas oportunidades de creación de valor a partir de una toma en serio de los desafíos que plantea los riesgos ESG. En otras palabras, los inversores se “arremangan” y, en vez de observar a distancia cómo las empresas avanzan (o no) en estos temas, se involucran de manera directa en el planeamiento de estrategias de sustentabilidad.
Quizás uno de los primeros resultados notables de nuevo “activismo” social y medioambiental por parte de los inversores haya sido la decisión de gigante petrolero ExxonMobil de comenzar a publicar información más detallada (aunque para muchos expertos todavía insuficiente) sobre riesgo climático a partir de una propuesta presentada por parte de varios de sus accionistas –entre ellos, un fondo de pensión estadounidense- que le pidieron en asamblea anual realizada en mayo pasado reconocer de manera cabal la realidad de la lucha contra el cambio climático y tomar medidas al respecto, incluyendo reporte de información más detallada.
Después de una primera negativa a la propuesta de los accionistas por parte del directorio, este último decidió revertir esta decisión a finales del año pasado, publicando el pasado 2 de febrero un reporte más completo sobre estos riesgos y cómo se prepara la empresa para enfrentarlos.
Los ejemplos de iniciativas, estrategias y casos que ilustran esta tendencia de alinear la performance financiera a una performance con propósito social le ha dado un nuevo sentido a la palabra “activismo” en relación a los inversores: de estar asociada a demandas cortoplacistas de resultados financieros inmediatos pasó a convertirse en sinónimo de buscar la sustentabilidad de las inversiones y negocios a través de un balance entre fines financieros y sociales que buscan tener un impacto positivo tanto para los accionistas como para el resto de los respectivos grupos de interés involucrados.
