El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) establecieron los límites a una posible investigación por compra y coacción de voto durante las pasadas elecciones presidenciales.
Leonardo Valdés, con sejero presidente del IFE y a nombre de los nueve consejeros argumentó que el instituto carece de atribuciones para sancionar esos ilícitos y destacó que los castigos son competencia estricta de la FEPADE.
En tanto, Imelda Calvillo, titular de la fiscalía electoral, aseguró que hasta el momento no contaba con testimonios que le permitan acreditar que hubo compra de votos en favor de algún candidato o partido político.
En un mensaje público leído por el presidente consejero, el Consejo General del organismo garantizó que las investigaciones relacionadas con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos se llevan a cabo con apego a la ley. No obstante, insistió, quien debe resolver los delitos electorales es la fiscalía especializada.
«Es importante aclarar que la competencia plena y las atribuciones del IFE en materia de origen y aplicación de recursos se ubican en los temas del control, vigilancia y fiscalización de los partidos políticos y sus campañas.
«Es en ese campo, y en la investigación de los procedimientos ordinarios sancionadores iniciados con motivo de actos de los distintos sujetos regulados, que pudieran implicar una presión o coacción del voto, donde el IFE realiza las indagatorias necesarias para emitir una resolución. Contrario a lo anterior, el IFE carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales establecidos en el Código Penal Federal, mismos que son competencia plena de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales», destacó Valdés en su pronunciamiento.
Mientras tanto, en una reunión con medios de comunicación, la titular de la FEPADE, Imelda Calvillo dijo que ese órgano no contaba hasta ayer con testimonios de quienes aceptaron vender su voto a cambio de un pago, recompensa o dádiva, que, aseguró, es requisito indispensable que debe de tener el Ministerio Público antes de poder consignar el expediente ante un juez.
«Podemos tener las documentales, las periciales, pero tenemos que acreditar todos los elementos necesarios que establece esta conducta delictiva. No podemos decir: ‘lo más seguro es que pasó así o lo más seguro es que pudo haber pasado de esta otra manera’. Por eso son muy importantes los testimonios directos.
«Es difícil, lo sabemos, que tengamos a estas personas declarando ante el Ministerio Público y que reconozcan que ellos comprometieron su voto», reconoció según una nota del periódico Reforma.
Explicó que quienes dieron su voto a cambio de un pago no incurrieron en ningún delito, pues el Código Penal Federal sólo sanciona a quienes compran el sufragio, por lo que las personas pueden acudir ante la Fiscalía a rendir su testimonio sin el temor de que podrían ser detenidos.
Calvillo dijo que la Fiscalía está en comunicación con el IFE respecto de aquellos casos que pueden llegar a constituirse como delitos, y precisó que cada institución tiene atribuciones específicas y su respectivo marco jurídico.
Indicó que, en el caso de la presunta compra de votos mediante el uso de tarjetas de las tiendas Soriana, la Fiscalía inició la averiguación previa de oficio, pues la coalición Movimiento Progresista, que responsabilizó al PRI por estos hechos, no ha presentado denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
«De oficio nosotros iniciamos las investigaciones. Por eso, también de oficio, solicitamos las declaraciones del personal de Soriana, incluyendo al apoderado legal, como se hizo del conocimiento hace unos días», apuntó.
En referencia al caso de los 78.8 millones de pesos manejados en monederos electrónicos, entregados a operadores de la campaña de Enrique Peña Nieto y fondeados con cuentas del banco Monex, la fiscal sostuvo que la averiguación previa se inició luego de que el IFE les dio vista del asunto denunciado por el PAN.
«En el caso de Monex, se han realizado diligencias y a muchas autoridades se les ha pedido información, como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y otras instancias que nos pueden aportar elementos para continuar con las investigaciones», aseveró Calvillo.
Documentará AMLO los gastos excesivos del PRI
Andrés Manuel López Obrador solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la invalidez de la elección presidencial y para ello buscará demostrar que el PRI gastó 4 mil millones y medio de pesos en la campaña de Enrique Peña Nieto, generando inequidad en los comicios.
El recurso legal contempla al menos una decena de causales, entre ellas el rebase de tope de gastos de campaña, la intervención de gobernadores y medios de comunicación y la compra y coacción del voto.
El eje central es la violación al artículo 41 constitucional, el cual establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres y auténticas.
Para ello, argumenta la alianza en su recurso, el propio TEPJF ha establecido en sentencias que una elección es producto del ejercicio popular cuando: el sufragio es libre y secreto; en el financiamiento público de los partidos y sus campañas electorales prevalece la equidad; existe certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el proceso; existe equidad en medios de comunicación.
En la demanda se argumenta que ninguna de esas condiciones básicas se cumplió en el proceso electoral.
Entre las causales de invalidez está la falta de equidad en el gasto. Por ejemplo, buscan demostrar que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña. Afirman que gastó 4 mil 599 millones de pesos, cuando el tope era de 336 millones.
Asimismo, indican que las encuestas estuvieron encaminadas a manipular a los ciudadanos, al pretender posicionar a Peña Nieto entre 15 y 20 puntos arriba de los otros candidatos.
«Presentaremos una demostración científica de cómo las encuestas fueron utilizadas como un método de propagada, de manipulación, de inducción del voto, y se ofrecen pruebas periciales para saber el impacto que tuvieron en la población. Para ello también se pedirá al IFAI que obligue a los partidos a que demuestren con qué encuestadoras pagaron mediciones, para reflejar la complicidad», dijo Ricardo Monreal, coordinador de campaña de López Obrador.
Una causal más es la compra del voto. Intentarán comprobar que se dio a través de tarjetas telefónicas, con la imagen del candidato priista, con diversos montos, con el ofrecimiento de materiales de construcción y electrodomésticos, así como con tarjetas Soriana, para canjearlas por productos de esa tienda.
También se acusará la intervención de los gobernadores priistas y funcionarios de esas administraciones de violar la Constitución al no ser imparciales y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por desempeñar un cargo o comisión incompatible con su función.
En este caso, argumentan, diversos funcionarios fueron designados coordinadores de campaña, además de usar recursos y programas de los gobiernos para apoyar a Peña Nieto. Se pone como ejemplo la actuación de algunos gobiernos, como el de Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
«Vamos a hacer una carpeta de cada estado, cuál fue su comportamiento electoral, cuál fue el cúmulo de irregularidades que se presentaron», añadió Monreal.
En el recurso se incluyen 300 videos, recopilados por el productor de televisión Epigmenio Ibarra, con testimonios de compra del voto, así como 400 denuncias presentadas ante la Fepade por diversos ciudadanos sobre coacción y compra del voto.
De acuerdo con el periódico Reforma, la coalición Movimiento Progresista intentará demostrar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el PRI gastó en la campaña de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, al menos 4 mil 599 millones 948 mil pesos, cuando el tope establecido fue de 336 millones.
En la impugnación, contemplan un cuadro sobre los recursos invertidos por el tricolor a lo largo de 90 días de proselitismo, en el que presumen que invirtió en publicidad mil 173 millones de pesos.
En dicho apartado, que habría costado, según los lopezobradoristas, 344 millones de pesos, se contemplan más de 3 mil piezas de promoción visual, como espectaculares, vallas, bardas e imágenes del ex Gobernador del Estado de México en unidades del transporte público.
En el rubro de publicidad también se contempla la campaña «Prodigy MSN», con un monto mensual de 11 millones; anuncios en redes sociales y espacios electrónicos de medios de comunicación con cifras superiores a los 10 millones de pesos al mes; «Cinespot», que fueron cápsulas transmitidas en cines, con un monto de 84 millones de pesos, así como publicidad en revistas asociadas con Televisa, por más de 5 millones al mes.
Así como distribución de monederos electrónicos expedidos por Banca Monex, con los cuales se pagó, apuntan, a 143 mil representantes de casilla, además de operadores regionales y delegados, por lo que aseguran que esto pudo costar 103 millones de pesos.
Si hubo compra de votos: Madero
Luego de pedir a Enrique Peña Nieto no engañarse porque sí hubo compra de votos “con billetazos”, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, ratificó que se coordina con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que se castigue la operación electoral priista a través de tarjetas del banco Monex.
En conferencia de prensa, Madero respondió a Peña Nieto, quien ayer acusó a sus adversarios de engañar sobre la presunta compra de votos y cuyas dudas han afectado hasta a Felipe Calderón.
–¿Peña miente a la sociedad?
–Sigue mintiendo, claro, ya lo habíamos dicho desde la campaña. A ver, que no se engañe Peña, (de) que hubo este tipo de irregularidades, las hubo. Que sean suficientes para demostrar que se puede anular la elección, también, es difícil, eso lo tendrá que hacer el PRD.
“Nosotros creemos que no, en la información que tenemos, pero si el PRD tiene mayor información lo presentará ante el Tribunal, pero que no se engañe Peña. Sí hubo y sigue haciendo el PRI una obtención de votos a su estilo, como yo lo he dicho coloquialmente, con engaños y a billetazos. Así se dio en esta elección sin duda”.
Madero, sin embargo, reiteró que ve difícil que se pueda anular la elección presidencial porque debe acreditarse que afectó a 25% de los votos; y sobre si el PAN busca encarecer la negociación con el PRI y la eventual toma de posesión de Peña Nieto, aclaró:
“El león cree que todos son de su condición, así lo hicieron estos batos en la toma de protesta de nuestro presidente Felipe Calderón, quisieron lucrar con estas posiciones. Nosotros estas cuestiones que tienen, que surjan de una convicción y no de un oportunismo político”.
El presidente del PAN precisó: “Nosotros lo estamos haciendo porque estamos convencidos de las dos cosas: que no ganamos la elección y lo reconocimos, y que hubo fallas serias que se tienen que analizar, se deben castigar y deben corregir”.
Fuente: e-consulta.com
Publicada: 12 de Julio de 2012
