Por más de dos décadas el Gobierno federal ha tratado de restaurar la presencia del lobo mexicano en su hábitat natural en los estados de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos, un proyecto que divide a los defensores del medioambiente y los rancheros.
Considerado una subespecie del lobo gris, el lobo mexicano fue agregado a la lista de especies en peligro de extinción en 1976, tras ser casi exterminado en esa región como consecuencia en gran medida de su cacería indiscriminada a lo largo de esa década.
No fue hasta 1998 cuando el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) de EU soltó los primeros lobos mexicanos en la región suroeste de Arizona, para después hacer lo mismo en Nuevo México, y de esta forma tratar de restablecer la presencia del animal en la región.
Desde entonces, el proyecto ha estado plagado de controversias y ha divido a defensores del medioambiente, que apoyan los esfuerzos del gobierno federal de aumentar la población de estos animales, y los rancheros que temen la cercanía de este depredador.
“Tenemos la responsabilidad moral y legal de velar por el lobo mexicano, la gente fue la culpable de exterminar prácticamente este animal”, dijo a Efe Sandy Bahr, directora en Arizona del grupo conservacionista Sierra Club.
De acuerdo con cifras del Equipo de Campo de Reintegración del Lobo Mexicano (IFT), hacia finales de 2015 un total de 97 lobos mexicanos habitaban en Arizona y Nuevo México, una cifra menor a la reportada a fines de 2014, cuando se contabilizaron 110, lo que los investigadores atribuyen a que menos cachorros lograron sobrevivir.
Con un papel vital en el ecosistema del lugar en el que moran, desde un punto de vista científico, se estima que actualmente hay 47 lobos mexicanos en Nuevo México y otros 50 en Arizona.
Bahr reconoció que existe una cierta oposición al proyecto que persigue su protección, pero aseguró que es menor a quienes apoyan estas medidas.
“Creo que la oposición más grande existe entre la industria ganadera y políticos que se oponen a la ley federal de la defensa de los animales”, aseguró esta defensora del medioambiente y los animales.
Parte del problema, que ha merecido que el caso haya llegado incluso a los juzgados, es que tanto Arizona como Nuevo México proponen ser los que estén a cargo del proyecto y no el Gobierno federal.
Por su parte, Caren Cowan, presidenta de la Asociación de Ganaderos de Nuevo México, con sede en Alburquerque, dijo a Efe que los rancheros viven en constante temor por la presencia de estos depredadores carnívoros.
“Existen áreas rurales donde los padres han construido jaulas con alambre para que sus hijos los esperen dentro cuando bajan del autobús escolar, porque los lobos están rondando”, aseguró la representante de ganaderos y rancheros locales, que insistió en que los lobos mexicanos causan serios daños al ganado de las fincas.
“No puedo pensar en ningún otro negocio en el país en el que el Gobierno federal libera depredadores para que maten los animales de los que dependes”, afirmó.
Aunque en años recientes se estableció un fondo monetario para compensar a los rancheros por los daños causados por los lobos mexicanos, Cowan considera que ello no es suficiente y señaló que el año pasado se asignaron cerca de 60 mil dólares para este fin, que se agotaron rápidamente.
Explicó que una vaca puede costar entre 800 a mil dólares por cabeza y que se han registrado casos en donde los rancheros han perdido hasta 20 animales en un solo ataque de lobos.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre anunció la semana pasada que planea liberar este verano una nueva manada de lobos mexicanos y cachorros en Nuevo México, ante lo que el estado avisó de sus intenciones de entablar una demanda.
En Arizona, actualmente se halla en curso una demanda contra agencias del Gobierno federal, a las que acusa de no desarrollar una versión actualizada de un plan de 1982 ideado para proteger e incrementar la población de lobos mexicanos.
Arizona desea que se establezca un límite en el número de animales que pueden ser liberados.
Fuente: sinembargo
