Por Leopoldo Lara
“Más vale malo conocido que bueno por conocer”.
A través de este dicho popular tan arraigado en nuestro país y en prácticamente toda Hispanoamérica, es posible enmarcar nuestra tradicional desconfianza hacia lo nuevo, hacia los demás.
Las cinco “Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas” llevadas a cabo por la Secretaría de Gobernación entre 2001 y 2012 lo dejan de manifiesto: sólo un 19.4% considera que la mayoría de la gente es confiable; un 44% de los ciudadanos considera como muy difícil organizarse con otros ciudadanos en una causa común de beneficio colectivo y ocho de cada diez no participan habitualmente en reuniones para discutir temas políticos.
¿Será por eso que somos el país con menos personas trabajando en organizaciones sin fines de lucro de América Latina (voluntariamente o mediante un pago) con apenas el .4% de la población, poco más de seis veces menos que en Perú, en donde lo hace el 2.5% de sus ciudadanos?
¿Será por eso que en las elecciones locales pasadas no se superó ni el 35% del padrón de participación ciudadana en el país?
Lo cierto es que es justamente la falta de confianza lo que impide que los resultados se concreten y que nuestro país crezca. No se diga sus comunidades.
Si no existe confianza difícilmente habrá corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno y tanto la seguridad como el desarrollo económico requieren de ese accionar conjunto para que proporcionen resultados de mediano y largo plazo y no sólo chispazos de ellos.
Dice Enrique Cabrero Mendoza en el reporte de competitividad del CIDE “Retos de la Competividad Urbana en México” (2012), que “no hay agenda posible para la competitividad urbana sin la participación conjunta de gobierno, empresarios, ciudadanos y grupos sociales diversos”, pero que esta a su vez es complicada porque los gobernantes tienen miedo o se sienten inseguros de convocar a los ciudadanos a través de redes abiertas que “puedan construir acuerdos y compromisos estables” y a su vez los empresarios y grupos de interés prefieren muchas veces “buscar los acuerdos privados con la autoridad… aun y cuando esto en ocasiones no signifique el mejor camino para el desarrollo de la ciudad”. Los ciudadanos por nuestra parte, estamos poco organizados y desconfiamos de la autoridad e incluso de los propios grupos empresariales y preferimos, dice Cabrero, “observar pasivamente el caos urbano”.
¿Qué falta para que ese ejercicio colectivo pueda lograrse en conjunto?
Falta transparencia, rendición de cuentas y un trabajo serio y sustentado en indicadores precisos y medibles, diseñados sobre un plan de mediano y largo plazo, con garantía de continuidad.
Por eso han crecido los países y las ciudades en el mundo en donde los planes de gran visión son el eje rector de su desarrollo.
En México hay intentos, algunos han avanzado unos años más que otros, al final los intereses personales ligados al poder y el miedo de los gobernantes ineptos, han logrado detenerlos y con ello también a la competitividad y al crecimiento armónico de las comunidades.
¿Estamos condenados al fracaso en materia de competitividad? ¿Seguiremos sin encontrar la fórmula para salir adelante?
Parece que los gobiernos continúan adormecidos en el tema. Aun cuando de pronto hay intentos de diálogo y de ejercicios cogestionados, éstos terminan siendo luz de un solo día y anécdotas consideradas incluso inocentes o soñadoras por parte de los políticos que se atreven a “abrirse”. La transparencia está ligada con la inocencia. Se dice que “si hay que transparentar pero sólo lo que se pueda justificar, lo que no genere un conflicto mayor”.
El problema es que si no hay transparencia ni rendición de cuentas, nadie tendrá confianza en los gobiernos ni en las instituciones y ante ello continuaremos, como continuamos, en la misma posición mediocre y sin futuro.
Por ello las propuestas en donde empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil están desarrollando ejercicios para el fortalecimiento del tejido social a través de prácticas socialmente responsables no deben ser desdeñadas, significan una propuesta seria en la que los resultados son visibles.
Sin duda una gran oportunidad para que los gobiernos se involucren y perfilen alianzas intersectoriales en las que la experiencia y capacidad de los empresarios para gestionar y operar proyectos; la metodología de los académicos; el trabajo de campo de las organizaciones de la sociedad civil y el ejercicio responsable del presupuesto público por el gobierno se convierta en ese motor para el desarrollo social y económico de nuestras comunidades y de México.
Sin duda será una manera distinta de hacer las cosas, de cara a los demás y rindiendo cuentas.
Una en la que el miedo o la ambición dejen de ser el factor central para tomar decisiones y la certeza de un mejor presente y futuro, sea nuestra única motivación.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
