Por Leopoldo Lara
“Tener más dinero no significa que un gobierno sea bueno para gastar y que se va a tener un impacto positivo para la ciudadanía”.
Así lo expresó el diputado federal Zepeda Vidales -sonorense- en su intervención ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en la madrugada del 14 de noviembre, cuando aprobaron, casi por unanimidad, el históricamente alto Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014, producto de reformas fiscales como la homologación del IVA en la frontera, la modificación del ISR y el déficit público (gastar más de lo que se recauda) que este año equivaldrá a 260 mil millones de dólares, el 1.5% del PIB.
Hago mención a su discurso, porque él reconoció y valoró el activismo que la sociedad civil, a través de organizaciones como Fundar, Gesoc, México Evalúa e Imco llevaron a cabo a través del movimiento colectivo “Los recursos de todos a la vista de todos #CuentasClaras” y que fue avalado por miles de ciudadanos dispuestos a un verdadero cambio de visión en este tema del gasto de los recursos públicos, aportados con el esfuerzo de todos.
Señaló que gracias a esas propuestas de la sociedad civil, el presupuesto contará con medidas que harán posible que los ciudadanos conozcan más de cerca la ruta del gasto público, lo que era una asignatura pendiente en la propuesta que originalmente envió el Ejecutivo al Congreso.
¿Cuál fue el motivo de estas propuestas, para qué servirán?
Fundamentalmente por la ineficacia en el gasto público por parte de los gobiernos (federal, estatal y municipal) o la incapacidad para demostrar que sí lo fue.
Tan sólo en este año, según información del INDEP 2013 (Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales) elaborado por la propia Gesoc, A.C. existen al menos 44 programas federales para el desarrollo social (que representan el 26% de los 169 que existen) con subsidio del presupuesto público, que se encuentran en la peor categoría de evaluación del desempeño denominada “la caja negra del gasto social federal” lo cual implica que no existe información pública de ninguna índole sobre esos programas, es decir, no hay manera de conocer la calidad de su diseño, la capacidad mostrada por el programa para cumplir sus metas ni la cobertura o grado de impacto sobre la población. Nada de eso hay en esos 44 programas federales en los que este año se gastaron más de 57 mil millones de pesos.
La buena noticia es que este año estuvo “mejor” que el 2012, cuando los recursos gastados en “caja negra” ascendieron a 153 mil millones de pesos.
Y así de terrible en otros rubros, como en el del gasto por comunicación social y publicidad oficial, en donde un estudio de Fundar, A.C. revela que en el sexenio de Calderón existieron sobreejercicios (gastar más de lo presupuestado) de más del 66% y que en este presupuesto para 2014 las cosas no pintan mejor.
Ante esos antecedentes tan opacos y alarmantes y sobre todo ante la elevación del actual presupuesto con carga a los bolsillos ciudadanos, este colectivo social presentó una serie de propuestas para que la Ley de Egresos de este año contemple dispositivos legales que permitan una fiscalización más profunda y eficiente y con eso se logre priorizar la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, a través de obligaciones para los tres órdenes de gobierno.
El propio Secretario de Hacienda declaró públicamente su reconocimiento a las diversas organizaciones de la sociedad civil que les “permitió establecer una mesa de trabajo con especialistas en materia de gasto público que resultaron diversas recomendaciones que hicimos conjuntamente a la Cámara de Diputados, y que fueron aceptadas por los legisladores. Y esto representa innovaciones muy importantes en el control ciudadano del ejercicio del presupuesto”.
Mencionó por ejemplo, que “por primera vez, las dependencias (federales) estarán obligadas a hacer pública la información sobre las variaciones en el ejercicio de los recursos con respecto a lo que se aprueba en el Presupuesto, a los padrones de beneficiarios, y de manera muy importante, el resultado de los programas”. Con ello pretender otorgarle al ciudadano “mayor capacidad de conocer no solamente qué es lo que aprueban los diputados, sino cómo lo están ejerciendo cada una de las dependencias del sector público”.
Finalmente, tenemos un presupuesto aprobado, el más grande de la historia. Es posible tenerlo gracias a reformas fiscales que afectan los bolsillos ciudadanos y a un déficit público que nos endeudará hacia el futuro. La sociedad civil ha exigido que se incluyan mayores controles y se evalúe más de cerca, los diputados lo han incorporado y lo han hecho suyo, el gobierno federal lo acepta y agradece.
Hace falta aún que los gobiernos estatales y municipales tomen cartas en la materia y que se incorporen a este esquema de corresponsabilidad.
¿Será este el momento?
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
