El programa

Por Leopoldo Lara

¿Para qué desarrollar un programa que frene la violencia y la delincuencia?

La respuesta parece obvia a estas alturas de nuestro país, pero en los números se aprecia su verdadero dramatismo.

Tan sólo en cantidad de homicidios, según datos del INEGI, del 2005 al 2011 “crecimos” de 8 muertos por homicidio por cada 100 mil habitantes (cuando la media mundial era de 8.8) a 24 por cada cien mil.

En los años recientes, hemos visto a muchas ciudades mexicanas ubicarse en el índice de las “ciudades más violentas del mundo”.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2012, los delitos del fuero federal se incrementaron en más de un 80% en la primera década del siglo.

Y qué me dicen del informe rendido por Osorio Chong al tomar las riendas de la Secretaría de Gobernación en diciembre pasado, cuando mencionó que al menos uno de cada tres hogares reporta en México haber tenido una persona víctima de la violencia y la delincuencia; o el dato de que en los últimos cinco años se han cometido 10 millones 600 mil delitos en México, de los cuales sólo el uno por ciento se castiga.

Cifras que ponen los pelos de punta y que permiten explicar las condiciones de vida de nuestras comunidades, con grandes rezagos económicos y sociales.

Los factores que incrementaron estas cifras ya los conocemos: la confrontación entre grupos criminales y la falta de coordinación entre autoridades que pudieran poner un freno a ello, entre otros. Lo reconoció el propio Gobierno Federal cuando hizo su diagnóstico.

Pero además de los factores inmediatos, ¿cuáles son las causas que han permitido que muchas de nuestras comunidades sean incapaces de asumir y afrontar éste y otros problemas y que nos mantiene inmersos en una severa crisis de identidad, con un altísimo nivel de desplazados (de las ciudades y estados fronterizos hacia Estados Unidos, por ejemplo) y por consecuencia en una crisis económica ante la falta de inversión privada de los propios habitantes de esas comunidades?

En materia de competitividad, no sólo las ciudades fronterizas sino en general todas las del norte han caído dramáticamente en las mediciones de estos años.

¿Qué nos ha sucedido para que esta crisis de seguridad nos mueva tanto el panorama general? ¿Qué ha fallado?

El problema de la inseguridad no pudo ser motivado por falta de recursos. Tan sólo el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus diversos órganos desconcentrados aumentó en un 538%, al pasar de poco más de 6 mil millones de pesos en 2001 a más de 40 mil millones de pesos en 2011.

Habría que ver qué se hizo de manera paralela, cómo se asumían los verdaderos problemas de nuestras comunidades: la falta de tejido social y la falta de confianza de unos con otros y con las instituciones.

Parece que en esa línea nunca se tuvieron las cosas claras, al menos no al mismo ritmo que el discurso.

Había mucho recurso para “soluciones” punitivas pero poca visión en materia preventiva. Quizá por eso no hubo soluciones en ambos campos. Hoy tenemos altos índices delictivos y sociedades sin capacidades cívicas. Ahí está la participación ciudadana en la última elección local que lo respalda.

Por eso los “arreglos” que se hicieron en Tijuana y en Juárez (con grandes presupuestos) pueden ser un espejismo, porque si no se aborda “desde abajo” el problema, tomando en cuenta la visión de la propia comunidad, el dinero nada logra, al menos no de manera sostenida.

Digamos que es muy importante voltear a ver a las ciudades inmersas en el “problema” de la seguridad y por supuesto fortalecer sus presupuestos e impulsar su visibilidad, pero desde un enfoque distinto, en el que sea su propia sociedad la que proponga, analice y decida sus políticas públicas e intervenga en la ejecución de los recursos, de manera real y no sólo simuladamente.

La conformación efectiva de una Alianza verdadera entre sociedad civil organizada, academia, empresarios y gobiernos no admite un segundo más de retraso.

El Pacto Federal atraviesa hoy en día uno de sus retos principales: mantener la cohesión hacia el interior de las comunidades que lo conforman. La confianza de quienes las habitamos se vuelve un elemento crítico. Si ésta se da, la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno logrará impulsar acciones que trasciendan. De no ser así, seguiremos gastando el dinero público sin resultados, apenas sobreviviendo el día y a día y viendo la primera oportunidad para emigrar a mejores condiciones de vida para nuestras familias.

Desarrollar un programa para frenar la violencia y la delincuencia se convierte en un punto de inflexión para nuestra generación, asumirlo con la seriedad que amerita puede convertirlo en un beneficio para las generaciones que vienen.

José Leopoldo Lara Puente

Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.