Ambientalistas advierten que proyectos de desarrollo en Brasil y Perú amenazan con aumentar la deforestación y ponen en riesgo la supervivencia de especies en la selva amazónica.
Pocas veces, posiblemente nunca antes, el debate por el medio ambiente se plasmó tan concreta y dramáticamente en términos políticos como en los últimos meses.
La amenaza sobre “el pulmón del universo”, como se conoce al Amazonas, es cada vez más grande, pero los respectivos gobiernos la enfrentan con numerosas contradicciones, de acuerdo con las críticas de las organizaciones ambientalistas.
Según el Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), los efectos del cambio climático y el ritmo de deforestación a la que es sometida la selva amazónica provocarían, para el año 2030, daños irreparables en 60% de su territorio e incluso su posible desaparición.
Ello, fruto de la hipotética emisión de entre 55 mil y 97 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, casi la misma cifra que se emite en todo el mundo actualmente en el lapso de dos años.
Poseedor de 65% del Amazonas, Brasil ha enfrentado el problema con diferentes estrategias. Recién este año, según la ONG Imazon, que realiza un monitoreo sobre el Amazonas, asegura que la deforestación se redujo 47%, fruto de la política, por momentos errática y contradictoria, del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva sobre esa área que acapara las miradas de todo el mundo.
Una ley controvertida
Pero el pasado 29 de junio el presidente Lula promulgó una ley controvertida: la regularización de las tenencias de tierras por particulares o empresas privadas, una medida que afecta 67 millones de hectáreas en la Selva y que para la ex ministra de Medio Ambiente y actual senadora, Marina Silva, equivale a “una derrota”.
“Será un perjucio irreparable desde el punto de vista ambiental. Con esas personas, aptas para tomar créditos u otros beneficios (porque se les regularizó la tenencia de sus tierras), aumentará la deforestación y la presión sobre la selva”, acotó Silva, una militante por el control ambiental del Amazonas y discípula del asesinado dirigente Chico Mendes. En ese marco, el senador oficialista (PMDB-aliado del PT) , Valdir Raupp de Mattos, presentó un proyecto que busca como meta “la deforestación cero”, aunque las críticas continúan.
La otra demostración de que los temas ambientales se han convertido en en asuntos políticos tuvo lugar en el Amazonas peruano hace un mes, cuando el gobierno de Alan García, que desde hace dos años pugna por desarrollar esa zona a través de proyectos petroleros y mineros, decidió reprimir la protesta de las comunidades indígenas de la región, en una acción que terminó con decenas de muertos.
Sudamérica debate
Perú y Ecuador son los países que mejor lograron conservar sus zonas selváticas. Pero la propuesta del gobierno de Alan García para desarrollar proyectos industriales en la región aumentaría la amenaza de deforestación y la supervivencia de numerosas especies animales y vegetales, como así también de cientos de miles de familias, de acuerdo con la opinión generalizada de todas las organizaciones ambientalistas.
Argentina y Chile también sostienen debates sobre la conservación del medio ambiente ante el desmedido desarrollo de los cultivos de soya transgénica y el uso indiscriminado de glifosato en los cultivos argentinos o la deforestación a la que es sometida la Patagonia chilena por culpa de la creciente industria maderera.
Más allá de la creciente politización de la problemática ambiental, los gobiernos de la región se preparan, con sus respectivas estrategias, para amortiguar las críticas por sus controvertidas acciones y medidas, con vistas a la Decimocuarta Conferencia de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, que tendrá lugar en diciembre próximo en Copenhague, ahora que en Sudamérica el calentamiento global y la conservación del medio ambiente lograron ingresar en el primer orden de la agenda política.
