En los países democráticos, el Estado está llamado a jugar un importante rol en la promoción de la RSE. En este artículo se procurará fundamentar esta afirmación y sugerir algunas ideas sobre las acciones que podría emprender el Estado para fomentar su desarrollo en los países de América Latina.
Para comenzar y a los efectos de ser claros, importa señalar que este autor entiende que la RSE es algo voluntario y, en consecuencia, lejos está en el espíritu de lo que aquí se plantea, sugerir la necesidad de crear un marco legal que la regule. Nuestra posición sobre este tema puede leerse en el artículo “Regulación o voluntariedad de la RSE: una nueva forma de plantear el debate”, publicado en Diario Responsable el 8 de Diciembre de 2009.
¿Por qué el Estado debe promover el desarrollo de la RSE? Primer argumento. Con independencia de las posturas ideológicas y políticas, existe un amplio consenso en las sociedades democráticas modernas sobre la misión del Estado como “garante del Bien Común” [1] (aunque no exista unanimidad acerca de lo que se entiende por este concepto).
Por lo tanto, en la medida que el accionar de las empresas privadas impacta sobre ese Bien Común (nivel y calidad del empleo, seguridad de los bienes y servicios, estado del medio-ambiente, etc.), el Estado está llamado a apoyar y promover las prácticas empresariales que agregan valor para la sociedad y que reducen los impactos negativos de la actividad empresarial sobre ella y el medioambiente.
En efecto, se podría hacer el siguiente paralelismo: así como el cumplimiento de la ley es el piso sobre el cual agrega valor al RSE, de igual modo, la promoción de la RSE es el plus que aporta el Estado por sobre sus funciones básicas (su piso) de legislar, hacer cumplir las leyes e implementar políticas sociales y económicas, operar servicios públicos estratégicos, etc. Segundo argumento. En los hechos, el Estado es un actor institucional que “hace cosas” que impactan sobre los ciudadanos, las organizaciones sociales, las empresas, la sociedad en su conjunto y el medio-ambiente.
En particular, en muchos de los países latinoamericanos, el Estado gestiona empresas (esto es particularmente importante en mi país, Uruguay), brinda servicios públicos a los ciudadanos y a las organizaciones y es el comprador más grande en cualquier economía de la región. De esta situación se deriva que, al igual que las empresas y otras organizaciones, el Estado deba responder por las consecuencias de sus acciones y decisiones; es decir, debe plantearse cuál es su propia Responsabilidad Social.
El Estado como promotor de la RSE: actor y entorno. Importa detenerse a pensar que el Estado se relaciona con el mundo de la empresa desde dos perspectivas: como agente económico y como parte del contexto. En efecto, tal como se mencionó más arriba, el Estado compra y vende, siendo el agente de mayor peso en cualquier economía moderna. Este peso le otorga un gran potencial para operar como promotor de la RSE a través de sus propios comportamientos como agente económico.
Pero, además, el marco legal de los países, las políticas y la gestión del Estado son parte del contexto y operan como impulsores (positivos o negativos) de la RSE a través de múltiples aspectos, como por ejemplo: las reglas de juego y las garantías que se ofrecen para el cumplimiento de los contratos, la existencia de mecanismos para la selección de proveedores, la aplicación de exoneraciones fiscales como contrapartida a la introducción de prácticas ambientalmente responsables y proyectos empresariales de impacto social y, en general, a través del ambiente de negocios que genera el accionar del Estado.
Acciones que podría emprender el Estado para promover la RSE. En la literatura especializada y en los foros de discusión se han sugerido diversos cursos de acción que podrían emprender los estados a efectos de promover la RSE. Se entiende que una contribución que facilita la reflexión sobre este tema, consiste en dividir esos cursos de acción en cuatro categorías:
1) creación de un ambiente de negocios propicio para la RSE;
2) políticas específicas para estimular la introducción de prácticas social y ambientalmente responsables;
3) articulación con las empresas privadas para la implementación de algunos proyectos sociales y
4) la RSE de las empresas y organismos del Estado.
1. El ambiente de negocios. Quizá el mayor aporte del Estado a la RSE consista en consolidar un ambiente de negocios que torne atractivos los comportamientos social y ambientalmente responsables. Poner reglas de juego que establezcan claramente los derechos y obligaciones de las empresas, hacer que la justicia funcione, asegurar el cumplimiento de los contratos, prevenir y castigar duramente las prácticas de corrupción, actuar en forma equilibrada en las negociaciones entre empresas y trabajadores, vigilar que se cumplan las normas ambientales, defender los derechos de los ciudadanos en tanto consumidores, incluir en el sistema educativo la formación en valores de ciudadanía, son algunos ejemplos de acciones del Estado que favorecen la creación de ese ambiente de negocios.
2. Políticas específicas para estimular el comportamiento responsable de las empresas. Las políticas son, entre otras cosas, herramientas para la consecución de fines que el Estado considera buenas u oportunas. El abanico de políticas que servirían para promover la RSE es muy amplio, ya que se pueden formular y aplicar desde diversos ámbitos del Estado. Por esa razón, en lo que sigue se plantean dos ejemplos: la introducción de ventajas impositivas y las compras públicas responsables.Ventajas impositivas.
En la literatura abundan sugerencias en materia de exoneraciones y otros estímulos tributarios a la RSE, pero también es posible observar una especie de reduccionismo a la demanda de exoneraciones fiscales para las actividades filantrópicas y las acciones en beneficio de la comunidad. Se entiende aquí que el manejo de este tipo de políticas para promover la RSE va mucho más allá del estímulo a las acciones sociales de las empresas, para enmarcarse en un enfoque mucho más amplio y con abordaje estratégico. Estamos pensando en exoneraciones tributarias para empresas que participen en proyectos de desarrollo social alineados con las políticas de sociales y de desarrollo impulsadas por el Estado. A modo de ejemplo, se podría utilizar esta herramienta para fomentar:
a) la inserción laboral de personas socialmente vulnerables (en particular los jóvenes de menor nivel socio-económico) y de personas con capacidades diferentes;
b) la reincorporación de adultos mayores de 40 años que perdieron su trabajo;
c) la instrumentación de negocios inclusivos en la cadena de valor de las empresas privadas;
d) iniciativas empresariales de apoyo económico a proyectos de desarrollo comunitario; e) inversiones que reducen el impacto ambiental e inclusive aquellas orientadas a recuperar ambientes ya deteriorados.
Las compras públicas responsables se definen como “un mecanismo de mercado”[2] que emplean los estados cuando actúan como compradores (consumidores). Dichos mecanismos incluyen un conjunto de normas y procedimientos que incentivan a las empresas a cumplir determinados estándares de RSE para ser proveedores del Estado.
Dado que las empresas que incorporan esos estándares suelen trasladarlos a los otros mercados en que operan, se puede generar un efecto “derrame” sobre las demás empresas que operan en esos mercados, para no perder competitividad en ellos. Las compras públicas responsables son aplicadas por muchos países de la OCDE y, en nuestra región, Chile se encuentra a la vanguardia en la introducción de este tipo de políticas.
El Estado chileno lo aplica mediante un sistema denominado ChileCompra, que incluye los procesos licitatorios y un procedimiento de compra por catálogo electrónico (ChileCompra Express). 3. Articulación con las empresas privadas para aplicar políticas sociales. Tal como ha señalado la escuela de pensamiento que promueve el modelo de Negocios Inclusivos[3], las empresas privadas tienen mucho para aportar a la lucha contra la pobreza y la creación de mejores condiciones de vida en América Latina: capital humano, know how, redes comerciales, tecnología, etc.
La búsqueda de socios en el sector privado, para la implementación de proyectos sociales, serviría para mejorar la eficacia de esos proyectos. Pero también tendría un impacto positivo sobre el desarrollo de la RSE, ya que las empresas que participen en los mismos recibirían retornos positivos en su reputación corporativa (derivada de la difusión de esos programas), en sus relaciones laborales (por ejemplo, si incluyen programas de voluntario corporativo) o en muchos otros aspectos sobre los cuales la RSE genera beneficios a las empresas.
4. A nuestro juicio, la RSE en las empresas y organismos del Estado no puede ser una opción. Por su misión de servir a la sociedad (que es su cliente y accionista al mismo tiempo), el sector público TIENE QUE SER social y ambientalmente responsable.
Pero además de ese imperativo ético, la incorporación de la RSEP (dada su especificidad, quizá sea conveniente incorporar el término “públicas”) seguramente se constituirá un impulsor de la RSE en el sector privado, por el importante peso del sector público en la economía de la mayoría de los países latinoamericanos y por su participación en prácticamente todas las cadenas de valor.
