El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que las organizaciones civiles (ONG) tienen derecho a promover el voto, tal como lo reglamentó el instituto Federal Electoral (IFE), pero ordenó a éste a modificar esa normativa y cancelar la posibilidad de que el Instituto otorgue recursos públicos a esas organizaciones para apoyar sus actividades.
La magistrada ponente María del Carmen Alanís explicó que al PRD y PT y el entonces Convergencia, quienes impugnaron el reglamento, no les asistía la razón en considerar inconstitucional que estas organizaciones pudieran promover el voto.
Sin embargo, sí les dio la razón en su argumento de que no pueden recibir recursos públicos de parte del IFE.
Alanís consideró que es prerrogativa exclusiva de los partidos políticos establecida en la ley, el recibir recursos públicos para sus operaciones, que entre otras cosas, incluye la promoción del voto. Recordó que en la reforma de 2008 el legislador, incluso descartó el financiamiento que recibían las Agrupaciones Políticas Nacionales, registradas ante el IFE.
«Las bases constitucionales en las que apoya el motivo de inconformidad el recurrente, no establecen la exclusividad a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral, de las acciones pendientes a la promoción del voto. Resulta válido que las organizaciones ciudadanas puedan realizar esta promoción, campañas de difusión para promover el voto», explicó Alanís.
Se excede en la facultad
Consideró que decir lo contrarió afectaría los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Por su parte, el magistrado Pedro Esteban Penagos apuntó que «en mi concepto la autoridad administrativa electoral sé excede en su facultad reglamentaria en este aspecto, al disponer sobre los recursos públicos para un destino que no está contemplado ni en la Constitución ni en la ley, ya que el legislador constitucional y el legal descartó la posibilidad de conceder financiamiento público a las organizaciones ciudadanas, pues solamente estableció el otorgamiento para los fines que persiguen los partidos políticos que son desde luego diferentes a los de esas organizaciones.»
Al respecto, la representación perredista ante el IFE celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le diera la razón respecto de que el Instituto excedió sus atribuciones al resolver entregar financiamiento público a grupos ciudadanos para promover el sufragio.
Fuente: Excélsior, Nacional, p. 4.
Por: Aurora Zepeda.
Publicada: 8 de septiembre de 2011.
