Los trabajadores contarán con un canal anónimo de denuncia
Las grandes empresas del textil y cadenas de distribución norteamericanas y canadienses han acordado crear un fondo de 100 millones de dólares para mejorar las condiciones de seguridad de sus proveedores en Bangladesh dentro de un plan de respuesta al derrumbe del edificio Rana Plaza, que causó más de 1.129 muertos el pasado mes de abril.
El fondo se empleará para que las empresas del país asiático tengan acceso a créditos y capital suficiente con los que poder llevar a cabo las medidas correctoras con las que hacer las fábricas más seguras de acuerdo a las recomendaciones de las inspecciones que se llevarán acabo.
Los miembros de la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, que esta compuesta por 17 compañías entre las que figuran GAP y Wal-Mart, aportarán también fondos adicionales para que en un periodo de cinco años se puedan llevar desarrollar programas específicos de seguridad, y que hasta el momento asciende a 42 millones de dólares.
La iniciativa realizará inspecciones de la totalidad de los proveedores de las compañías firmantes durante el primer año de actuación, de acuerdo a normas de seguridad comunes que serán acordadas en los próximos tres meses, y se pondrán en marcha Comités de Participación de Trabajadores en cada una de las plantas de producción.
Gracias a estas medidas los trabajadores bangladeshies contarán, a partir de noviembre de este año, de un canal de denuncia anónimo con tecnología móvil a través del cual poder comunicar irregularidades, y que será administrado por una tercera parte independiente.
Los inspectores darán prioridad a los riesgos de seguridad de la fábricas para que se adopten las medidas necesarias, y deberán informar inmediatamente a los miembros de la alianza, a los propietarios de los edificios, los trabajadores y el gobierno de Bangladesh con las medidas que se tiene que adoptar, entre las que figura el cierre de los centros y la evacuación de trabajadores.
Para éstos últimos casos la Alianza ha dispuesto que se destine el 10 por ciento del fondo para apoyar financieramente a los empleados que es vean afectados por cierres temporales de las empresas cuando se tengan que llevar a cabo las mejoras de seguridad precisas.
Se seleccionará, en los próximos 30 días, a una organización no gubernamental que trabaje en el país para que puedan desarrollarse ciertas partes del programa diseñado por las multinacionales norteamericanas.
Por último, se harán públicos informes seminanuales sobre la evolución y progresos de las medidas adoptadas, y se ha pedido a los senadores George J. Mitchell y Olympia Snowe para que lleven a cabo una verificación independiente sobre la efectividad del programa al cabo de los dos primeros años.
Fuente: Servimedia
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