De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona tiene derecho a un empleo —el cual es libre de elegir—, que le brinde condiciones justas y le otorgue satisfacción. Sin embargo, el trabajo en México, así como en otras naciones, suele carecer de estas características básicas.
Datos de la la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) afirman que en nuestro país el 59.4% de la población mayor de 15 años ejerce alguna actividad laboral. Aunque lo alarmante es que, al menos al cierre del 2021, 31.6 millones de mexicanos se encontraban en trabajos informales, que no les ofrecen seguridad social ni prestaciones.
La problemática anterior afecta, sobre todo, al sector agropecuario —que se concentra en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde el 70% de la población labora sin ninguna regulación— vulnerado a las y los colaboradores y aumentando los índices de pobreza
