Después de que en la autopista México-Cuernavaca dos personas fallecieran a causa de un socavón que se abrió, comenzó un debate sobre la necesidad de hacer una reforma a la Ley de Obra Pública y transparentar los procesos que lleva a cabo el gobierno.
“Tenemos que empezar a revisar no solo los lugares en donde ya ocurrió la corrupción, sino los lugares en donde se da la corrupción. Por eso tenemos que tener una Ley de Obra Pública con un enfoque anticorrupción, porque es ahí en donde se presentan los problemas”, asegura Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
Por otro lado, la Coparmex sugirió a los diputados la discusión y aprobación inmediata de reformas y cambios necesarios a las leyes relacionadas con las compras gubernamentales y licitaciones “demandamos la implementación de las mejores prácticas internacionales en la licitación y contratación, así como en la ejecución de la obra pública”.
Actualmente, ya se está trabajando en la redacción de propuestas para reformar los ordenamientos legales, que serán presentadas en los próximos meses.
“Los acercamientos que hemos tenido han sido por asuntos técnicos e informales para conocer las preocupaciones de ambos, pero al inicio del periodo ordinario muy probablemente llegaremos con una propuesta formal de una legislación nueva en materia de obra pública”, dice Bohórquez.
Una de las discusiones que podrían llegar a la tribuna legislativa, será si debe existir una ley general de obra pública y una de adquisiciones, para asegurar que en el país existan las mismas condiciones para comprar o venderle al estado.
En materia de transparencia, los expertos dicen que en la Ley de Obra Pública se necesitan cambios a favor de ella.
En la actualidad, ya no existen diagnósticos periódicos que permitan una planeación y esto da como resultado una deficiencia en el nacimiento de la obra.
“Necesitamos que la ley exija un inventario y se lleven a cabo diagnósticos y necesitamos que la ley exija un proceso de planeación ordenada con estándares correctos”, asegura Edmundo Gamas Buentello, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi).
La exigencia de la reforma a la ley es a raíz de que se han incrementado las deficiencias y suministro de bienes de baja calidad, lo que pone en duda la forma en que se adjudicaron los contratos, según señaló Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex.
“La contratación pública es particularmente vulnerable a la corrupción, debido a la complejidad normatividad, la discrecionalidad, la falta de transparencia y el volumen e importe de las transacciones”, señaló la Coparmex quien citó al estudio “Revisión de la Integridad en México. Tomando una postura más fuerte con la corrupción”, para enfatizar que que México destina poco más del 21 por ciento del gasto gubernamental a contrataciones públicas.
Las obras que licita el gobierno deben de cumplir con el presupuesto acordado para que se cumpla con el objetivo licitatorio: las mejores condiciones de la obra por el mejor precio.
Por otro lado, el Estado debe supervisar la obra y no recibir proyectos que presenten fallas.
“Toda la obra pública del país está decrepita, porque a partir del corte del listón no se le vuelve a dar presupuesto y mantenimiento hasta que no haya una situación crítica y se asigne mantenimiento”.
Y aunque muchos piden una reforma a la Ley de Obras Públicas, no todos los expertos coinciden en un cambio.
“La ley regula todos los procesos de concurso, de ejecución de obra, incluso, diferencias, en fin. Creemos que el capitulado de la ley es bastante bueno y, desde muchos ángulos, suficiente. Lo que sí vemos es que en muchas ocasiones adolece su aplicación”, dice Ignacio García Presno, socio líder de Asesoría en Servicios de Infraestructura de KPMG en México.
“Los mayores problemas de las obras públicas en este país no están en la licitación, sino en la ejecución”
La Coparmex sugirió a los legisladores, que incluyan en las discusiones el paquete de reformas complementarias como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados, “que son indispensables para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”.
“Demandamos de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales y consensuar una iniciativa para crear el nuevo marco legal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público”, apunta.
Para Eduardo Bohórquez, la legislación vigente en materia de Obra Pública restringe la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Debido a que puede ser una barrera que puede representar los diferentes requisitos, mientras que el país pierde productividad y aumenta los riesgos de corrupción.
Respecto a la infraestructura del país, se necesita un cambio para ofrecer seguridad a los inversionistas y a los mexicanos, para que sepan que no volverá abrirse un socavón.
“Es una tarea muy grande que requiere que el Congreso retome la Ley de Obras Públicas como una tarea magna y lo debe hacer en línea con la legislación de los países más avanzados y lo debe hacer de una forma transparente y con tiempos razonables”.
Las licitaciones deben regirse bajo estrictos mecanismos de transparencia para permitir la denuncia y aumentar las acciones preventivas, así como sancionar a quienes no cumplan con la ley.
“Exhortamos a los legisladores para que aprueben estas leyes complementarias, con el fin de asegurar la eficiencia en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y logrando que en el “Portal Digital Nacional” estén disponibles los datos clave sobre declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses; sanciones; licitaciones; inconformidades y otros que son vitales para detectar posibles actos de corrupción.
