Tras el caso de corrupción por parte de Walmart, Shelley Hayes, fundadora de la práctica de Forensic de dicha consultora aseguró que hace falta aplicar la ley sin preferencias
Tras darse a conocer el caso de corrupción por parte de Grupo Walmart, compañías nacionales e internacionales buscan asesoría para fortalecer sus programas anticorrupción internos, dio a conocer Shelley Hayes, fundadora de la práctica de Forensic de la consultora KPMG.
Explicó que el diseño de esos programas no se debe aislar de un buen gobierno corporativo, pues el objetivo es identificar dónde existen riesgos que sean oportunidades para que el personal incurra en actos de corrupción, conflicto de intereses o fraude.
«La percepción de los inversionistas de que no se aplica el estado de derecho afecta las inversiones y el reto para México es cambiar la percepción y la realidad pero hace falta aplicar la ley a cualquier corporativo, sin preferencias, porque si no hay consecuencias no se acatarán», aseguró tras participar en el Foro «El Futuro de los Negocios en América».
Agregó que los sectores más sensibles donde hay focos rojos al padecer este tipo de malas prácticas, son el de la construcción y aeroespacial, al contar con contratos de grandes inversiones que, en algunos casos, se relacionan con los gobiernos.
Añadió que «desafortunadamente» la corrupción existe en cualquier industria y país, se debe trabajar fuertemente para atacarla.
En tanto, Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del B-20, consideró que, aunque el escándalo de Walmart salió a la luz después de terminados los trabajos del grupo de empresarios, ha servido para darle más énfasis a nivel mundial a las recomendaciones en la materia que se presentarán ante los líderes mundiales en la reunión del G-20, que se desarrollará en Los Cabos, durante julio próximo.
«En los códigos legales se debe criminalizar la corrupción o el cohecho no solo en el país de origen sino extraterritorialmente; es decir que para las empresas multinacionales americanas, alemanas, japonesas o mexicanas, sea un acto criminal corromper a un funcionario en su propio país o fuera de él», propuso.
Explicó que ese objetivo es parte de lo que ha pretendido la Comisión Anticohecho de la OCDE, sin embargo, a pesar de que hay muchos países firmantes, sigue la falta de transparencia y lo que buscan los empresarios es que los miembros del G-20 se comprometa a que el tema de la transparencia y combate a la corrupción se vuelva un tema permanente de la agenda del G-20.
«Eso debe ser prioritario, aunque no todos los países del G-20 están interesados en que esto se mantenga, pues hay algunos donde la corrupción es peor que la observada en Latinoamérica, pero no debemos quitar el dedo del renglón», apuntó.
Respecto al tema, José Zozaya, vicepresidente de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en Latinoamérica, consideró que en México el combate a la corrupción no es muy alentador, ya que el país ocupa la posición 100 de 183 países de acuerdo con datos de Transparencia Internacional y el gasto destinado de las empresas a corrupción, alcanza el 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Fuente: eluniversal.com.mx
Publicada: 15 de mayo de 2012
