El operativo mundial llamado “operativo 30 días de acción” se realizó de manera simultánea en 43 países de los cuatro continentes del mundo, con el fin de combatir el tráfico ilegal de residuos peligrosos.
En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en colaboración con la Organización Internacional del Policía Criminal (Interpol), lograron que se clausuraran nueve empresas, además de la detección de 30 mil toneladas de baterías usadas de plomo ácido, tierras contaminadas con hidrocarburo, aceites gastados y residuos biológicos infecciosos.
La dependencia que dirige Guillermo Haro revisó 4 mil 162 unidades de transporte, 3 mil 309 en carreteras y 853 contenedores en aduanas.
“Toda esta clase de mercancías o material residual carecía de autorizaciones federales para su transportación así como de los respectivos manifiestos de entrega transporte recepción que exige el marco jurídico en nuestro país».
Asimismo, se verificaron mil 344 movimientos transfronterizos de mercancías peligrosas sujetas a la regulación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y casi dos mil 500 contenedores en puertos marítimos.
Las empresas que fueron clausuradas se encuentran en Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Zacatecas y el motivo de su cierre fue por rebasar el límite de emisiones de máximos permisibles de contaminantes, mal manejo y almacenamiento de residuos peligrosos, contaminación de suelos y descargas de aguas residuales sin autorización.
El operativo mundial culminó con el aseguramiento de 1.5 millones de toneladas de materiales sustancias peligrosas.
