El Pleno del Parlamento Europeo, con el voto a favor de 599 eurodiputados y la oposición de 55, ha aprobado una nueva norma comunitaria que supone la modificación de la cuarta y séptima directivas contables por las que las empresas cotizadas con más de 500 empleados tendrán que elaborar un informe no financiero en la que se refleje sus impactos sociales y medioambientales, así como la gestión del gobierno corporativo de las mismas.
La nueva norma establece que las empresas europeas deberán informar sobre cuestiones como los efectos que tienen sus actividades sobre la salud y seguridad, gases de efecto invernadero, usos de energías alternativas, consumo de electricidad y de agua, políticas de igualdad de oportunidades, condiciones laborales, implantación de derechos sindicales, dialogo con las comunidades locales, medidas sobre la prevención de los abusos derechos humanos, y lucha contra la corrupción, entre otros asuntos.
Además, también deberán informar sobre la política, objetivos y resultados en materia de diversidad que aplican a los órganos de gobierno, dirección y supervisión con respecto a asuntos como la edad, el sexo, la procedencia geográfica, la formación y experiencia profesional.
No se especifica ningún formato para elaborar dicho informe, pero se referencia a marcos nacionales o internacionales de información financiera, la única condición es que la empresa se debe referir a cual se está utilizando. Para cada uno de estos temas las empresas deberán incluir una descripción del modelo de negocio, sus políticas y los sistemas de control de las mismas, los resultados, y los riesgos que tienen relación con sus operaciones.
La respuesta del GRI
Teresa Fogelberg, directora ejecutiva adjunta del Global Reporting Initiative (GRI) asegura que la decisión es «una victoria para la transparencia y supone un gran día para el futuro de las memorias de sostenibilidad» de las compañías, según consta en un comunicado.
La respuesta de los inversores responsables
La nueva de directiva aprobada por el Parlamento Europeo sobre informes no financieros supone una «importante» señal para las empresas pero no satisface las expectativas que tenían puestas en ellas los inversores socialmente responsables agrupados en torno a la organización europea Eurosif. Esta entidad considera una decepción el hecho de que el texto de la legislación definitivo se ha debilitado «significativamente» durante el curso de las negociaciones.
En concreto, Eurosif considera que se ha restringido el número de compañías a las que afectará la norma, pues se ha pasado de unas 18.000 empresas cotizadas y no cotizadas iniciales a unas 6.000 compañías cotizadas en la Unión Europea.
Además, afirma que no contiene unas medidas de garantía significativas. «Sólo se requiere que el auditor del informe garantice la existencia de la declaración de la información no financiera; se ha dejado la decisión de exigir la verificación de la información real y los datos contenidos en los informes en manos de los estados miembros».
Por otra parte, permite que bajo ciertas circunstancias las empresas puedan retrasar la publicación de los informes por un máximo de seis meses a partir de la publicación de la información financiera sobre el mismo periodo de tiempo.
Por último, también lamentan que no se haya prescrito el uso de algún tipo de indicadores de rendimiento clave (KPI), algo que permite a los inversores comparar a las empresas con facilidad.
¿Y qué sigue?
La Comisión tiene previsto publicar una guía antes de mayo de 2016 aunque no será de obligado seguimiento, sobre cómo elaborar esta información. Esto porque la directiva incorpora el principio de «cumplir o explicar»; así en el caso de que una compañía no disponga de una política o acción sobre un tema solo deberá explicar por qué no se cuenta con ella.
Respecto a la verificación de la información serán los estados miembros los que establecerán el grado de revisión externa que deberá tener esta información. Para la entrada en vigor de la nueva norma, que afectará a 6.000 empresas, todavía falta que sea aprobada por el Consejo de la Unión, y los estados miembros deberán transponerla antes de mayo de 2016.
