La imposición de un nuevo gravamen al carbono elevará de 4 a 5% el costo de las tarifas eléctricas a las empresas y al consumidor en general, quienes de por sí ya pagan 12% más que nuestros socios comerciales como lo es Estados Unidos. Por ello, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, puso sobre la mesa una serie de contrapropuestas “verdes” a cambio de ser eliminado dicho impuesto.
La Iniciativa Privada planteó pagar 1 peso por litro de diesel acreditable al ISR; acelerar el desliz del precio de las gasolinas anualmente; deducir las inversiones que se hagan en energías limpias y renovables; un impuesto a la importación de autos usados llamados chocolates, además de que, aduce, en el precio del barril de petróleo existe un colchón para contar con recursos.
Al participar en la Cumbre de Negocios Verdes, organizada por el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, el líder empresarial llamó a las autoridades federales a optar por oportunidades que ofrece el tema ambiental, en donde la IP se compromete a atraer inversiones por más de 20,000 millones de dólares sólo en energías renovables y reducir en 10% los costos de electricidad de las empresas, si se deducen los capitales.
La propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo propone gravar con 5 dólares (70 pesos) la tonelada emitida de carbono a la industria, ya que existe un compromiso de que México reduzca los gases (del efecto invernadero) y la meta es disminuirlo 30% para el año 2020.
“Encarecer costos y, por otro lado, inhibir la inversión requerida para transitar a fuentes renovables por la vía de medidas como la no deducibilidad en inversiones nos parece una política inadecuada”, reprochó Gerardo Gutiérrez en presencia del secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra.
La industria siderúrgica, automotriz, eléctrica, aeroespacial, minera, entre otras, se han quejado de la aplicación del impuesto verde a la emisión de dióxido de carbono, pues afirman que es superior a la de otros países competidores.
El presidente del CCE expresó la inquietud sobre el impuesto al carbono propuesto en la reforma hacendaria, ya que “este gravamen implicaría un incremento en las tarifas eléctricas de al menos 4% para la planta productiva”.
Este gravamen no sólo pegaría a las empresas privadas, sino a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que sin duda deberán aportar al erario público por emitir gases, con repercusión al bolsillo de los mexicanos por el incremento de la energía eléctrica.
Dijo que los empresarios son un aliado en la tarea de compaginar el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente.
Arancel de 13% a importación de acero, propone Canacintra
GENERARÍA INGRESOS AL ERARIO FEDERAL POR 19,000 MILLONES DE PESOS, ADUCE
Al rechazar el impuesto al carbón, los industriales del sector acero, a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), plantearon al Congreso imponer un gravamen compensatorio ambiental de 13% a las importaciones de acero de países que no cumplen los estándares en la materia en México, con el cual se generarían ingresos por 19,000 millones de pesos para el erario federal.
La propuesta fue presentada por Abel Ayala Flores, vicepresidente de la Región Norte de Canacintra, a la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, en la cual alerta que el impuesto a la producción de carbón no es congruente con el proyecto de reforma energética, pues pretende fijar una tasa elevada de 19.5%, mientras que se plantean impuestos bajos a combustibles más contaminantes como la gasolina, en 1.3%; combustóleo, de 1.6%; gas natural, de 6.1%, y de 9.5%, al coque.
El sector industrial demandó a la Cámara de Diputados no aprobar el impuesto al carbón, propuesto en la reforma hacendaria del Ejecutivo, ya que coloca en grave riesgo al sector siderúrgico nacional, que genera 600,000 empleos directos, al dar un “duro golpe a la competitividad” del país, y vulnera la certidumbre jurídica de las empresas.
Las industrias minera y siderúrgica enviaron un documento a los legisladores, en el que advierten que el impuesto a los combustibles fósiles tendrá un efecto negativo en el sector, en el crecimiento económico nacional y regional, además de que eliminará fuentes de empleo.
Estos sectores están en contra de que se aplique un impuesto a la producción de carbón y a la emisión de carbono de la industria.
Y es que, afirman, ningún país en desarrollo ha implementado con éxito impuestos a las emisiones de carbono y no hay razón para que México deba adelantarse con un gravamen de esa naturaleza, que resta competitividad.
Fuente: El Economista.
