La Corporación Financiera Internacional (CFI), uno de los principales bancos de desarrollo del mundo, lleva décadas pregonando su éxito en la financiación de compañías que, según dice, pueden ayudar a acabar con la pobreza extrema en los países emergentes.
Sin embargo, una nueva investigación sugiere que la organización, que opera bajo el Grupo del Banco Mundial, ha estado proporcionando cientos de millones de dólares en préstamos a posibles empresas vinculadas a trabajo forzoso de los uigures y otros grupos étnicos minoritarios en la región occidental de Xinjiang en China.
¿Apoyo a empresas vinculadas a trabajo forzoso?
El informe, titulado Financing and Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region, presenta pruebas de que en los últimos años la CFI ha prestado dinero a cuatro empresas chinas que han estado relacionadas con el trabajo forzado y la expropiación de tierras en la región, junto con daños medioambientales y la destrucción de sitios del patrimonio cultural indígena.
Según las declaraciones públicas, las cuatro corporaciones mencionadas en el informe —Chenguang Biotech Group, Camel Group, Century Sunshine y Jointown Pharmaceutical Group— han recibido préstamos e inversiones de capital de la CFI por valor de 439 millones de dólares. Si se incluyen los préstamos obtenidos de inversores institucionales, la cifra asciende a unos 485 millones de dólares.
Los créditos podrían contravenir las propias directrices internas de la CFI —conocidas como sus Normas de Desempeño— que funcionan enteramente para «evitar que financie proyectos que tendrán impactos ambientales y sociales adversos que pongan en peligro sus objetivos de desarrollo», señala el estudio.
CNN Business tuvo acceso exclusivo y anticipado al informe, dirigido por el Centro Helena Kennedy para la Justicia Internacional de la Universidad de Sheffield Hallam (Reino Unido) y publicado por el Atlantic Council, un grupo de expertos con sede en Washington.
El Centro Helena Kennedy para la Justicia Internacional investiga la esclavitud moderna, la violencia de género y los delitos de odio, al tiempo que ha publicado informes que denuncian el uso de trabajo forzado en Xinjiang para producir algodón y paneles solares. Afirman que las cuatro empresas mencionadas no son las únicas que reciben fondos de la CFI en la zona.
Creo que está claro que la CFI debe desprenderse de todas sus inversiones en la región uigur.
Le corresponde, basándose en sus propias normas, garantizar que sus clientes no están implicados en trabajos forzados.
Laura Murphy, profesora de Derechos Humanos y Esclavitud Contemporánea en la Universidad de Sheffield Hallam y autora del informe.
La respuesta de la CFI
En un comunicado, un portavoz de la CFI dijo que la corporación tiene «sólidos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)» que se aplican diligentemente durante la vida de la inversión y se consideran un modelo para la financiación del desarrollo en todo el mundo.
No toleramos la discriminación ni el trabajo forzado bajo ninguna circunstancia.
Siempre que se nos comunican acusaciones tan graves, trabajamos para verificarlas y abordarlas con nuestros clientes con urgencia.
Portavoz de la CFI.
El gobierno chino respondió también a las acusaciones del informe, diciendo que eran «falsas» y «llenas de mentiras y acusaciones infundadas.»
Se entiende que la organización no tiene personal en Xinjiang. No hubo ninguna investigación de campo, ninguna investigación real, ninguna prueba que respalde el informe.
El gobierno chino concede gran importancia a la protección de los derechos humanos y de los derechos e intereses de los trabajadores.
Desde hace algún tiempo, algunos países han estado exagerando las mentiras sociales y extendiendo su alcance a las instituciones multilaterales de desarrollo
Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En tantos las cuatro empresas chinas mencionadas en el informe no ofrecieron contestación alguna. Los autores del informe aseguraron que intentaron ponerse en contacto con ellas, pero no recibieron respuesta.
Castigado con el internamiento
Xinjiang se ha convertido en un punto geopolítico importante, debido a la magnitud de los abusos contra los derechos humanos que supuestamente han tenido lugar en la región, incluyendo lo que algunos gobiernos occidentales han llamado el «genocidio» de los uigures y otras minorías.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha calculado que desde 2017 hasta la fecha dos millones de integrantes de minorías religiosas y étnicas han sido encarcelados en una oscura red de campos de internamiento.
China ha descrito las instalaciones como «centros de formación profesional» donde las personas aprenden habilidades laborales, el idioma chino y las leyes, asimismo, los funcionarios declararon, en 2019, que dichos centros —también destinados a desradicalizar a los musulmanes locales— habían sido cerrados. Además afirmaron que los detenidos originales se habían graduado, pero que la gente seguía inscribiéndose para obtener nuevas habilidades.
Los gobiernos occidentales y las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las minorías han sido sometidas a trabajos forzados a través de programas de creación de empleo dirigidos por la administración china para conseguir «aliviar la pobreza».
Los trabajadores que han participado en esos programas de empleo han declarado que si no aceptaban los trabajos que se les ofrecían, por una fracción del salario habitual, se les advertía que serían enviados a campamentos.
El gobierno chino se ha embarcado en una campaña masiva que considera de alivio de la pobreza. Estos programas suelen ser no consensuados, y las personas que se niegan pueden ser castigadas con el internamiento.
Laura Murphy, analista de la Universidad de Sheffield Hallam.
China ha negado sistemáticamente todas las acusaciones de abusos contra los derechos humanos en Xinjiang y dijo en una declaración que las afirmaciones sobre trabajos forzados eran mentiras creadas para desprestigiar su reputación.
China ha subrayado en repetidas ocasiones que las supuestas cuestiones de ‘trabajos forzados’ y ‘represión’ contra las minorías étnicas son enormes mentiras inventadas por las fuerzas antichinas de Estados Unidos y Occidente. Son totalmente infundadas. Tales intentos de atacar y desprestigiar a China basándose en mentiras y desinformación están destinados a fracasar.
Comunicado de las autoridades chinas.
Preocupación por los resultados de la CFI
Con sede en Washington, D.C., la CFI se describe a sí misma como la «mayor institución mundial de desarrollo centrada en el sector privado de los países en desarrollo».
Forma parte del Grupo del Banco Mundial y el año pasado proporcionó unos 31,500 millones de dólares en préstamos y otras ayudas financieras —incluidos casi 12,000 millones en «países frágiles, afectados por conflictos y afectados por la pobreza»— a empresas privadas e instituciones financieras de economías emergentes y en desarrollo de todo el mundo.
Un portavoz de la CFI expresó que su misión es «luchar contra la pobreza ayudando al sector privado a prosperar. Al hacerlo, creamos puestos de trabajo y elevamos el nivel de vida, especialmente de los pobres y vulnerables».
Pero sus inversiones han sido criticadas durante años por organizaciones benéficas que la acusan de causar a veces más daño que bien al no llevar a cabo la debida diligencia.
En 2015, Oxfam International publicó un informe elaborado con aportaciones de varias ONGs en el que se afirmaba que la CFI enviaba miles de millones de dólares en inversiones «fuera de control» a terceros que causaban «abusos de los derechos humanos en todo el mundo.»
En aquella ocasión, la CFI comentó que estaba trabajando con sus clientes para resolver las cuestiones planteadas por Oxfam y otras organizaciones de la sociedad civil, y que valoraba cualquier información sobre esas preocupaciones. La organización también dijo que había realizado esfuerzos adicionales para formar a su personal y ser más selectiva con sus clientes y que estaba reforzando la vigilancia y la supervisión.
El Grupo del Banco Mundial había reconocido sus inquietudes incluso antes de ese informe. En 2013, el Grupo de Evaluación Independiente de la organización destacó la disminución de las «calificaciones de los resultados» de los proyectos financiados por la CFI y le aconsejó que se centrara en la «supervisión» y en la «mejora de la calidad de los proyectos» mediante la «intensificación de los esfuerzos.»
Supuestas conexiones con el trabajo forzado
Las cuatro empresas chinas con vínculos con Xinjiang mencionadas en el informe del Centro Helena Kennedy trabajan en sectores que van desde la alimentación hasta la industria farmacéutica y la energía. A partir de documentos corporativos, declaraciones en la bolsa de valores, informes de los medios de comunicación estatales chinos, divulgaciones de la CFI e imágenes por satélite, el informe afirma que estas empresas tienen vínculos con partes de la región donde proliferan las acusaciones de trabajo forzoso.
En algunos casos, el informe afirma que estas compañías han participado en planes de «transferencia de mano de obra» o de «alivio de la pobreza» avalados por el Estado, que las organizaciones internacionales de derechos humanos y los gobiernos extranjeros llevan años afirmando que perpetúan el trabajo forzoso.
CNN ha verificado de forma independiente que las cuatro corporaciones han recibido préstamos de la CFI en los últimos años. Al menos dos de esos préstamos, concedidos a Camel Group y Jointown Pharmaceutical, se han utilizado para financiar proyectos en Xinjiang.
Dado que todas las empresas cotizan en las bolsas chinas, los archivos corporativos detallan algunas de sus operaciones en la región. Los informes de los medios de comunicación estatales explican parte de su labor, mientras que los propios registros de la CFI arrojan algo de luz sobre la participación de la organización en la financiación de estas empresas.
Una de ellas, Chenguang Biotech Group, fabrica aditivos alimentarios, tintes naturales y pigmentos, y obtiene sus materias primas principalmente de India y Xinjiang. En Xinjiang, y se dedica a la producción de caléndulas.
La CFI, que prestó a Chenguang 40 millones de dólares en 2019 para que pudiera aumentar su producción, realizó una evaluación que determinó que el riesgo de que la empresa estuviera implicada en trabajo forzoso con respecto a los cultivadores de caléndulas era «bajo» y que, en general, «los riesgos en la cadena de suministro principal de Chenguang son de bajos a medios.»
Sin embargo, según el informe del Centro Helena Kennedy, Chenguang obtiene parte de su mano de obra de programas de transferencia de tierras y trabajo «coercitivo» patrocinado por el Estado.
El informe afirma que, en algunos casos, los agricultores no pueden decidir si participan en los grandes proyectos agrícolas, o qué quieren plantar. Las empresas también se ven presionadas para apoyar los programas estatales.
Citando un comunicado de prensa oficial, el informe dice que, en un caso, la organización paramilitar Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), que controla la región económica y políticamente, llevó a cabo un «trabajo ideológico» sobre aquellos que se mostraron reacios a cambiar sus métodos de cultivo, lo que el informe describe como un método de «coacción» a las minorías.
Las agencias gubernamentales animan a estas personas a «renunciar a sus tierras, cambiar sus cultivos, modificar sus métodos de cultivo, trabajar para cooperativas o explotaciones a gran escala que han expropiado sus tierras, o pasar a trabajar en fábricas».
Otra empresa, el fabricante de baterías Camel Group, recibió casi 36 millones de dólares en financiación de la CFI en julio de 2019 para ampliar sus operaciones de reciclaje de baterías en partes de China, incluyendo Xinjiang. Los registros corporativos chinos muestran que la compañía tiene al menos dos filiales en la región.
Una evaluación de riesgos de la CFI reconoció «riesgos ambientales o sociales potencialmente significativos» a causa de la fundición de residuos de plomo, pero añadió que Camel prometió a la organización que promovería la contratación de más residentes de minorías locales en Xinjiang.
La CFI también evaluó que el Grupo Camel no utiliza «ninguna práctica de trabajo forzado» y que sus proveedores de baterías están sujetos a auditorías trimestrales por parte de la empresa para garantizar que se quejan de las inspecciones de trabajo infantil y forzado.
Pero, el informe del Centro Helena Kennedy citó comunicados de prensa del gobierno que, según dice, muestran que Camel se ha beneficiado de programas de transferencia de mano de obra patrocinados por el Estado.
En julio de 2017, según un comunicado del gobierno, 165 trabajadores fueron llevados a través de Xinjiang para un «entrenamiento cerrado previo al trabajo» de 10 días de duración, lo que, para los autores del informe, era una indicación de que sus movimientos estaban restringidos.
Durante ese tiempo, de acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno, los participantes recibieron «formación militar e ideológica» y «se les exigió que cantaran canciones patrióticas» y aprendieran chino mandarín, medidas que las organizaciones de derechos humanos temen que puedan conducir a la eliminación de la cultura de los uigures, los kazajos étnicos y los kirguises de Xinjiang. Estos grupos hablan lenguas más cercanas al turco que al chino mandarín.
Antes de que los trabajadores fueran enviados a las empresas que les habían sido asignadas —una de las cuales era Camel— se les obligó a asistir a una ceremonia de izado de bandera, a afirmar su lealtad al gobernante Partido Comunista Chino y a comprometerse a «contribuir debidamente a la seguridad nacional, la unidad nacional, la estabilidad social y la armonía», según el comunicado de prensa del gobierno.
Una tercera compañía, la firma de fertilizantes y materiales Century Sunshine Group, recibió 165 millones de dólares de la CFI entre 2014 y 2016, según los documentos de la CFI. Esa cifra incluye 125 millones de dólares para mejorar una instalación de fabricación de fertilizantes en la provincia de Jiangsu, al norte de Shanghái, en la costa oriental de China. En diciembre de 2020, la CFI tenía aproximadamente una participación del 17% en la empresa, según un informe anual de Century Sunshine.
Century Sunshine también tiene vínculos con Xinjiang. El informe citaba a los medios de comunicación estatales locales de diciembre de 2017 que decían que la filial acogió a 10 trabajadores rurales de un municipio del este de Xinjiang a través de programas de transferencia de mano de obra patrocinados por el Estado.
Dos años más tarde, esa misma filial fue una de las nueve compañías que participaron en un evento de reclutamiento de mano de obra respaldado por el Estado que alentó a los agricultores fuera de temporada a trabajar para las instalaciones de fabricación industrial en la zona, un evento que implica la transferencia de mano de obra que, según los autores del informe, tenía un «alto riesgo» de violar las normas de trabajo y las condiciones laborales.
La última empresa implicada en el informe, Jointown Pharmaceutical, recibió casi 200 millones de dólares en financiación de deuda de la CFI en los últimos años. La CFI consideró que sus inversiones en Jointown Pharmaceutical tenían riesgos ambientales o sociales «limitados».
La compañía —que distribuye equipos de protección personal, dispositivos médicos y medicamentos farmacéuticos— recibió casi 150 millones de dólares en julio de 2019 para construir centros de distribución y mejorar cuatro almacenes en el centro y el oeste de China, incluido Xinjiang. En octubre de 2020, Jointown Pharmaceutical recibió otros 50 millones de dólares para comprar productos farmacéuticos y ampliar la distribución debido a la pandemia de COVID-19.
Al igual que Camel y Century Sunshine, el informe del Centro Helena Kennedy alega que Jointown Pharmaceutical ha participado en programas de transferencia de mano de obra relacionados con Xinjiang. El informe citaba un artículo publicado en diciembre de 2020 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Xinjiang en su cuenta oficial de WeChat que decía que Jointown Pharmaceutical reconocía haber recibido «más de 200» trabajadores «transferidos» desde el sur de Xinjiang y otras prefecturas remotas y subdesarrolladas a través de los programas laborales.
El informe afirma que Jointown Pharmaceutical tiene «muchas» instalaciones en Xinjiang que están situadas junto a edificios identificados como campos de internamiento por el Australian Strategy Policy Institute, un grupo de expertos con sede en Canberra. Una de las instalaciones de Jointown Pharmaceutical en la capital regional de Urumqi, por ejemplo, se encuentra en uno de los «mayores distritos penitenciarios» de la ciudad.
Esfuerzos para supervisar las inversiones en Xinjiang
Mientras que los viajes a Xinjiang por parte de organizaciones extranjeras se han vuelto casi imposibles en los últimos años, el informe del Centro Helena Kennedy dice que la CFI realizó una visita de un día a la región en 2019, durante el punto álgido de la represión del gobierno allí.
La coautora del informe, Kendyl Salcito, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de los derechos humanos NomoGaia, habló por teléfono con un representante de la CFI que participó en el viaje. El empleado le contó que su grupo fue detenido temporalmente por la policía tres veces en un período de aproximadamente 24 horas, y añadió que el ambiente era muy incómodo y que querían marcharse rápidamente.
La CFI continuó financiando proyectos en la región después de esa visita, como se ve en los documentos revisados por los autores del informe. En noviembre de 2020, dijo Salcito, la CFI le dijo que no tenía arreglos alternativos para supervisar los proyectos allí.
Asimismo no respondió a las preguntas sobre el relato de Salcito. Sin embargo, un portavoz dijo que en los últimos dos años la CFI ha dedicado más recursos a la supervisión de las empresas con las que trabaja en Xinjiang.
Aunque el acceso a los proyectos sobre el terreno ha sido más difícil para todos los actores del desarrollo en los últimos dos años debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones de viaje, la CFI ha dedicado más recursos a supervisar a las empresas con las que trabajamos en lo que respecta a la adhesión a nuestros estándares ESG.
Estas normas son legalmente vinculantes, incluyen protecciones para los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente, y prohíben expresamente la discriminación y el uso de trabajo forzado.
Portavoz de la CFI
La CFI ha tomado algunas medidas para retirarse de la región. De acuerdo con el informe, ha cesado sus relaciones con otras tres empresas chinas que «participaban o se abastecían de empresas implicadas en la represión en la región uigur«. Aunque no respondió a las preguntas sobre por qué decidió desprenderse de esas compañías y no de otras.
En 2020, la CFI dijo a Salcito, en intercambios de correos electrónicos que las empresas chinas con las que trabaja aseguraron a la organización que no utilizaban ningún tipo de trabajo forzado. Pero respondió a las preguntas sobre esa correspondencia. Los autores del informe del Centro Helena Kennedy dicen que esa forma de autoinformación es totalmente insuficiente.
La continua disposición a proporcionar financiación en la región, sin ninguna supervisión directa, indica que su estrategia de inversión en la región sigue pasando por alto los continuos crímenes contra la humanidad y las violaciones de las Normas de Desempeño que hacen que las inversiones de la CFI sean cómplices.
Informe Financing and Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region.
Falta de diligencia debida
Durante años, las empresas multinacionales han tenido dificultades para llevar a cabo la diligencia debida en sus cadenas de suministro vinculadas a Xinjiang dado al acceso limitado, la vigilancia y la amenaza de interferencia del gobierno. Esto hace que el uso de los registros disponibles públicamente y de las imágenes por satélite sea aún más importante para determinar si una empresa tiene vínculos con el trabajo forzoso en la región.
Las imágenes por satélite, por ejemplo, han mostrado que los centros de detención suelen construirse simultáneamente junto a las fábricas y los parques empresariales, lo que, según los activistas de derechos humanos, es un claro indicio de que los trabajadores de las fábricas proceden de la población carcelaria o de los campos.
Algunas empresas, inversores y otras organizaciones se han retirado de la región debido a las dificultades para auditar la actividad allí. Muchos auditores internacionales ya no certifican los productos fabricados en Xinjiang, y la Fair Labor Association -—una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington entre cuyos integrantes se encuentran empresas multinacionales y universidades de la Ivy League— ha prohibido abastecerse en Xinjiang debido a la incapacidad de reunir información precisa o de verificar si los trabajadores de la zona están sometidos a coacción.
El problema subyacente en la región uigur es que la represión política es tan grande que consideramos que ninguna empresa puede realizar una diligencia debida en materia de derechos humanos.
Cuando una compañía no puede hacer la debida diligencia en materia de derechos humanos, debe retirarse.
Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch en China.
Los gobiernos extranjeros también han estado presionando a las empresas. En diciembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó nuevas normas que prohibirán de hecho la importación de productos fabricados en Xinjiang.
Washington estuvo liderando un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó que Estados Unidos no seguiría haciendo «negocios como siempre» ni participaría en la «fanfarria» de los Juegos debido al «genocidio y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Xinjiang».
Pero los activistas señalan que los gobiernos que trabajan con la CFI también deberían revisar sus planes de financiación. Estados Unidos, después de todo, ha aportado más de 23,000 millones de dólares en los últimos 20 años al Grupo del Banco Mundial, y en junio de 2021 era el mayor accionista de la CFI, con una participación de alrededor del 21%.
Esa financiación ha aumentado durante la pandemia: en marzo de 2020, el Grupo del Banco Mundial anunció que el gobierno estadounidense autorizó un aumento de capital de 5,500 millones de dólares para la CFI como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus.
En una declaración el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que «trabaja estrechamente con otras partes del gobierno de Estados Unidos para condenar firmemente y responder a las atrocidades que tienen lugar en Xinjiang».
Aseguró que el gobierno había presionado a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) —incluida la CFI— para que reforzaran sus salvaguardias, de modo que los proyectos «no apoyen inadvertidamente a empresas que participan o se benefician del trabajo forzado».
La declaración añadía:
Estados Unidos ha sido —y seguirá siendo— una voz principal en este asunto en todos los BMD y seguirá trabajando con otros países accionistas para que las empresas con presuntos vínculos con prácticas de trabajo forzado no puedan recibir inversiones de los BMD.
