El diputado nacional Fernando Yarade presentó en la Cámara de Diputados el 21 de julio un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto fija los institutos del Código de Conducta y de un “Balance Socio Ambiental” auditado por un contador. También propone incentivos fiscales y económicos. Es su elaboración colaboró la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
Según el autor el proyecto de ley tiene por objeto “instituir el marco legal que regule el desarrollo de las conductas de responsabilidad social empresaria que se realicen dentro del territorio de la República Argentina”.
La propuesta legislativa parte del presupuesto que «la RSE debe ser voluntaria y no obligada, ya que existe legislación vigente en todos los ámbitos que incumben los negocios las cuales garantizan un piso mínimo de protección a la sociedad».
Es su elaboración colaboraron la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta.
Estructura resumida del proyecto
En primer lugar, se reconoce que las acciones y conductas de RSE son facultativas y que cada empresa contribuirá en esta temática “de la forma que mejor lo entienda”.
Propone que las conductas de RSE que la empresa se compromete a realizar sean plasmadas en un código de conducta. A su vez, las conductas socialmente responsables realizadas por la empresa “serán evaluadas y expuestas mediante indicadores de desempeño que midan el grado de cumplimiento de las mismas”.
El documento donde constara todo ello sería el “balance socio ambiental”, que será regulado por la Federación Argentina de Consejos profesionales de Ciencias Económicas.
El proyecto hace referencia a la auditoria del balance socio ambiental, de modo tal que, un profesional “de fe pública de la razonabilidad de los datos allí vertidos“.
A su vez se instauran beneficios impositivos y no impositivos que sirven de incentivos a realizar “conductas socialmente responsables”.
A modo de ejemplo, entre los impositivos encontramos: deducción en el impuesto a las ganancias de las erogaciones que las conductas de RSE demanden; Computo como crédito fiscal en el IVA del monto de IVA facturado por compras provenientes de conceptos vinculados a la realización de conductas de RSE y; exención en el impuesto a la ganancia mínima presunta de los bienes que sean destinados facilitar conductas de RSE.
Al final del mismo, en materia de legislación sobre políticas públicas sobre responsabilidad social empresaria, se ha dispuesto que sea el estado nacional quien dicte los presupuestos mínimos de protección social y ambiental y, a su vez, las jurisdicciones locales serán las que regulen las normas complementarias que fijen los criterios y parámetros para la definición de dichas políticas públicas.
Fundamentos y contexto
El proyecto se refiere al concepto de «conductas socialmente responsables», tomado de la Cumbre de Lisboa de la Unión Europea en el año 2000.
En los fundamentos se advierte que “no existe una definición estricta de lo que con el concepto se quiere significar. Por otro lado, la legislación interna y la asumida a nivel internacional por otros países difiere en cuanto a los alcances reconocidos a estos fenómenos”.
El legislador identifica las áreas de inversión y líneas de prioridad de la RSE según una encuesta de «ANDI – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia» publicada en marzo de este año.
Otro de los objetivos que perseguiría la futura norma es el de incluir conductas de RSE en la “cadena de valor”, según la definición aportada por el académico estadounidense Michel Porter.
Yarade considera que la RSE “crea ventajas competitivas difíciles de imitar. Se trata de incluir en la estrategia una gestión responsable y comunicarla para ser competitivos a largo plazo”.
En otro de los considerandos de los fundamentos se afirma que el espíritu de la ley incluye también al sector Pyme.
Reconoce como marco de antecedentes iniciativas tan diversas como la Ley de Extremadura (España) sobre RSE, Norma ISO 26000, Principios de Ecuador y Global Reporting Initiative (GRI).
Otros proyectos
La diputada María Laura Leguizamón presentó un proyecto de similares caracterísiticas en 2005, cuando era senadora nacional, que finalmente perdió estado parlamentario. Desde la Cámara baja retomó su iniciativa sobre responsabilidad social y presentó un proyecto para modificar los artículos concernientes al Balance Social comprendido en la ley sobre régimen laboral. El texto del proyecto establece la obligatoriedad de la presentación para las empresas que tengan más de 300 empleados.
Fuente: Comunicarseweb.com.ar
Publicada: 3 de agosto de 2011.
