Una enmienda del PP a la nueva ley de calidad permitirá a la industria exigir hasta tres informes antes de publicar análisis comparativos e irregularidades
A pesar de que nunca se ha demostrado su falta de veracidad, el PP ha puesto en el punto de mira los informes que realizan las organizaciones de consumidores para denunciar las irregularidades que cometen las empresas de alimentos en sus productos. Una enmienda introducida a última hora por el grupo popular en el Congreso —justo antes de que el proyecto de ley pase al Senado— permite que las compañías que no estén de acuerdo con las conclusiones paralicen su publicación mientras presentan un estudio alternativo. En caso de discrepancia entre ambos informes, se elaborará un tercero que será el definitivo.
Las principales asociaciones de consumidores se han rebelado contra una norma que consideran antidemocrática y limitadora de su libertad de expresión. En su opinión, los nuevos requisitos dilatarán en exceso la publicación de sus estudios. “¿De qué sirve informar de que una empresa puso en riesgo su salud dos años atrás?”, se pregunta Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
Una información como la que trascendió en enero, cuando la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que las hamburguesas de vacuno contenían carne de caballo, podría demorarse mucho más tiempo en publicarse en el caso de que la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se apruebe con el texto actual.
El Ejecutivo ha escuchado una demanda que vienen haciendo desde hace tiempo los grandes grupos alimentarios, que consideran que los estudios de asociaciones como OCU o FACUA perjudican en exceso su imagen. La presión de la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y de las grandes marcas que comercializan alimentos (Promarca) ha conseguido inclinar al PP a su favor, según fuentes cercanas a la tramitación de las enmiendas. Las mismas fuentes aseguran que fueron estos dos grupos, junto a los principales sindicatos agrarios y la federación de cooperativas agrarias, quienes propusieron la medida. Los populares no quisieron hacer declaraciones a este periódico y se remitieron a una nota de prensa en la que aseguran que el proyecto de ley “respeta todas las garantías de la normativa nacional y comunitaria”. El Ministerio de Agricultura y Alimentación, por su parte, respondió con un correo electrónico en el que recuerda que las enmiendas “las presentan los grupos políticos, no el Ministerio”. Promarca y FIAB tampoco quisieron responder a ninguna pregunta.
“Ya existen los tribunales para controlar nuestra actividad”, explica Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU, a la vez que recuerda que, en las tres ocasiones en las que su asociación ha sido denunciada por sus informes, la Justicia les ha dado la razón. La primera vez fue a principios de los noventa, cuando la cadena de hamburgueserías Wendy’s presentó una querella criminal por supuestas calumnias en un informe en el que se cuestionaba la calidad de su carne. La compañía solicitó, además, una indemnización de 500 millones de pesetas (3 millones de euros), pero el caso se sobreseyó. La segunda denuncia a la que se enfrentó la OCU fue de la aceitera Aceites del Sur a raíz de una informe sobre la adulteración del aceite de oliva con otras grasas y aceites. El Tribunal Supremo también les dio la razón en 2010. El último caso, todavía sin sentencia firme, fue la demanda de la patronal lechera por un estudio de la calidad de la leche. El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Madrid desestimó la demanda en abril de 2012, si bien la sentencia ha sido recurrida por la patronal.
Las asociaciones también reprochan al PP que, después de haberles consultado varios asuntos del proyecto de ley, hayan presentado esta enmienda en el último momento y sin haber tratado este aspecto con ellos. “Creemos que ha habido muy mala fe”, se lamenta la portavoz de OCU. También consideran que el objeto principal de la norma —regular las relaciones entre operadores económicos que intervienen en la cadena alimentaria—, no tiene nada que ver con la enmienda introducida. “La norma se plantea para establecer relaciones comerciales, en principio, no debería afectar al consumidor ni a nuestras actividades”, explica Yolanda Quintana, portavoz de CEACCU.
El proyecto de ley se ha remitido al Senado y hasta el 18 de este mes se podrán presentar enmiendas al texto en la Cámara Alta.
Fuente: El País
