¿Por qué leer esta nota?
El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano. Aún así, miles de personas en comunidades marginadas de todo el mundo carecen de él. Los riesgos que enfrentan como consecuencia con altos y van desde infecciones, hasta la diabetes.
Y es que ahí donde el agua no llega, algunos otros productos sí lo hacen. Así que las personas aprovechan aquello que tienen a su alcance para tratar de hidratarse. Las bebidas azucaradas son su opción. Por desgracia, lo mismo que les quita la sed también pone en riesgo su salud.
Así es como lo ha reportado The New York Times en una publicación reciente, donde describe la situación que viven los habitantes de San Cristobal de las Casas, México. La misma que se vive en otras comunidades vulnerables, no solo en México sino en diferentes países del mundo.
La pregunta es clave: ¿Pueden las marcas de estos productos aprovechar su sistema de distribución para favorecer el acceso al agua potable?, ¿es su responsabilidad?
Compartimos todos los detalles de la publicación a continuación y te leemos en los comentarios.
María del Carmen Abadía vive en una de las regiones más lluviosas de México, pero solo tiene agua corriente cada dos días. Cuando sale un pequeño chorro de su grifo, está tan clorada, dice, que no puede beberse.
El agua potable es cada vez más escasa en San Cristóbal de las Casas, una pintoresca ciudad montañosa en el estado de Chiapas, en el sureste de México, donde algunos vecindarios tienen agua corriente solo unas cuantas veces a la semana y muchos hogares tienen que comprar pipas de agua extra.
En consecuencia, muchos habitantes se hidratan con Coca-Cola, que produce una planta embotelladora local y puede ser más fácil de conseguir que el agua embotellada, además de costar casi lo mismo.
En un país que se encuentra entre los mayores consumidores de bebidas azucaradas en el mundo, Chiapas es uno de los estados campeones: los habitantes de San Cristóbal y las frondosas tierras altas que rodean la ciudad beben en promedio dos litros de refresco al día.
El efecto en la salud pública ha sido devastador: la tasa de mortalidad por diabetes en Chiapas aumentó en un 30 por ciento entre 2013 y 2016, y ahora esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el estado, tras las enfermedades cardiacas, pues cobra tres mil vidas al año.
“Los refrescos siempre han estado más disponibles que el agua”, dijo Abadía, de 35 años, una guardia de seguridad que, al igual que sus padres, lucha contra la obesidad y la diabetes.
Vicente Vaqueiros, de 33 años, un doctor de la clínica en San Juan Chamula, un pueblo agrícola cercano, dijo que los trabajadores de la atención a la salud están batallando para lidiar con el rápido aumento de la diabetes.
“Cuando era niño y venía aquí, Chamula estaba aislado y no tenía acceso a la comida procesada”, contó. “Ahora, ves a los niños tomando Coca-Cola en lugar de agua. Actualmente, la diabetes está afectando a los adultos, pero próximamente seguirán los niños. Nos rebasará”.
Asolados por la crisis doble de la epidemia de diabetes y la escasez crónica de agua, los habitantes de San Cristóbal han identificado al que consideran el único culpable: la descomunal fábrica de Coca-Cola en uno de los confines de la ciudad.
La planta tiene permisos para extraer 419 774,3 metros cúbicos de agua al año (1 150 065,75 litros al día) como parte de un contrato con el gobierno federal firmado hace varias décadas y que los críticos dicen que es excesivamente favorable para los dueños de la fábrica.
La indignación ha crecido. En abril de 2017, manifestantes con los rostros cubiertos marcharon hacia la fábrica cargando cruces que decían “Coca-Cola nos mata” y exigieron que el gobierno cierre la planta.
“Cuando ves que las instituciones no están cumpliendo con algo tan básico como el agua y el saneamiento, pero tienes una empresa acceso seguro a una de las fuentes de agua de la mayor calidad que hay, pues claro que te causa un shock“, dijo Fermín Reygadas, el director de Cántaro Azul, una organización que proporciona agua limpia a comunidades rurales.
Los ejecutivos de Coca-Cola y algunos expertos externos dicen que se ha calumniado injustamente a la empresa al culparla de la escasez de agua en la ciudad. Ellos, en cambio, responsabilizan a la urbanización veloz, una planeación deficiente y la carencia de inversión gubernamental, que ha dejado que la infraestructura de la ciudad se desmorone.
El cambio climático, dicen los científicos, también ha desempeñado un papel en el fracaso de los pozos artesianos que habían provisto agua para San Cristóbal durante muchas generaciones.
“Hoy día no llueve como antes”, dijo Jesús Carmona, un bioquímico que trabaja en el centro de investigación científica local Ecosur, dependiente del gobierno mexicano. “Casi todos los días, de día y noche, era la lluvia”.
No obstante, en una época de creciente conflicto entre México y Estados Unidos, alimentado por la promesa del presidente Trump de construir un muro fronterizo y sus amenazas de terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la antipatía en aumento hacia Coca-Cola se ha convertido en un símbolo de las frustraciones que muchos mexicanos sienten hacia su vecino del norte.
La planta es propiedad de Femsa, un gigante de alimentos y bebidas que posee los derechos para embotellar y vender Coca-Cola en todo México y gran parte del resto de América Latina. Femsa es una de las empresas más poderosas en México; uno de los exdirectores ejecutivos de Coca-Cola en México, Vicente Fox, fue presidente del país de 2000 a 2006.
El TLCAN ha sido benéfico para Femsa, que ha recibido cientos de millones de dólares de inversión extranjera.
Sin embargo, en San Cristóbal, el TLCAN se ve ampliamente como un intruso no bienvenido. El primer día del año 1994, fecha en que entró en vigor el tratado comercial, rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpieron en San Cristóbal, le declararon la guerra al Estado mexicano y quemaron edificios gubernamentales.
Aunque al final ambos bandos firmaron acuerdos de paz, el sentimiento en contra de la globalización aún bulle en la región, una de las más pobres de México.
“Coca-Cola es abusiva y manipuladora”, dijo Martín López López, un activista local que ha ayudado a organizar boicots y manifestaciones en contra de la refresquera. “Se llevan nuestra agua pura, la tiñen y te engañan en televisión diciendo que es la chispa de la vida. Luego toman el dinero y se van”.
Los ejecutivos de Femsa dicen que la planta tiene muy poco impacto en el suministro de agua a la ciudad, y señalan que sus pozos son mucho más profundos que los manantiales superficiales que abastecen a los habitantes. “Cuando escuchamos, y leemos en los medios, que nos estamos acabando el agua, la verdad es que nos hace mucho cortocircuito”, dijo José Ramón Martínez, un vocero de la empresa.
La compañía es también una importante fuerza económica en San Cristóbal, pues emplea aproximadamente a cuatrocientas personas y contribuye con cerca de 200 millones de dólares a la economía del estado, dijo Martínez.
Por su parte, los críticos dicen que el acuerdo entre Femsa y el gobierno federal, en el que este favorece indebidamente a la empresa, no le da nada bueno a la ciudad.
Laura Mebert, una socióloga de la Universidad Kettering, en Michigan, que ha estudiado el conflicto, dice que Coca-Cola paga una cantidad desproporcionadamente pequeña por sus privilegios respecto del agua —cerca de diez centavos de dólar por mil litros—.
“Coca-Cola paga este dinero al gobierno federal, y no al local”, señaló Mebert, “mientras que la infraestructura de servicios para los habitantes de San Cristóbal está literalmente desmoronándose”.
Entre los problemas que enfrenta la ciudad está la falta de tratamiento de aguas residuales, lo que significa que las aguas negras pasan directamente a las vías fluviales locales. Carmona, el bioquímico, dijo que los ríos de San Cristóbal están plagados de E. coli y otros patógenos infecciosos.
El año pasado, en un esfuerzo aparente por tranquilizar a la comunidad, Femsa inició conversaciones con los lugareños para construir una planta potabilizadora de agua que proporcionaría agua potable limpia a quinientas familias de la zona.
Sin embargo, en lugar de aliviar las tensiones, el plan condujo a más protestas por parte de los habitantes y obligó a la empresa a detener la construcción de las instalaciones.
“No estamos en contra de la planta potabilizadora”, dijo León Enrique Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien encabezó las protestas. “Solo exigimos que el gobierno cumpla con su obligación de proveer agua potable para sus ciudadanos. ¿Cómo vamos a permitir que la Coca lave sus pecados después de años de estar tomando el agua de San Cristobal?”.
Desde que llegaron las botellas de Coca-Cola a este lugar hace medio siglo, la bebida se ha entrelazado profundamente con la cultura local.
En San Juan Chamula, un pueblo agrícola en las afueras de la ciudad, el refresco embotellado es el pilar de las ceremonias religiosas apreciadas por la población tzotzil de la localidad.
Dentro de la iglesia del pueblo, los turistas caminan con cuidado a través de alfombras de hojas frescas de pino mientras el incienso de copal y el humo de cientos de velas llenan el aire.
Sin embargo, el mayor atractivo para los visitantes es mirar a los devotos rezar ante botellas de Coca-Cola o Pepsi, así como ante pollos vivos, que a menudo se sacrifican ahí mismo.
Muchos tzotziles creen que las bebidas carbonatadas tienen el poder de curar a los enfermos. Mikaela Ruiz, de 41 años, una lugareña, recuerda cómo el refresco ayudó a curar a su bebé, que estaba débil por haber tenido vómito y diarrea. La ceremonia fue conducida por su madre diabética, una curandera tradicional que ha llevado a cabo ceremonias con refresco durante más de cuarenta años.
Para muchos en San Cristóbal, la ubicuidad de la nada costosa Coca-Cola —y la diabetes que acecha en casi todos los hogares— simplemente agrava su enojo en contra de la refresquera.
Los defensores de la salud locales dicen que las agresivas campañas publicitarias de Coca-Cola y Pepsi que comenzaron en la década de los sesenta ayudaron a insertar las bebidas carbonatadas y azucaradas en las prácticas religiosas locales, que mezclan el catolicismo con rituales mayas. Durante décadas, las empresas produjeron anuncios espectaculares en las lenguas locales, a menudo usando modelos que vestían la ropa tradicional tzotzil.
Aunque Coca-Cola ya descontinuó esas campañas, Martínez, el vocero de Femsa, las describió como “un gesto de respeto hacia las comunidades indígenas”.
También rechazó las críticas sobre que las bebidas de la empresa han tenido un impacto negativo en la salud pública. Es posible que los mexicanos, dijo, tengan una proclividad genética a desarrollar diabetes.
Aunque la investigación científica en efecto sugiere que los mexicanos de ascendencia indígena presentan tasas más altas de diabetes, los activistas locales dicen que esto aumenta la responsabilidad de las trasnacionales que venden productos con un alto contenido de azúcar.
“Los indígenas comían alimentos muy simples”, dijo López, el activista, que pasó años viviendo con comunidades rurales como misionero. “Y cuando llegó Coca-Cola, su cuerpo no estaba listo para ella”.
Abadía, la guardia de seguridad, dijo que se culpa a sí misma por tomar tanto refresco. Aun así, mientras la salud de su madre se deteriora y después de haber visto a su padre morir por complicaciones de la diabetes, no puede evitar preocuparse por su propio bienestar.
“Me inquieta terminar ciega o sin una mano o un pie”, dijo. “Tengo mucho miedo”.
