Erika Barón
Las energías renovables implican una disyuntiva, pues por un lado significan un menor impacto ambiental que las energías convencionales, pero por el otro pueden conllevar violaciones a los derechos humanos de las comunidades a donde llegan estas nuevas tecnologías.
De acuerdo con datos del INEGI los estados que aportan mayor cantidad de energía renovable son Chiapas, con 40% de la energía hidroeléctrica de México, y Oaxaca, con 70% de energía eólica, mismas localidades que, a su vez, presentan el mayor índice de pobreza en el país: 77% y 70%, respectivamente.
Esto evidencia un desequilibrio entre la riqueza energética y la profunda pobreza, sin dejar de lado que los derechos básicos de estas comunidades han sido afectados irremediablemente, de acuerdo con especialistas.
El ideal al que debe apuntarse al hablar de energías limpias y renovables, consideraron, es que se puedan generar, distribuir y acceder fácilmente a ellas, pero sobre todo, que se respeten y beneficien los derechos humanos de los pobladores que habitan las locaciones de estos proyectos.
Las comunidades deberían ser las más beneficiadas, sin embargo, son las más afectadas pues existe una evidente falta de transparencia, de participación por parte de los lugareños, conflictos con opositores, violaciones a los derechos de los pueblos y explotación de la tierra, advirtieron.
“Al generar este tipo de proyectos no se están evaluando otros impactos negativos en el ambiente ni los conflictos socio ambientales que se generan, además están vinculados con la falta de transparencia, falta de acceso a la información, falta de participación local y desconocimiento de la titularidad y uso tradicional de la tierra”, indicó Fernanda Hopenhaym, co-directora ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Como parte de la serie webinars Comunidades y Energía Renovable: diálogos y contribuciones a la Transición Energética Justa en México, aseguró que la principal problemática es que quienes implementan las consultas en proyectos energéticos generalmente son juez y parte y no existe una participación real de los habitantes.
“Quienes implementan la consulta, en este caso la Secretaría de Energía, tiene el rol de fomentar la inversión y dar facilidades para que lleguen estas industrias al país, por lo que es muy difícil que tengan una posición neutral, por muy bien intencionados que estén”, aseguró.
Istmo de Tehuantepec, paraíso eólico
La extraordinaria geografía del Istmo de Tehuantepec, ubicado entre el Pacífico y el Golfo de México, da a esta región los vientos más fuertes y estables de México y, por ello, desde 2006 se ha convertido en el paraíso de parques eólicos para muchas empresas multinacionales.
Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad Unión Hidalgo, mencionó que en ese año llegó la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) a rentar sus tierras, y en 2009 firmaron un contrato por 30 años.
“Visitaron casa por casa todas las tierras que se encontraban en el polígono, con mentiras y promesas fueron convenciendo a los pobladores y dieron a firmar un contrato de arrendamiento que nadie entendía, porque no tenía la información suficiente”, aseguró Ramírez Castellanos durante el webinar internacional “Impactos de la transición energética: Una mirada desde la defensa integral”, evento organizado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).
En 2017, la empresa Electricidad de Francia (EDF) impulsó un segundo parque, pero en 2012, antes de realizar una consulta, ya había obtenido un permiso por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para el arranque de este proyecto.
En abril de 2018, esta consulta fue demandada por haber sido realizada en condiciones inadecuadas, por lo que en octubre del mismo año ésta se suspendió afectando la construcción del segundo parque eólico.
Con ello, se ordenó a la Sener la planeación de una consulta previa, libre e informada; sin embargo en noviembre de 2018 se retomó con las mismas irregularidades.
“No estamos en contra de la energía renovable, estamos en contra de la manera en que se llevan a cabo estas consultas, nuestra comunidad no tiene la suficiente información. No sabe lo que es una consulta, ni lo que es un protocolo. Entonces no podemos dar un consentimiento”, explicó la defensora de Derechos Humanos.
Este sólo es un ejemplo de la problemática que conlleva la llegada de empresas energéticas al país, actualmente en esta región existen 28 parques eólicos con alrededor de mil 500 turbinas y en todos los procesos “hay una parte que no es escuchada, la parte humilde”, dijo.
Demex es una de las empresas que se amparo contra del Acuerdo y la Política de Cenace y Sener, y el pasado 13 de julio obtuvo dos suspensiones definitivas por lo que el Acuerdo y la Política no podrá serle aplicado sino hasta la conclusión del juicio.
¿Cuál es el desafío para la transición energética justa?
No sólo es necesaria una transición energética, sino repensar un modelo económico en donde los derechos de las minorías sean derechos que se respeten y se aseguren durante los procesos.
Una de las acciones principales urgentes para esta transición es democratizar el acceso a las energías, pues “durante años la energía que se ha generado es para clientes privados y realmente no se estaba dando energía más barata o gratuita a los territorios locales, quienes estaban siendo explotados para la generación de estas energías”, detalló Hopenhaym.
Entre las empresas que eran los principales clientes de estos parques eólicos la especialista refirió a FEMSA.
“La preocupación es que hoy en día se accede a un cumplimiento de los derechos humanos vía procesos jurídicos y legales, y no realmente propuestos de manera proactiva por autoridades y empresas, previo a la instalación de cada proyecto” aseveró.
Rafael Fonseca Chávez, oficial del Programa de Desarrollo Sustentable en el Centro de Colaboración Cívica (CCC), coincidió en que es vital construir una nueva relación que atienda los proyectos y las necesidades de las comunidades donde se llevan a cabo.
“La participación debe ser una nueva relación de corresponsabilidad entre los actores involucrados, lo cual abonará a la prevención de conflictos sociales, empoderamiento, gestión del territorio y creación de valor para todos los sectores” detalló.
Es ahí donde nacen los Lineamientos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable Participativos, Incluyentes y Transparentes, recomendaciones que, si bien no constituyen una obligación, sí complementan las actuales medidas en favor de las poblaciones y sus comunidades.
Estos aseguran que las comunidades deben estar presentes en la planeación del proyecto: promoviendo un desarrollo participativo e incluyente, una interacción permanente y activa, “donde la población tiene derecho a decir que no, pero, en caso de decir que sí, también tiene derecho a decidir qué permite y qué no”, instruyó Fonseca Chávez.
Estas recomendaciones dirigidas al gobierno, desarrolladores y comunidades locales se dividen en cinco pilares propuestos por el Centro de Colaboración Cívica y son:
- Información y transparencia
- Inclusión y empoderamiento
- Diálogo y deliberación
- Libertad y seguridad
- Influencia en la toma de decisiones
Mencionó que estas condiciones son necesarias para tener una participación genuina irreductible y aplicable en cualquier tipo de proceso y necesarias para tener una transición energética justa.
“La gestión de los recursos debe definirse desde las personas que habitan el territorio, a través de procesos donde se garantice el involucramiento equitativo de todos los sectores de la sociedad”, concluyó.
