El boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y de los precios en el mercado internacional está siendo resistido por manifestaciones violentas, huelgas regionales y marchas de las poblaciones afectadas en defensa del medio ambiente y el agua.
«Hay un incremento de conflictos mineros por el medio ambiente en número y en intensidad. Por el agua, por la extensión de las concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por el desplazamiento de las actividades y de la población», explica el economista José de Echave, ex viceministro peruano de Medio Ambiente.
«Pero son sobre todo por el agua», agrega.
De México a la Patagonia, varios megaproyectos se están viendo frenados o hasta suspendidos por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los estudios de impacto ambiental (EIA) que presentan las empresas y los mensajes de progreso con inclusión social (creación de empleo) con que las autoridades justifican su aprobación.
Y es que muchas veces para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, primero hay que cambiar pueblos enteros de lugar, talar bosques con fauna y flora endémicas o hasta secar lagunas y trasvasarlas.
Las organizaciones ambientalistas critican los millones de litros de agua que se necesitan para la mina y el uso de cianuro «altamente contaminante», como en el caso de las minas a cielo abierto, para separar el oro de la roca.
Un claro ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas Ngöbe-Buglé y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas ha dejado esta semana dos muertos.
Según Raisa Banfield, directora de la fundación Panamá Sostenible, el proyecto contempla «talar 5 mil hectáreas de bosque de la zona».
«Habrá pérdida boscosa de biodiversidad y de hábitat para especies endémicas y habrá contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de los ríos», explica.
En el noreste de Perú, tras semanas de disturbios que llevaron al presidente Ollanta Humala a decretar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de 4 mil 800 millones de dólares, quedó suspendido a la espera de que tres peritos extranjeros evalúen el EIA presentado por la compañía Yanacocha.
En Argentina, unas 20 personas fueron detenidas el pasado miércoles en el desalojo de un corte de ruta que buscaba impedir que se siga explotando Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro en el noroeste del país.
En ese país ya se había hecho emblemática la localidad de Famatina (mil 300 km al noroeste de Buenos Aires), que en los últimos años logró suspender dos proyectos auríferos.
Y hay proyectos paralizados en otros países, como Costa Rica y Colombia. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), hay más de 120 disputas en toda la región.
«Es cierto que hay una nueva consciencia ambiental entre los pobladores.
Pero también la gente se está dando cuenta de las ganancias extranormales que deja la minería y quiere que parte de ellas se queden en su región», explica Juan Carlos Belausteguigoitia, economista ambiental líder del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Según la institución financiera internacional, el 30 por ciento de las inversiones en exploración de nuevos yacimientos está en América Latina, y en países como Chile, Perú o Colombia el sector minero puede llegar a alcanzar el 20 por ciento del PIB.
En Brasil, la producción minera alcanzó un estimado de 11 mil millones de dólares en 2011, 20 por ciento más que el año anterior, mientras que Ecuador prevé para 2012 un crecimiento del 5.35 por ciento del PIB gracias a la explotación de oro y plata.
A pesar de las grandes oportunidades que ofrece, América Latina ya no es el «paraíso» desregulado para las grandes compañías mineras. «Se está avanzando mucho en cuanto a normativa ambiental, aunque todavía queda mucho por hacer. Hasta hace poco los ministerios de Medio Ambiente eran los hermanos pequeños de los gabinetes», explica Belausteguigoitia.
«Ahora, cuanto más grandes sean las empresas, más cuentas tienen que rendir y más probabilidades tienen de mejorar su desempeño ambiental», agrega, sin olvidar que todavía existen vacíos legales en cuanto a prevención del impacto ambiental a largo plazo, tras el cierre de la mina.
Fuente: Reforma.com
Publicada: 10 de febrero de 2012.
