Hasta antes de la aparición de una bacteria que le costó 11,000 millones de dólares en valor de mercado, la cadena de restaurantes Chipotle era vista como un serio competidor de McDonald’s en el negocio de comida rápida de Estados Unidos.
El brote dejó 500 personas enfermas en 2015, a la compañía, con problemas para recuperar a sus clientes y una investigación de la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés), la dependencia encargada de la regulación de alimentos, medicinas y tabaco en Estados Unidos. Esa institución se ha impuesto el reto de prevenir la aparición de nuevas infecciones por alimentos.
Actualmente, uno de cada seis estadounidenses padece enfermedades relacionadas con productos contaminados. Desde septiembre de 2016, la FDA quiere evitarlo a través de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA), que impactará a socios comerciales de Estados Unidos como México, que en 2015 exportó 21,000 millones de dólares en productos agrícolas. Se trata de la primera gran modificación a las regulaciones sobre seguridad alimentaria en Estados Unidos desde 1938.
Hasta antes de la ley, la FDA usualmente reaccionaba a un brote como lo hizo con Chipotle. Ahora pretende instaurar una cultura de prevención. Cerca de 100,000 exportadores mexicanos deben cumplir las mismas exigencias que los productores estadounidenses, y están obligados a tomar medidas como verificar la higiene del agua y del personal que maneja los alimentos, así como el análisis de posibles riesgos.
“El mayor cambio es que es obligatorio”, dice Hugo Fragoso, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Hasta antes de esta regulación, los productores que exportan a Estados Unidos sólo se registraban ante la FDA con una dirección fiscal y una física.
La dependencia de Fragoso es la institución en México encargada de regular y certificar la reducción de riesgos en la industria de alimentos, y ha acompañado el proceso de implementación de la ley desde 2011. La normativa, que excluye la carne roja, de ave y productos de huevo, entró en vigor el pasado 19 de septiembre para las empresas más grandes, como las que exportan frutas y verduras congeladas y precortadas.
Compañías como La Huerta, de productos congelados, ya están sujetas a las nuevas regulaciones. Después de ellas, llega el turno de quienes empacan frutas o verduras en fresco, que deberán atender la regulación antes de mayo de 2017.
“Hay muchos que todavía están en proceso de certificarse, pero nosotros pensamos que la mayoría van a cumplir”, dice Fragoso, cuya dependencia debe asegurarse de que nadie quede fuera del mercado estadounidense, en particular, los pequeños productores, quienes tienen hasta 2018 para cumplir las reglas. Senasica los apoya a través de asesoría y certificación en los 32 comités de inocuidad que tiene en el país, en los que ofrece asesorías y pláticas personalizadas.
Algunos de ellos, como los que producen tomate, ya están trabajando para cumplir con las nuevas exigencias. “Lo hemos tomado con calma, y mucha responsabilidad. Vamos a hacer la tarea porque el negocio para los que exportan es la venta a Estados Unidos”, dice Manuel Cázares, vicepresidente del Sistema Producto Tomate.
De no atenerse a las reglas, la presión de las autoridades estadounidenses no irá sobre el productor mexicano, sino sobre el importador. “Hay una campaña de concientización a través del comprador estadounidense”, dice Hermann Saenger, director de SGS México, una firma dedicada a hacer certificaciones en diversos sectores, como el agrícola y el energético.
“Es el que se va a poner estricto. Es el que va a decir ‘me quieres vender limones, ¿ya estás certificado? Porque no quiero tener riesgos’”. Firmas como la de Saenger, junto con las autoridades mexicanas, confían en que ningún alimento mexicano se quedará varado en la frontera.
Fuente: Expansión
