Varias instituciones de educación superior en EE. UU. —entre ellas seis de la Ivy League— están acusadas de participar en la fijación de precios y, por ende, en limitar injustamente las ayudas financieras a estudiantes de bajos ingresos, utilizando una metodología compartida para calcular las necesidades de las y los solicitantes.
Según el medio The Conversation, las escuelas en cuestión han declinado realizar comentarios o se han limitado a decir que no han hecho nada malo. Ante esto, Robert Massa, profesor de la Universidad del Sur de California, ofrece su opinión sobre el caso.
Escándalo en admisiones para estudiantes de bajos ingresos
Aunque puede resultar tentador calificar este caso como un “escándalo” de las admisiones, esta demanda se remonta a una investigación de 57 universidades privadas, llevada a cabo hace más de 30 años por el Departamento de Justicia bajo la acusación de “fijación de precios”. Esto representa un modo de restringir la competencia entre aspirantes, acordando entre las instituciones ofrecer ayudas financieras similares a las personas admitidas.
Desde entonces, se efectuaban reuniones entre las instancias educativas para revisar los paquetes de apoyo económico que ofrecían. Las universidades afirmaban que así alineaban sus concesiones con la misma información, esto con el propósito de que el estudiando pudiera seleccionar en función de qué oferta era la mejor, en lugar de cuál ofrecía más remuneración. Lo anterior, tenía como resultado que esta última fuera igual.
El gobierno, citando la Sección I de la Ley Antimonopolio de Sherman, no estaba de acuerdo. Alegó que la práctica de compartir la información sobre la ayuda financiera, limitaba la competencia y, al hacerlo, podía dar lugar a precios más elevados para estudiantes de bajos ingresos, ya que, sin parámetros diferentes, no habría teóricamente ninguna razón para intentar superar lo ofertado por alguna institución participante de esta estrategia.
Finalmente, llegaron a un acuerdo y aceptaron dejar de colaborar en la concesión de ayudas financieras. En 1992, el Congreso eximió a las universidades de las leyes antimonopolio, pero solo si implementaban el need blind, es decir si no tenían en cuenta los aspectos económicos como filtros de admisión. Asimismo, les permitía discutir las políticas de ayuda si acordaban conceder los apoyos en función de la necesidad y no del mérito.
¿Por qué se les acusa nuevamente?
La demanda colectiva presentada por cinco colegiales acusa a las universidades de Brown, Columbia, Cornell, Duke, Emory, Georgetown, Northwestern, Rice, Vanderbilt, Yale, entre otras, de hacer que estudiantes de bajos ingresos paguen más al darles menos ayuda de la que habrían podido recibir utilizando la fórmula estándar de necesidad financiera aprobada por el Congreso.
En concreto, aseveran que estas instituciones dan preferencia a hijas e hijos de los posibles donantes. Según los demandantes, con esto pasan por alto la política de no mirar las finanzas, por lo que no pueden acogerse a la exención.
Cabe señalar que con el need blind, las decisiones de admisión son tomadas sin ver la solicitud de ayuda financiera. Pero, es probable que los descendientes de donadores que puedan hacer una aportación importante no presenten una solicitud. Por lo tanto, antes de hacer una admisión, las universidades no pueden ver un formulario que no existe.
La demanda también alega que no son 100% “ciegas a las necesidades” porque algunas miran los requerimientos cuando aceptan a personas en sus listas de espera. En la experiencia de Robert Massa, esta sí es una actividad común al final del ciclo de admisiones, si hay espacio disponible en la clase de primer año, es después de que la mayoría de los fondos se han concedido.
Otro punto de la acusación apunta a que estas escuelas conceden menos ayudas porque aceptan utilizar una “metodología compartida”, con una fórmula que calcula contribuciones familiares más altas para los gastos universitarios que la “metodología federal” aprobada por el Congreso en la concesión de ayudas federales.
Los ajustes realizados disminuyen la necesidad de ayuda financiera del estudiante. A pesar de esa suposición, las entidades educativas que se ponen de acuerdo en el cálculo financiero también podrían aumentar el derecho a la ayuda.
Por ejemplo, podrían hacerlo decidiendo que esperarán que el alumnado aporte menos de sus ingresos de verano debido al impacto de la COVID-19 en el mercado laboral, disminuyendo el precio que deben pagar.
¿Por qué debería preocuparse alguien por esto?
Si bien, solo una pequeña fracción de la comunidad estudiantil actual se vería afectada por estas supuestas prácticas, la mayoría de los colegios de Estados Unidos no cumplen con las leyes antimonopolio porque aún no se comprometen a no contemplar las necesidades, no las satisfacen y no conceden las ayudas únicamente en función de las mismas. Por lo tanto, no alcanzan los criterios para una exención.
Lamentablemente, las instituciones no están obligadas por ley a conceder ayudas con sus propios fondos a quienes cumplan con los requisitos, dice Massa. “En mis 45 años como docente, he comprobado que la mayoría conceden ayudas porque se han comprometido a eliminar las barreras financieras para el mayor número posible de estudiantes”, afirma.
Añade que sabe que las universidades creen que con su título conducen a la movilidad ascendente y quieren contribuir a eso. “Por supuesto, nadie quiere que las universidades —o las empresas de consumo— realicen prácticas que eliminen la competencia y den lugar a un aumento de los precios
Al operar dentro de la ley, deben ser transparentes sobre cómo admiten y conceden ayuda financiera. Esto es esencial para que las familias puedan estar seguras de que están recibiendo un trato justo, concluye.
