La cadena de suministro y logística de insumos en México vive un verdadero test de estrés con la pandemia del coronavirus (COVID-19), situación que les exigirá establecer esquemas antes no implementados y cumplir con su responsabilidad de trasladar medicinas y alimentos para satisfacer las necesidades humanas.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud, indicó que ante la declaratoria de la Fase 2 del COVID-19, “es muy importante que las instituciones, las organizaciones privadas y sociales no paren, pues de ellas dependemos todos y todas en este país, la producción de alimentos, la logística básica, los servicios, etc., dependen de todas esas empresas”.
El sector de alimentos es clave para impulsar la economía nacional a través del abastecimiento de productos, siendo el motor la iniciativa privada.
Al respecto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó que el autotransporte trabaja al 100% de su capacidad a pesar del COVID-19.
El organismo empresarial detalló que existen algunos paros técnicos y de producción en el rubro automotriz, pero en cuanto al abasto de medicamentos, de materiales de curación y de alimentos, se mantendrá a un ritmo pausado, pero sin descuidar la dotación de insumos.
Un ejemplo es la producción nacional de 286 millones de toneladas de alimentos, que deben movilizarse anualmente en México, indica el Atlas Agroalimentario 2012-2018.
David Lati, director comercial LATAM de LDM, consultora de logística y cadena de suministro, dijo que las empresas requieren implementar de forma urgente un Plan de Recuperación de Desastres (PRD) y sacar a flote su capacidad logística, pues 9 de cada 10 compañías no cuentan con un programa de este tipo.
Relató que los PRD son estratégicos en proyectos a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de evitar la toma de decisiones apresuradas ante situaciones complejas y poner en riesgo los objetivos económicos, sociales y responsables de las corporaciones.
Dijo que se deben crear Cuartos de Guerra –Comité conformado por directivos de diversas áreas de la empresa-, para confeccionar los planes de recuperación de desastres que afectan a las corporaciones como a la misma sociedad.
“La responsabilidad social empresarial, es un factor clave para salir adelante y brindar soluciones a los problemas que enfrentarán las cadenas de logística de productos”, añadió.
El 60 % de las empresas que producen productos de primera necesidad (alimentos, medicinas o geles antibacteriales) cuenta con PRD para blindar sus inventarios e incrementar al máximo posible sus niveles de producción. Pero el otro 40 %, en su mayoría Pymes, no tiene un PRD, lo que los hace improvisar y no ser responsables en la crisis.
En México existe una amplia interrelación entre grandes corporativos y pymes, con un intercambio comercial en poco más de 2 millones de establecimientos.
“Cadenas comerciales que se fracturaron en 2017 con el sismo y en 2009 con la enfermedad del SARS, y ahora está por enfrentarse el reto del COVID-19”, mencionó.
Requiere México alargar la vida de sus Pymes
Las condiciones de distanciamiento social que exige la pandemia del coronavirus en la ciudad, han provocado entre las empresas de comercio y servicios creen nuevas formas de acercar productos y alimentos a las personas para no exponerlos al contagio.
Algunas cadenas de comida rápida, por ejemplo, cerraron sus puertas y empezaron a atender exclusivamente por sus sistemas de autoservicio.
La mayoría de los supermercados se garantiza que en las filas exista una “sana distancia”, limitar el número de artículos que los clientes puedan comprar de un mismo producto, para evitar que las compras de pánico generen desabasto de productos básicos.
Las medianas empresas tienen flujo de efectivo por 27 días, una de mediano tamaño para 60 días y las micro y pequeñas más débiles se estima no sobrevivirán al COVID-19.
Urgen planes de emergencia empresarial
Hugo Hernández Ojeda Álvarez, socio experto en Derecho Laboral de Hogan Lovells, declaró que no todas las empresas tienen políticas para la atención de emergencias como el COVID-19 y se reacciona sobre la marcha, lo cual, les afecta por la falta de controles necesarios y, más que nada, la falta de información veraz y oportuna que se requiere para actuar con la inmediatez necesaria.
Indicó que el implementar un plan de emergencia en las empresas, ni es costoso o tardado, sino que depende del tamaño de las empresas pero en términos generales se puede implementarse en unos 7 días hábiles. “Aun con la Fase 2 del COVID-19 se puede actuar, pero el tiempo se reduce y se debe actuar con celeridad”.
Expuso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitieron una Guía de Acción aplicable para todos los Centros de Trabajo en México, con el objetivo de prevenir y atender casos de COVID-19.
Estas medidas deben ser consideradas por los patrones en México para estar en posibilidades de emitir un plan de emergencia y realizar las acciones correspondientes durante la contingencia sanitaria decretada por el gobierno federal.
Algunos de los puntos más importantes de esta Guía son:
– Difundir y promover en los centros de trabajo las medidas de prevención del COVID-19 (https://coronavirus.gob.mx/).
– Promover una sana distancia disminuyendo la frecuencia y el encuentro cara a cara.
– Implementar filtros de ingreso para identificar al personal con enfermedades respiratorias.
– Enviar al personal a su casa cuando presenten enfermedades respiratorias.
– Aislar a aquellos trabajadores con un contagio confirmado de COVID-19.
– Identificar funciones susceptibles de realizarse desde casa.
– Informar a los empleados sobre la Jornada Nacional de Sana Distancia por COVID-19.
– Implementar medidas de limpieza permanente en el centro de trabajo.
– Llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio.
