En materia de prevención contra el lavado de dinero en México, únicamente el 7% de los contadores públicos forma parte de algún cuerpo colegiado. Se trata de unárea de oportunidad importante para la educación profesional en materia antilavado, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Para Silvia Matus de la Rosa, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, dice que en la actualidad, en el país existen 350 mil contadores públicos certificados, los cuales, sólo 25 mil forman parte de alguno de los colegios.
Esto se debe a que en México los contadores no están obligados a formar parte de un cuerpo colegiado que evalúe sus conocimientos y los mantenga en una preparación constante de los temas que surgen dentro de su ámbito laboral y profesional.
Según la especialista las observaciones del GAFI coinciden con lo que ella opina en cuanto a que la obligatoriedad de formar parte de un cuerpo colegiado representa un control del ejercicio de la profesión en materia de prevención de lavado de dinero y genera estándares de ética.
«Al ser colegiados nos obligamos a la educación profesional continua, con un mínimo de horas requeridas de preparación en la materia».
En materia de antilavado, el IMCP ha impulsado e invertido en proyectos para educar a los profesionistas, entre los que destaca la certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Sin embargo, reconoció que estos esfuerzos representan proyectos incipientes, con una Ley antilavado que tienen apenas 4 años de vida, por lo que los resultados de educar a los profesionistas podrían no verse reflejados aún en las evaluaciones del GAFI.
SAT necesita más recursos para supervisión de lavado de dinero
De acuerdo con Teodoro Briseño, director general de TMSourcing, una empresa de capacitación en temas de prevención de lavado de dinero, estima que son alrededor de 340,000 entes que hay en el país y que pertenecen a 15 categorías no financieras como empresas constructoras, casinos, joyeros, traslado de valores, casas de juego, inmobiliarias, casas de obras de arte, notarios, agencias automotrices y aduanas, entre otras.
“Los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos de lavado de activos dentro de los sectores por los cuales son responsables y desarrollaron modelos sólidos que les permiten diferenciar los riesgos entre las diferentes instituciones. La situación es mucho menos clara con respecto a los profesionales y actividades no financieras designadas (APNFD), donde la base para la apreciación de riesgo del SAT no está plenamente desarrollada”, refiere el informe.
“La gran cantidad de entidades por las cuales el SAT es responsable representa un desafío material para la comprensión del riesgo a nivel de los negocios individuales (…) Si bien el SAT emplea un modelo de riesgo de lavado de dinero, el organismo no cuenta con los suficientes recursos y pudo, en los últimos tres años, inspeccionar menos de 0.2 % de las entidades por las cuales es responsable”.
