Expertos independientes de la ONU en cuestiones de pobreza extrema, deuda externa y equidad urgieron a los gobiernos de los países de la Unión Europea (UE) a adecuar los sistemas bancarios a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. El llamado respondió a la publicación de un estudio sobre la estructura del sector financiero encomendado por la Comisión Europea.
El “Informe Liikanen” recomienda una serie de regulaciones para impedir que los contribuyentes solventen paquetes de rescate a bancos quebrados y para evitar crisis financieras. Luego de conocido el estudio, expertos de la ONU exhortaron a las autoridades de la Unión Europea a asegurarse de que no se utilicen en el futuro fondos públicos vitales para salvar firmas financieras colapsadas.
“Los Estados tienen la obligación de usar al máximo sus recursos disponibles para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos”, dijo la relatora especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda. “Esto incluye asegurarse de que se recauden y utilicen recursos adecuados para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza”, agregó.
“Los Estados deben comprometerse a crear un marco regulatorio que asegure que esos recursos presupuestarios no se desvíen al rescate de firmas financieras fallidas”, sostuvo Sepúlveda.
Entre 2008 y 2011, los países de la UE europeos asignaron 4,5 billones de euros (el equivalente a 37 por ciento de la producción económica del bloque) al rescate de instituciones financieras.
“Estos gastos extraordinarios e imprevistos causaron crisis de deuda y, en muchos casos, crearon dificultades insoportables a las personas, en especial a las que viven en la pobreza, debido a la implementación de planes de austeridad en frecuente contradicción con la obligación legal de los Estados de hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales”, agregó Sepúlveda.
Por su parte, Cephas Lumina, experto independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales en los derechos humanos, afirmó que “hacerle frente, mediante regulaciones efectivas, a los excesos del sector financiero que alimentaron la crisis actual ayudaría a los Estados a cumplir con la tarea” de hacer cumplir esos derechos.
“El deber de los Estados de promover los derechos humanos los obliga a establecer condiciones para que esos derechos sean plenamente cumplidos para todos, sin distinción de ningún tipo”, según Lumina.
“Es ampliamente aceptado que la actual crisis de deuda soberana de la eurozona es, en gran medida, consecuencia de los enormes paquetes de rescate bancario, si bien otros actores del sector financiero, como las agencias calificadoras de crédito, los especuladores y los fondos de cobertura, alimentaron la crisis de forma crucial”, agregó Lumina.
Según este experto de la ONU, “es importante que las reformas de regulación propuestas no se limiten en exclusiva al sistema bancario, sino que se extiendan también a otros actores del sector financiero”.
Por su parte, el experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, manifestó su preocupación ante “la tendencia de los países de la UE a no atender las causas profundas del problema y a recurrir únicamente a las denominadas medidas de austeridad, que ponen en peligro no sólo el bienestar de la población actual, sino también el de las futuras generaciones”.
“Hay soluciones alternativas perfectamente viables a la crisis financieras, como reducir los denominados presupuestos ‘de defensa’ y todos los gastos militares. No deberíamos contemplar reparaciones rápidas o esquemas de corto plazo que a la larga sólo agravarán los problemas. Es un imperativo evitar futuros rescates antidemocráticos e instalar marcos regulatorios que realmente funcionen para el sistema bancario”, destacó De Zayas.
“Todas las personas, en la UE y en todo el mundo, tienen derecho a un orden social internacional en el cual sus derechos y libertades puedan ser ejercidos a pleno”, agregó.
Sin mecanismos para frenar perturbaciones en actividades bancarias vitales en el proceso de reestructurar o disolver firmas financieras quebradas, algunos rescates podrían ser nuevamente necesarios en el futuro, con el consecuente perjuicio contra los derechos humanos, advirtieron los expertos independientes de la ONU.
Fuente: Agenda Global
