«En México todos los contribuyentes cumplen en forma con sus obligaciones fiscales y jamás se atreverían a falsificar una factura para evasión de impuestos»: esta, sin duda, no es la realidad de miles de mexicanos.
Recientemente la Cámara de Diputados aprobó que quien genere, compre, expida y admita facturas falsas, será sancionado debido a que es un delito tipificado como delincuencia organizada.
Esta reforma busca que tanto la facturación falsa como la defraudación fiscal, sean considerados como delitos de prisión preventiva oficiosa cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.
318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones. Avalan, en lo general, el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y a las empresas fantasmas. https://t.co/lDmzBgITm3
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 15, 2019
Para los diputados Marco Antonio Medina Pérez y Rubén Cayetano García, pertenecientes a la Comisión de Justicia, la reforma no va a afectar a los pequeños contribuyentes que cumplen sus obligaciones, pues señalaron que se enfoca en castigar a las empresas que venden o compran facturas para encubrir operaciones ilegales.
“El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a las que están sujetas por la corrupción”, expuso Cayetano García.
Anuncian amparos; consideran «terrorismo fiscal»
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) anunció la presentación de amparos contra la reforma en caso de aprobarse, al considerar que con ella se inicia una nueva era de “terrorismo fiscal”.
Para Reginaldo Esquer Félix, presidente del organismo, se hará legalmente lo que corresponda, ya que con esta reforma los “buenos empresarios” podrían ser procesados, incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada.
“Si tenemos las condiciones legales, sí estaríamos dispuestos a revisar y a coordinar la posibilidad de promover un juicio de amparo, en el caso de quienes tengan otras oportunidades como los mismos diputados o senadores que votaron en contra, tendrán el derecho de promover”.
El Presidente @lopezobrador_ miente cuando afirma que @Coparmex está a favor de las factureras. Reiteradamente hemos apoyado su erradicación, por dañar la hacienda y ser una competencia desleal. Lo que rechazamos es el deterioro de la certidumbre jurídica de los contribuyentes. pic.twitter.com/MXqkQaDQCc
— Coparmex Nacional (@Coparmex) October 16, 2019
¿Tu empresa o tú generan facturas?
El Financiero lanzó algunos datos que debes saber:
- El dictamen aprobado por la Cámara baja adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
- De acuerdo con la reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, se impondrán sanciones de 2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas.
En pocas palabras: el uso de facturas falsas estará sancionado con hasta 9 años de prisión.
3. La pena de prisión no solo será para las personas que usen las facturas falsas, sino para los que, por medio de un tercero, utilicen o expidan los comprobantes fiscales apócrifos.
4. Las penas antes de las reformas hoy aprobadas eran de entre 3 a 6 años de prisión, por lo que ahora el rango crece hasta en 3 años.
5. Otro de los puntos importantes del dictamen se relaciona con las penas contra los sujetos que publiquen o permitan anuncios para la compra de facturas falsas. Para ellos, las condenas serán de entre 2 a 9 años de cárcel.
5. La defraudación fiscal se considerará como delito para prisión preventiva oficiosa cuando supere en tres veces el monto de 2 millones 601 mil 410 pesos.
6. Los servidores públicos que realicen facturas falsas o defrauden fiscalmente, serán separados de su cargo e inhabilitados de entre uno a 10 años.
7. Los funcionarios públicos podrán ser castigados con hasta 6 años de cárcel si cometen o participan en un delito fiscal.
8. Con las reformas, los ilícitos contra el fisco serán considerados como amenazas a la seguridad nacional.
