El 22 de noviembre se dio a conocer un decreto presidencial en el que se anunciaba que las obras de infraestructura serían consideradas como asunto de Seguridad Nacional. Frente a esta noticia, existieron voces que resaltaron la falta de transparencia en ella, pero….¿qué implica realmente el decreto? ¿Facilita o empeora las cosas?
Para dar una respuesta es necesario conocer a cabalidad qué es lo que dice el decreto presidencial, sus implicaciones y las principales voces al respecto.
Decreto presidencial: Obras públicas consideradas de Seguridad Nacional
De acuerdo con el Diario Oficial de la Feración (DOF), la infraestructura es necesaria para la economía, crear empleos, impulsar un desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente. Además de acercar oportunidades a las regiones más marginadas de México. En ese contexto, el decreto presidencial dice:
Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 22 de noviembre, 2021.
Tal como menciona la cita anterior, hay diferentes elementos que resaltan. Por un lado, la declaración de seguridad nacional y por otro los diferentes sectores a los que alude, los cuales si bien forman parte de la infraestructura, también supone cierta duda sobre considerarlos de seguridad nacional.
El artículo segundo de este decreto presidencial hace referencia a que «se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos». Y es la otra óptica que resalta el «limitar» los requerimientos burocráticos.
Sin duda, frente a esta declaratoria surgen cuestionamientos en torno a la transparencia.
La importancia de la transparencia en la democracia
Hay varios elementos que se necesitan tener claros sobre el decreto presidencial, entre ellos destacan dos: la seguridad nacional y la transparencia. Respecto al primer tema es útil recordar la Ley de Seguridad Nacional expedida en 2005 que define a la seguridad nacional como:
Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país.
La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio […]. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes
Ley de Seguridad Nacional.
Es decir, la seguridad nacional supone salvaguardar la estabilidad y democracia de México. En ese sentido, una pregunta sobre el decreto presidencial es saber: ¿En qué medida la infraestructura atenta contra la seguridad nacional? ¿Por qué es un tema que, de acuerdo con el decreto, es de seguridad nacional?
Estos cuestionamientos llevan a otros en referencia con la transparencia, pues si es un asunto de seguridad nacional supondría que es información que debe ser resguardada.
El tema de la transparencia no es novedoso, de hecho México ocupa el puesto 124 de 180 en el ranking de Transparencia Global, lo cual lo coloca en un país con altos niveles de corrupción e información que se puede corroborar con la experiencia en el día a día.
Bajo esa dinámica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) analiza el decreto presidencial, ya que al ser la seguridad nacional una de las causales de la reserva de información, implica que:
Las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
La transparencia en este decreto llama la atención en especial, porque como señala el portal SPD Noticias, los grandes proyectos de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son:
- El Tren Maya.
- La Refinería de Dos Bocas.
- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Al respecto también resalta que al menos dos de los tres proyectos representativos del sexenio de AMLO han sido cuestionados por temas ambientales.
Se señalaba que la Refinería de Dos Bocas tendrá impactos negativos sobre factores ambientales como el agua, aire, fauna, suelo, vegetación. Incluso se destacó la parte de la contaminación.
Por otra parte, a través de varios estudios, se señaló el impacto ambiental y arqueológico del Tren Maya, en donde se encontraron desde pequeñas casa mayas hasta campos con restos de cerámica.
De hecho, al considerarse las obras de infraestructura como parte de la seguridad nacional no se podrá acceder a esta información, y con ello se restringe la transparencia tan vital en el sistema democrático. Frente a este contexto ya hay profesionales que alzan la voz.
Barra de abogados resalta falta de transparencia
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) fundada en el 1922, señaló de manera contundente la necesidad de revertir este decreto presidencial, ya que va en contra de la democracia y, de hecho, recurre a varias violaciones constitucionales:
- División de poderes ya que pretende imponer indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión.
- Competencia económica al generar una competencia desleal.
- Ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable.
- Debido proceso.
- Consulta previa, tanto ambiental, como indígena y otros procesos sociales y agrarios.
- Progresividad en materia de derechos humanos.
De hecho, la BMA declaró:
Manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional.
Barra Mexicana de Abogados.
Y es que tal como se ha hecho mención, el declarar como tema de seguridad nacional a la infraestructura limita la transparencia, e incluso, como destaca la BMA tiene repercusiones a nivel ambiental, social, económico, jurídico y de derechos humanos.
Frente a este contexto queda por ver cuál es la respuesta del INAI, así como la postura de otros actores sociales sobre el tema, ya que este decreto presidencial pone en entredicho la transparencia y hace factible ocultar posibles actos de corrupción, tema contra el que AMLO ha cimentado su gobierno, al menos en el discurso.
«Andrés Manuel López Obrador» by David Agren is licensed under CC BY 2.0
«Tren maya le da a la madre tierra» by elcafedeolla is licensed under CC BY 2.0
