Erika Barón
Tres farmacéuticas con las que el gobierno mexicano anunció convenios de pre-compra de vacunas contra la COVID-19 han sido muy renuentes en transparentar los detalles de su contenido, interponiendo cláusulas que impiden la publicación total de estos contratos, violando los derechos a la información de los mexicanos y contradiciendo las pautas de transparencia y Responsabilidad Social Empresarial por las aseguran regirse.
Lo anterior, de acuerdo con especialistas en la materia, quienes consideraron que tanto Pfizer-BioNTech, como AstraZeneca-Oxford y CanSino obligan en dichos acuerdos al Estado a informarles antes de transparentar la información y así dar tiempo a que las compañías puedan interponer amparos, incluso ante la presión de organismos sin fines de lucro e instancias internacionales quienes han exigido la liberación total de los contratos.
Cabe mencionar que el pasado 25 de marzo Amnistía Internacional solicitó al gobierno federal los contratos que hizo con la farmacéutica AstraZeneca, y también los acuerdos que realizó con la Fundación Slim, de acuerdo con un comunicado el organismo aseguró que el gobierno respondió que no tenían ningún acuerdo o convenio al respecto.
Transparencia a medias
Fue el pasado 15 de abril que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (INAI) dio a conocer estos contratos ante la petición, no obstante los documentos aún se encuentran testados, es decir, tachados con negro para ocultar información.
Al respecto Claudia Ocaranza, coordinadora de periodismo en PODER LATAM, indicó que hasta ahora se logró tener los documentos, sin embargo están testados; “no es que sepamos más allá, pero si creemos que el tema de que haya cláusulas que no conocemos, como las de privilegios e inmunidades, los programas, los precios en los pagos, son un tope evidentemente, pues no sabemos hasta dónde están los alcances de la responsabilidad, si es que hay alguna”, aseguró.
“En la parte de las responsabilidades todo está testado, por ejemplo de la vacuna AstraZeneca, no sabemos en este momento la responsabilidad de la empresa en caso de estar defectuoso el producto”, señaló.
Aseguró que una de las razones por la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores marcó como confidencial o reservado por dos años todas estas cláusulas es que podrían poner en peligro la negociación del gobierno mexicano con esas empresas y con otras empresas para que siga negociando la compra de más vacunas.
“Es un tema de derecho de garantizar el acceso a la salud y a la vacuna, también es un tema de dinero público, al final el gobierno está comprando las vacunas, no las está regalando ninguna empresa y el dinero es de todos los contribuyentes para garantizar que tengamos las vacunas; es un tema de transparencia y también es un tema de que si conocemos más es más probable que haya menos desinformación, es probable que la gente se quiera vacunar, creo que sería un ganar ganar el que supiéramos cómo se firmó y por cuánto y bajo qué términos”, resaltó Ocaranza en entrevista para Expok.
Los contratos
En este sentido, sabemos que el contrato con AstraZeneca consta de 40 páginas, de las cuales 13 se encuentran tachadas y las dos últimas se encuentran en blanco, ésta ha sido una de las que más ha generado polémica por “raros casos” de trombos, es por ello que se resalta que los apartados “Producto defectuoso”, “Seguridad del producto”, “Retiro de Producto” y “Estudios de Gestión de Riesgos y Seguridad Posteriores al Lanzamiento” están testados total o parcialmente.
De acuerdo con Poder Latinoamérica, “llama la atención que en este acuerdo, firmado entre Jorge Alcocer y Greg Mueller, no aparezca o se haga referencia al acuerdo entre AstraZeneca y la Fundación Slim, que a finales del 2020 afirmó que también proveería de vacunas al país”.
El acuerdo para la adquisición de 34 millones 399 mil 950 dosis de Pfizer contiene 48 páginas pero 23 de estas están testadas y faltan los anexos, se hace a través de una sociedad en Holanda, contando que Pzifer es de y BioNTech es alemana, el convenio dicta que los impuestos los asume el comprador; como lo estipula el esquema fiscal para evitar impuestos de dichos países.
“El contrato de Pfizer se firmó el 12 de octubre de 2020 y especifica que los puntos de fabricación de la vacuna son Michigan (Estados Unidos), Bélgica y fábricas en Alemania. Tiene cláusulas anticorrupción en las que se afirma que no se han realizado pagos a funcionario/as para cerrar este acuerdo”, refiere la organización sin fines de lucro.
El documento también privilegia la confidencialidad empresarial ante la transparencia y el derecho a la salud, pues tiene testados los apartados “Privilegios o Inmunidades”, “Pruebas de calidad” y el cronograma de entregas.
Y por último está el contrato de CanSino Biologics Inc, que consta de 20 páginas, 9 testadas, sin anexos y con cobertura de 35 millones de dosis, cuya firma tuvo lugar el 8 de diciembre de 2020. Según el documento, Cansino Biologics desarrolló la materia prima y LATAM Pharma hizo la manufactura de la vacuna; LATAM eligió a un representante para completar la autorización de la vacuna, el cual no se da a conocer.
LATAM Pharma se adhirió a la NOM-059-SSA1-2015 “Buenas prácticas de fabricación de medicamentos” y es responsable de toda comunicación con el Gobierno de México; las secciones de “Responsabilidades e indemnización” y “Pago y precio” están testadas en el precontrato de compra de vacunas de Cansino, sólo se lee que el pago debe hacerse desde el presupuesto de gasto federal o a través de una subcuenta del INSABI en 2020 y 2021.
“Todas las partes acordaron confidencialidad para lo que dura el acuerdo y por 10 años después, y en caso de romperla, serían acreedores de una multa por 50,000 dólares por cada dato revelado, y tendrían que resarcir daños. Firman Xuefeng Yu, presidente y CEO de CanSino Biologics, Jorge Alcocer secretario de Salud y Jerome Piguet, director de LATAM Pharma Innovative Ventures” detalló PODER LATAM.
Un problema de rendición de cuentas: expertos
Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, aseguró que es grave la falta de información y sobre todo en un tema tan delicado como ha resultado la crisis sanitaria; es un problema, a pesar de que la industria farmacéutica esté trabajando bajo presión en condiciones muy particulares, tanto las condiciones que pusieron y que los gobiernos por alguna razón aceptaron.
“Hasta ahorita nos hemos enterado de cosas a través de filtraciones, de qué sirven las relaciones públicas sino podemos acceder a los costos y cómo se está ejerciendo, porque se trata recursos públicos, por mucho que las farmacéuticas se estén reservando para evitar posibles demandas por daños colaterales y que dadas las circunstancias los gobiernos aceptaron”, resaltó.
Añadió que “no hay nada como la apertura, no hay nada como la claridad, como la certeza y también la responsabilidad porque al final de la ruta al estar todo oculto pues nadie es responsable de nada, si llegaron o no llegaron las vacunas, si sirvieron o no sirvieron, si hubo daños colaterales, trombosis o si la gente no está reaccionando adecuadamente al tratamiento. Es importante exhibir que las farmacéuticas no han querido abrir esta información”, acusó.
Destacó que al ser recursos públicos tenemos derecho a saber, pues el marco normativo en México dice que todos los recursos públicos deben de hacerse públicos y las vacunas son un bien público, no tendría por qué reservarse información; “es un silencio cómplice que a todos conviene en esta circunstancia, las farmacéuticas dicen: yo no voy a negociar contigo si no cumples con todos esos requisitos y los gobiernos aceptan y le dicen a la sociedad pues no te puedo dar información porque si no pongo en peligro el que llegue a las vacunas”.
Y es que ante esa controversia, en enero pasado durante la conferencia matutina se cuestionó al Presidente de la República sobre la falta de transparencia, a lo que respondió que no se iba a reservar u ocultar ninguna información, “hay transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar” y aseguró que “a lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el gobierno”.
Mucio Israel Hernández Guerrero, ex comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), indicó que las empresas tienen gran responsabilidad en la falta de transparencia, “por el contrario deberían destacar por tener muy buenas prácticas empresariales, mostrar el impacto, detallar los costos, etc.”.
“Las propias empresas deberían de ejercer estos estándares de buena calidad y transparencia, proporcionar el test de sus propias vacunas y, finalmente, es una caja oscura porque no sabemos cómo está el mercado, a pesar de que éste se rige por leyes propias, está muy mal y sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia de orden mundial”, consideró.
Resaltó que los contratos son muy importantes y muy relevantes en el contexto de la pandemia, donde la salud de la población está en juego y más allá de cuánto dinero va a implicar vacunar a la sociedad, “las farmacéuticas deberían informar qué está pasando y cuánto dinero va a implicar, es totalmente su responsabilidad y decisión darlas a conocer”, destacó.
Incluso mencionó la necesidad de que gobierno y las empresas hicieran un mecanismo de transparencia, como una página web donde se comuniquen estas prácticas; “es una buena táctica, da certeza y da legitimidad al asunto de las acciones que se están haciendo, yo creo que por ahí debería de construirse un mecanismo porque lo que se juega es mucho; la salud de los mexicanos, además son recursos públicos y todo mundo debe tener acceso a esa información, que sepamos cómo se están tomando las decisiones y cuánto cuestan esas decisiones”.
En este sentido, es relevante mencionar que este problema de transparencia no sólo se ha visto en México, sino que es un tema mundial, y los expertos coincidieron en la necesidad de que organismos internacionales actúen y presionen a las empresas a transparentar totalmente el tema de las vacunas, pues es un tema que afecta los derechos humanos.
Amnistía Internacional resaltó en su informe “Las vacunas en las Américas: diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas” que la responsabilidad de las empresas va más allá del cumplimiento de la legislación y los reglamentos nacionales destinados a proteger los derechos humanos y comporta el respeto de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Ante la polémica, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha detallado en su conferencia matutina que se han pagado 15 mil 809 millones de pesos en los contratos de adquisición de 250 millones de vacunas con Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Covax, Sputnik, entre otros.
