Financiamiento CO2: ¿qué será del fondo verde?

México ha apostado su prestigio climático a una buena idea: el fondo verde de financiamiento internacional para la reducción de emisiones (mitigación) y adaptación al calentamiento global.

La propuesta mexicana, cándida en sus orígenes, tomó vida propia en Copenhague, donde los países desarrollados ofrecieron 30,000 millones de dólares anuales en forma inmediata al llamado Fondo Climático Verde de Copenhague –lo verde para beneplácito de México– cantidad que crecería hasta 100,000 millones en el 2020 con dineros oficiales y privados, incluyendo a los mercados de carbono. Fuera de esas generalidades, hay aún poca luz sobre este fondo, y es una pena, porque el tema es uno de los pilares de la COP16 y del proceso de negociación para un nuevo régimen posKyoto 2012. Las preguntas son torrenciales.

¿Se espera que los recursos se otorguen a fondo perdido? ¿A qué países? ¿Serán deuda o capital de riesgo? ¿Se otorgarán en condiciones concesionales o comerciales? ¿Las condiciones serán distintas para mitigación y adaptación? ¿Son para financiar compromisos de reducción neta de emisiones y/o para proyectos que compensen emisiones en países desarrollados y que se valoricen en el mercado de carbono, o sea, offsets como ocurre hoy con los bonos de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto? ¿Cómo se gestionarán? ¿Con la burocracia del Banco Mundial? ¿Cómo se asegurará que exista capacidad de identificación y preparación de proyectos pertinentes, de licitarlos, ejecutarlos y operarlos en países en vías de desarrollo? ¿Qué contexto de políticas nacionales se requieren para que los proyectos sean exitosos –regulaciones, subsidios, precios de energéticos, impuestos al carbono? ¿Cómo monitorear y verificar su desempeño financiero y climático? ¿Serán ejecutados por gobiernos centrales o federales, por gobiernos locales, por empresas o por alianzas público-privadas? ¿Cómo asegurar que sean proyectos eficientes, esto es, que tengan el mayor impacto posible en reducción de emisiones y que al mismo tiempo maximicen tasas de rentabilidad económica, social y ambiental? ¿Habrá un catálogo de proyectos aceptables por país y por región? ¿Se financiarán sólo proyectos o también programas de gobierno?

Muchos esperan que este fondo verde se nutra de aportaciones directas de gobiernos, o bien de un carbon tax internacional, de subastas de permisos de emisión (cap and trade), y/o de impuestos a la aviación y al transporte marítimo. Siendo así son previsibles dos cosas. La primera es que no sería suficiente para lograr los objetivos de estabilización del clima, dadas evidentes restricciones fiscales y políticas en los países desarrollados.

La segunda entonces es que gran parte del financiamiento deberá ser provisto por fuentes privadas y de mercado; por ello no serán gratuitos. Además, tampoco tienen que serlo (y probablemente ni deban serlo), en la medida en que los proyectos a financiar podrían ser rentables o al menos ser capaces de generar una considerable corriente de ingresos. Por ejemplo, proyectos de producción de electricidad con fuentes renovables, redes inteligentes de transmisión y distribución, sistemas de transporte público, esquemas de eficiencia energética y diversos proyectos forestales. Como este tipo de proyectos requiere muy frecuentemente tasas de interés bajas y plazos largos de amortización no habituales en los mercados financieros, será indispensable que la estructura operativa del fondo verde los propicie y asegure. Además, desde luego, que sea capaz de movilizar recursos privados en volúmenes muy superiores a los recursos oficiales que puedan comprometerse.

Luego, con el fin de ser suficiente y consecuente, el famoso fondo verde deberá apelar a capital privado que busque rendimientos fijos a largo plazo y con bajo riesgo, como es el caso de fondos de pensiones y de muchos inversionistas institucionales.

Para minimizar riesgos sistemáticos, el fondo verde deberá comprometerse en una cartera muy diversificada de proyectos, segmentada además en tramos de diferente calidad y riesgo. Deberá plantearse también un mecanismo de reserva y garantía para los inversionistas y contar con un buen aporte de capital pagado (cash) y un volumen mucho mayor de capital exigible.

Esto último no sólo para dar mayor seguridad, sino para apalancar la multiplicación de proyectos financiables. Igualmente, deberán pedirse garantías de participaciones o presupuestos federales en proyectos desarrollados por gobiernos locales.

Fuente: El Economista, Empresas y negocio, p. 32.
Articulista: Gabriel Quadri.
Publicada: 3 de diciembre 2010.