¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas?, ¿está limitada a sus procesos de producción, o se extiende hasta el post-consumo?, ¿integra de verdad buenas prácticas en su cadena de valor?, ¿cómo se aplica todo esto en la seguridad de sus trabajadores?
Aunque parezcan sencillas de responder, cada una de estas preguntas tiene implicaciones complejas que, a menudo, resultan más fáciles de resolver en la teoría que en la práctica.
Los accidentes ocurren; distintos fenómenos naturales se presentan sin que nadie los espere y los errores humanos tienen, en ocasiones, consecuencias catastróficas. Es por ello que conceptos como debida diligencia y fuerza mayor, entendidos correctamente, resultan especialmente relevantes en el proceso de acotar responsabilidades frente a un hecho.
Caso: Minera Vale
Son estos mismos conceptos los que sutilmente se posan sobre la mesa de discusión luego de lo acontecido, por ejemplo, en Brasil el pasado 25 de Enero; cuando colapsó una represa en una mina de mineral de hierro. El suceso reporta hasta el momento un total de 142 muertes confirmadas y la búsqueda de 194 desaparecidos.
Al principio, los bomberos centraban sus esperanzas de hallar sobrevivientes en un autobús, un tren, oficinas mineras y casas cercanas que quedaron sepultadas bajo el lodo. Sin embargo conforme los días pasan, la esperanza de encontrar sobrevivientes se marchita; se buscan solo cuerpos sin vida.
Minera Vale, S.A., dueña de la represa colapasada, es uno de los mayores productores mundiales de mineral de hierro. Siendo su territorio y su actividad comercial, la minera no ha podido evitar ser señalada tras el acontecimiento. Las revisiones son ineludibles frente a la necesidad de acotar responsabilidades.
Tras el acontecimiento, la Agencia Nacional de Minería ordenó a Vale la suspensión de sus operaciones en la mina de Corrego do Feijao, situada cerca de la ciudad de Brumadinho, en el estado minero de Minas Gerais, según un documento al que tuvo acceso Reuters.
Además, un juez estatal ordenó el congelamiento de 5,000 millones de reales (1,330 millones de dólares) de las cuentas de Vale. Esto con el objetivo de mantenerlos disponibles para ser destinados a pagar los daños, en caso necesario. Previo a ello, otra resolución había ordenado ya a la empresa congelar 1,000 millones de reales de sus cuentas.
La agencia medioambiental brasileña Ibama, por su parte, señaló a Vale como responsable de generar contaminación suficiente para dejar inhabitable la zona; y cometer otras violaciones regulatorias relacionadas con la tragedia. Cada una de ellas fue sancionada con 50 millones de reales.
A varios días del acontecimiento, la minera brasileña ha emitido una declaración de fuerza mayor en algunos contratos de mineral de hierro. Dicha declaración se da tras la mencionada suspensión de actividades situada en el estado minero de Minas Gerais; misma que afecta el 9% de la producción de la firma.
La suspensión abarca un total de ocho represas de relaves, e impacta directamente la producción de unas 30 millones de tonelada de mineral de hierro por año.
¿Qué es una declaración de fuerza mayor?
Fuerza mayor es un concepto que significa que la situación no pudo ser prevista o evitada, y por ende imposibilita absolutamente para el cumplimiento de una obligación. Es un término de mucha relevancia en el deslinde de responsabilidades y las consecuencias jurídicas. Esta declaración significaría entonces que la minera se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de lo ocurrido, bajo el argumento de que el acontecimiento no pudo ser evitado o prevenido.
La pregunta neurálgica es si estamos ante un caso de fuerza mayor o ante una falla de debida diligencia.
Debida diligencia se entiende como el proceso mediante el cual una empresa o cualquier otra entidad, investiga y considera todas las posibilidades antes de tomar una decisión relevante. En una mina, por ejemplo, debe pensar en todas las situaciones posibles y hasta poco probables que pudieran poner en riesgo al personal.
El anuncio de fuerza mayor por parte de Vale, se conoce justo cuando las preguntas comienzan a surgir. ¿Se podría haber hecho más para prevenir el desastre de Brumadinho?
La firma alemana TUV SUD, que revisó la represa el pasado mes de agosto, certificó la solidez de la misma, ya que no mostró fallas estructurales. Sin embargo realizó un total de 17 recomendaciones para mejorar la estabilidad de la estructura.
Además, se dijo que la represa se ajustaba a los requerimientos legales mínimos de estabilidad. ¿Son las regulaciones suficientemente estrictas en términos estructurales, o hace falta una revisión profunda que obligue a las mineras a garantizar la seguridad de sus trabajadores?
En este último caso, sería necesario hablar de debida diligencia; un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias específicas. La prueba ácida es: en el caso de las mineras, ¿qué tan responsable es limitarse al cumplimiento de la legislación vigente?
El número de vidas en riesgo, no solo justifica, sino que obliga a las empresas a ir tan lejos como sea posible para garantiza la seguridad, no solo de sus propios trabajadores, sino de los habitantes de zonas aledañas y la población flotante.
Consecuencias
Hasta ahora las acciones de la minera no se han visto afectadas. Cerraron casi sin cambios el martes, a 44.68 reales, luego de que perdieron 15% durante enero.
Los precios del mineral de hierro se han disparado a un nivel que no se había visto en casi dos años. La industria está expectante. Aún no se recuperan del colapso de otra represa en 2015; aquel terminó con la vida de 19 personas y constituyó el desastre ambiental más grande en la historia de Brasil.
Este segundo colapso, es ya el más letal en la historia del país por el número de vidas humanas que ha cobrado hasta el momento, y podría significar enormes cambios en la industria.
Gestionando riesgos tras la tragedia
Como diría un popular dicho mexicano: Una vez ahogado el niño… quieren tapar todos los pozos.
En medio de los procesos derivados de la tragedia de la represa en Brumadinho, Minera Vale ha ordenado la evacuación de una segunda represa en Gongo Soco. Esto luego de que la consultora Walm no emitiera el certificado de solidez estructural que garantizara la seguridad de la infraestructura.
Unas 500 personas fueron evacuadas, mientras la minera intensifica las inspecciones en la zona, instala equipos para detectar vibraciones y convoca expertos internacionales para evaluar la situación.
Alrededor de 500 habitantes de la ciudad de Barão dos Cocais, donde está situada la represa, fueron trasladados a un gimnasio cercano como medida de seguridad.
Vale dijo en un comunicado que adoptaría las medidas necesarias, aunque precisó que las recientes inspecciones de las autoridades locales no detectaron problemas.
Así, muchas preguntas continúan en el aire. ¿Quién pudo hacer más?, ¿se adoptarán desde el gobierno regulaciones más estrictas para el sector?, ¿es responsabilidad de las empresas ir más lejos y no limitarse a la regulación vigente?, ¿estamos realmente frente a un caso de fuerza mayor?, ¿cuánto dinero hay y habrá detrás de todo este caso?, ¿evitará que la verdad y la justicia salgan a flote?
Fuerza mayor o no, lo cierto es que cualquier compañía, especialmente en sectores de alto riesgo, adquiere un compromiso con sus colaboradores y sus familias. Deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido no elimina dicho compromiso. La minera debe responder, señalar e implementar nuevas líneas de acción que evitarán que esta tragedia se repita, y sobre todo, acercarse a los grupos de interés para reparar el daño. Estando frente a la muerte, dicho acercamiento no se trata de legalidad, sino de principio humano.
