Por: Emilio Guerra Díaz
¡Guau, qué bien hacen su trabajo los diputados federales ! Ahora podrían reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para entre otros objetivos, vigilar las donaciones que reciben tanto las iglesias como las organizaciones sin fines de lucro. Qué bien así se sentirán seguros de que estas “peligrosas instituciones” no reciban recursos del narcotráfico. Algunos aplaudirán la medida y no advertirán mi sarcasmo porque rezarán la sentencia que se repite a menudo: “a estas organizaciones nadie las vigila”. Otros más aplaudirán con emoción porque “pueden prestarse a lavar dinero”.
Seguramente, el proceso de lavado de dinero no es bien comprendido por muchos legisladores e incluso por la ciudadanía en general. Quien pretende “lavar” dinero de una actividad ilícita, busca crear una lícita para recuperar su dinero. Por ello abren nuevas empresas lucrativas o dirigen su dinero a fortalecer las existentes y que se presten a ello. La moneda de cambio por lo general es el dólar en billetes de baja denominación.
Quien piensa que se destinan recursos a una organización de la sociedad civil (OSC) para lavar dinero no comprende el régimen de la economía no lucrativa ni mucho menos conoce la forma de operar y el marco legal de cuando menos el sector filantrópico que imposibilita que dinero “sucio” entre a ellas y los mafiosos lo recuperen íntegramente. En todo caso si un traficante dona una cantidad, sí quiere significativa, la pregunta es ¿Cómo recupera su dinero? Podrá en todo caso buscar lavar culpas, pero eso es todo.
Al respecto el periódico La Jornada, en su edición del 14 de agosto, señaló “el año pasado se dio a conocer que en Pachuca, Hidalgo, conocido narcotraficante financió la construcción de un templo católico”. La pregunta es ¿Y con ello, cómo pudo recuperar la inversión que hizo? ¿En qué parte del proceso le regresó su dinero? Suena ilógico.
El peor de los colmos es que nuestros legisladores se ponen “rudos” con el sector filantrópico y las iglesias, pero no ven la paja en el propio ojo. El dictamen de ley estipula entre otras cosas que se podrán fiscalizar recursos que reciben tanto las iglesias como las instituciones sin fines de lucro que brindan servicios a terceros. Ah, pero que cree usted, la Ley no contempla incluir en estas medidas ni a partidos políticos ni a sindicatos. Siguen siendo intocables pese a sospechas de que candidatos puedan estar coludidos con el narco.
Adicionalmente, es probable que se legisle en torno a que los diputados estiman que es necesario que toda OSC que reciba una donación mayor de 200 mil pesos habrá informarlo de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Vale la pena recordar al lector que los partidos políticos reciben muchísimos recursos públicos y tienen menos controles que las organizaciones filantrópicas. Es tal la desproporción que indigna. Los partidos se han vuelto empleadores de la burocracia desterrada de las instituciones públicas y son fuente de nuevos clanes patricios para aspirantes a cargos de elección popular. Desde el presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral como a los partidos es desorbitante, y más, en año de elecciones federales. Bien, los legisladores por ahorrarse trabajo en atacar las causas de los problemas se van a los efectos y burocratizan lo que otrora era sencillo.
La SHCP dispuso hace algunos años una disposición donde las OSC del sector filantrópico deben cumplir con prácticas de transparencia, la cual obliga que hacia finales de año una donataria autorizada informe sobre el origen de las donaciones, monto y en su caso, a la institución a la que se dirigieron donaciones. Esta información es pública y puede accederse en la página del SAT. De no hacerlo, la asociación puede perder su estatus de donataria autorizada.
De esta manera a las fundaciones empresariales y los donantes en general se les pone otro obstáculo cuando decidan financiar algún proyecto cuya inversión demande más de esa cantidad.
Sería estupendo que los legisladores comprendieran de una vez el aporte que hacen las organizaciones civiles y trabajasen por alentar el crecimiento del sector y la asignación mayores recursos públicos disminuyendo el gasto que se hace con los partidos políticos. Durante la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática presentó los datos que arroja la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL). En este reporte se muestra el valor económico de la actividad de estas organizaciones. Tan solo dos datos son contundentes: El valor del PIB de las ISFL es de 266 mil 899 millones de pesos, cantidad que equivale al PIB de Baja California Sur, Colima, Nayarit y Tlaxcala; El valor de los bienes y servicios de las ISFL representa el 1.96% del PIB nacional.
Organizaciones civiles como las filantrópicas, que generan servicios públicos adicionales a los que ofrece el gobierno y la iniciativa privada, que generan empleos y que alientan la participación ciudadana organizada, en muchos casos como voluntarios, no cuentan con el apoyo suficiente del Estado. Son instituciones que generan valor y no son reconocidas.
En la presentación de esta cuenta satélite se expresó que el ejercicio de análisis del aporte de las ISFL será anual, de tal manera podremos contar con datos sobre el aporte ciudadano. Mientras tanto otro dato valioso que arroja este estudio es que la aportación de trabajo voluntario en México equivale a 28 mil 260 millones de pesos; lo que representa el 0.24% del PIB nacional.
Creo firmemente que el sector filantrópico tiene la voluntad y capacidad de cumplir con las reformas que se contemplan a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero valdría la pena incluir a los partidos políticos y a sindicatos. Pero también se debería incrementar los recursos públicos para las actividades de las organizaciones civiles.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
