Como resultado de la política neoliberal emprendida a mediados de los años ochenta, en México se planteó la necesidad de fortalecer a las empresas públicas con el objeto de que se convirtieran en modelos de eficiencia, cumplieran con el propósito para el cual fueron creadas y se apegaran más estrictamente a las normas que las rigen.
Esta necesidad de cambio dio origen a un profundo proceso de desregulación y desincorporación de entidades, así como a privatizaciones y adelgazamiento de la estructura gubernamental en áreas que no se consideraban prioritarias ni propiamente inherentes a la función del Estado; es por ello que a inicios de los noventas, se transfirieron activos estatales a los particulares con la meta de reducir significativamente el número de empresas públicas. Tan sólo en el año 1982 había aproximadamente 1,200 empresas públicas y entidades paraestatales; hoy no suman más de 200.
Las empresas públicas y entidades paraestatales tienen un peso económico y un impacto social importante en el país. Organismos como Financiera Rural, la Comisión Federal de Electricidad, y Petróleos Mexicanos; así como los institutos nacionales de salud e instituciones de fomento social como el IMSS, el ISSSTE, Infonavit, entre otras, nos hablan de la relevancia que tienen en el crecimiento económico y en el bienestar de la población. El componente político en la administración de estos organismos debe ser compensado con buenas prácticas de gobierno corporativo.
En el año de 2005 fueron publicados los “Lineamientos de Gobierno Corporativo para empresas propiedad de Estado” por la OCDE, los cuales pretenden que se apliquen practicas de Gobierno Corporativo a todas las organizaciones del Estado, lo cual ayudaría a agregarles valor en términos de transparencia, confianza y credibilidad.
Este documento, que hace énfasis en que se tiene la falsa premisa de que el gobierno corporativo es aplicable sólo para empresas privadas que cotizan en Bolsa, busca asegurar que las empresas estatales cuenten con un campo de acción a través de una clara separación del Estado como propietario y del papel de entidad reguladora, así como permitir una mayor flexibilidad en las estructuras de capital, y reducir la interferencia política dentro de la administración de las entidades oficiales, mediante la nominación de consejeros, de forma transparente basada en competencias y habilidades.
Implementar un modelo de gobierno corporativo en las instituciones del sector público, significa adoptar una verdadera modernización administrativa en la organización, en la cual el Consejo de Administración o Junta de Gobierno se enfoque en la parte totalmente estratégica de la institución y no en la operativa. El Consejo o Junta de Gobierno no debe perder de vista que es la representante de la sociedad y debe fungir como accionista primario de los activos y destinos de la entidad pública. La actuación de este órgano debe ser en función del interés público en todo momento.
El Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo -que señala que la incorporación de prácticas de gobierno corporativo en la gestión del sector público cambia perceptiblemente su imagen para proyectarse como una administración sólida por su eficacia y transparencia-, cita en su libro “Gobierno Corporativo en Entidades Paraestatales” el caso de Reino Unido, en donde el Consejo de Administración de cada organización del sector público, reporta al primer ministro, quien a su vez rinde cuentas de su gestión al Parlamento de forma jerárquica lineal y ascendente, a diferencia de la división de poderes en México que estipula igualdad de condiciones para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De igual forma, destacan como modelo ejemplar de gobierno corporativo en el sector público de México Infonavit y a Nacional Financiera, que se apoyan en comités que crean valor al Consejo de Administración de ambas instituciones.
El deber de las instituciones del sector público es actuar, en lo ordinario, con sujeción al interés público que exige resultados, con independencia de la ideología de quienes están en el gobierno en sus más altas jerarquías. La ciudadanía –en su papel de propietaria, parte interesada o usuaria de los servicios que prestan las empresas públicas o entidades paraestatales- exige calidad, confiabilidad, eficiencia, y honestidad en las empresas del Estado.
El gobierno corporativo en entidades públicas constituye un mecanismo para asegurar un esquema sostenido de la actuación del sector público, en el cual la gestión de estas instituciones sea predecible, legal y garantice un proceder tranparente y correcto en función del interés público.
*Coordinador de Análisis e Investigación del Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa. Universidad Anáhuac México Norte.
Fuente: Eluniversal.com.mx
Por: Alejandro Guerrero Monroy*
Publicada: 5 de octubre de 2011.
