Trump insiste en seguir ignorando el cambio climático y esto lo demuestra en la propuesta que recientemente presentó donde deja en manos de los estados las limitaciones a las emisiones de dióxido de carbono y reemplaza la exigente legislación medioambiental de Barack Obama.
Dicha norma tiene como objetivo reducir los costos energéticos en los que incurren las empresas debido al Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) implantado por la anterior Administración que tenía por objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
La actual regulación, llamada plan de Energía Limpia Asequible (ACE, por sus siglas en inglés), prevé reducir en 400 millones de dólares al año “la carga” que tiene que soportar la industria local debido a la anterior normativa, según informó hoy la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El plan de Energía Limpia Asequible prevé reducir en 400 millones de dólares al año.
Se trata de una propuesta que entra en vigor por el decreto de Trump y tiene como riesgo ser bloqueada en el Tribunal Supremo en caso de que se presente la pertinente demanda, tal y como de hecho le pasó a la CPP de Obama.
Cabe mencionar que el administrador de la EPA, Andrew Wheeler, aseguró que la nueva normativa permitirá a los consumidores ahorrar dinero y a los trabajadores mantener sus puestos, al tiempo que se protege el medioambiente.
Datos de algunas personas allegadas a la EPA, dicen que esta nueva regulación permitirá reducir los costos energéticos de las industrias entre un 0,2 y un 0,5 % de aquí en 2025.
Por su parte, el propio mandatario de Estados Unidos dijo en octubre del año pasado una afirmación que puso en alerta a diversos legisladores y movimientos sociales por considerar que semejante acción tendría un gran impacto negativo en el medioambiente.
Sin embargo, según aseguraron hoy desde la EPA, la nueva normativa reducirá en última instancia las emisiones de CO2 previstas para 2030 en trono a un 1,5 % gracias a “una mejora de la eficiencia” en la producción industrial.
Serán tres años los que el gobierno dará a los estados para establecer sus propios estándares para la regulación del uso del carbón y que deberá, a continuación ser aprobado por la EPA en un año. En caso de no ser aprobada la propuesta estatal, el Gobierno federal podrá implantar su propia normativa.
“Pero seamos claros, no existe mínimos; no existe ningún limite que un estado pueda superar”, sostuvo un funcionario de la EPA presente en la teleconferencia.
